El defensor de los jubilados, Eugenio Semino dijo que una vez publicado el decreto, pedirá la inconstitucionalidad. Según él, los cambios introducidos por Alberto Fernández generan regresividad en el sistema. El planteo se centrará en el reciente fallo del juez federal, Julio Bavio.
En diciembre había sido suspendida la ley de movilidad jubilatoria que se votó durante el macrismo y el viernes el Gobierno anunció un aumento a los jubilados que constaría de un 2,3% más una suma fija de $1500 pesos.
Si bien los beneficiarios que cobran la mínima obtendrán una cifra mayor al 11,56% que le aseguraba la norma anterior, a medida que se va avanzando en la pirámide la situación distinta. Por ejemplo, para los que cobran 20 mil pesos esto significa un incremento del 9,8%, es decir, casi dos puntos porcentuales por debajo de lo que les hubiese correspondido.
Uno de los primeros en reaccionar contra el anuncio de Alberto Fernández y Alejandro Vanoli fue el defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, quien adelantó que irá a la Justicia para pedir la inconstitucionalidad de las modificaciones.
«Esto genera zozobra en un sector que viene muy golpeado. El sector de adultos mayores, jubilados, pensionados y discapacitados», aseguró llo de Semino en diálogo con Radio Con Vos. Además, explicó: «A fines de 2017 les robaron directamente a través del llamado empalme, la actualización de un trimestre, que son alrededor de 6 puntos, y eso está en la Corte Suprema. En los años 2018 – 2019 los haberes perdieron el 19,5% en relación con la inflación nivel general. Con lo cual, lo que se esperaba era evitar seguir con esa curva descendiente que tanto daño ha generado.
Había una circunstancia particular: la ley suspendida que había dado tan malos resultados como se señalaba, al menos tenía una cierta base de recomposición. En el primer semestre, con los índices que había generado (11,56% para marzo y el 15% aproximadamente para junio, ya que reajusta sobre la inflación del segundo semestre) iba a otorgar por lo menos llegar a un 27% en el semestre y se podía parar la caída». En ese sentido, señaló: «Suponer que el de 20 mil pesos tiene que recibir $352 menos que lo que le correspondía para ser solidario con el de 14 mil me parece kafkiano».
En cuanto a las medidas a seguir, Semino indicó: «Vamos a plantear, con el patrocinio de Andrés Gil Domínguez, la inconstitucionalidad de toda la medida. Vamos a tratar de ir a una cautelar para que se sigan aplicando por lo menos durante el período de suspensión los índices devengados». Y advirtió: «De no concederse la cautelar vamos a pedir el per sáltum para que la Corte defina». Durante la entrevista, el defensor de la Tercera Edad citó una serie de argumentos jurídicos que, según su visión, favorecen el reclamo, pero puntualizó en uno en particular: «La Convención Interamericana de Defensa de los Derechos Humanos de las Personas Mayores que se firma en Washington en 2015 fue impulsada por el Estado argentino, inclusive por muchos de los funcionarios de aquel momentos que son funcionarios actuales y están al borde de violarla».
Respecto de este acuerdo internacional, sostuvo: «En el artículo 26 los estados tratantes se comprometen a la no regresividad de los derechos del adulto mayor. Y eso es ley de la Nación desde 2017 (27.312) y ese artículo 26 fue tomado por el juez de un juzgado federal de Salta en un juicio de reajuste. Este va a ser el planteo central. Por una cuestión similar fue condenado el Estado peruano por la Corte Interamericana de DDHH, dada la regresividad».
También se refirió al achatamiento de la pirámide jubilatoria: «Ya lo vivimos entre diciembre de 2001 y diciembre de 2006, hasta que fue el fallo por el caso Badaro. Se habían congelado las de 1000 pesos y avanzaron progresivamente las de $200 y la pirámide se convirtió en una meseta. La Corte dijo que tenía que haber una ley con un sistema de aplicación automática y ese es uno de los criterios que se rompe».
Fuente: Perfil