Son los abogados de los llamados grupos «provida», que luego de su aprobación el pasado 30 de diciembre, fueron por la vía judicial para impedir su aplicación, pero tuvieron su primer revés cuando el juez federal, Julio Bavio habilitó la feria judicial para rechazar un recurso colectivo interpuesto, entre otros, por la exsenadora nacional María Cristina Fiore Viñuales.

«No ha lugar por improcedente», sostuvo en su escrito el titular del Juzgado Federal Nº 1 de Salta, Julio Leonardo Bavio.

La abogada Marisa Herrera, especialista en Derecho de Familia y miembro del equipo que redactó el nuevo Código Civil, destacó la importancia de ese fallo: «Si bien los argumentos del juez salteño fueron muy escuetos, focalizados en cuestiones procesales, destaco que la intención de voltear el Protocolo Nacional y su aplicación, no tuvo cabida en el Poder Judicial salteño «, afirmó.

Además, Herrera señaló que el planteo judicial lleva el acompañamiento letrado de tres hombres (Vanossi, Bianchi y Barra) «que en mi opinión, forman parte del derecho constitucional patriarcal, de una doctrina constitucional perimida, conservadora y atrasada».

La judicialización de la norma

Para Bustamente, la estrategia de judicializar la ley impulsada por sus opositores «carece de lógica, siendo una de las leyes más debatidas en la historia de nuestro país, en las calles, en las aulas y que cumple con todos los tratados y convenciones a las que este país suscribió en materia de derechos humanos».

Desde el Equipo Latinoamericano de Justicia Y Género (ELA), Natalia Gherardi afirmó que la entrada en vigencia de la ley «es el comienzo de un nuevo paradigma, sabemos que los esfuerzos de los grupos opositores estarán dirigidos a tratar de obstruir la práctica. En algunos casos, esos esfuerzos tratarán de contar con los tribunales de justicia. Pero veremos que los argumentos están de nuestro lado y por eso serán rechazados», anticipó.

La iniciativa

Cien años después de que la segunda reforma del Código Penal, en 1921, estableciera las causas en que la interrupción del embarazo está autorizada, y luego de que en 2018 quedara trunco el primer proyecto que alcanzó el debate parlamentario, el Senado terminó convirtiendo en ley la iniciativa enviada al Congreso por el presidente Fernández.

Fuente: Télam