Los principales ejes del proyecto de ley libertario, hecho a medida de los intereses privados y extranjeros, buscan reformar el marco normativo vigente. Por un lado, la Ley de Manejo del Fuego Nº 26.815, sancionada en 2012 y modificada en 2020, establece la prohibición de cambiar el uso y destino del suelo de zonas incendiadas (sean fuegos accidentales o intencionales), principalmente durante 60 años en los casos de bosques nativos y áreas naturales protegidas y humedales. Por otro lado, y clave en la agenda del Gobierno, la Ley de Tierras Rurales Nº 26.737 establece límites en la propiedad de tierras nacionales en manos extranjeras, tratándose en la mayoría de los casos de mega corporaciones y magnates del exterior.
Matías Oberlin es Doctor en Historia (FFyL-UBA), Magíster en Estudios Culturales de América Latina (FFyL-UBA) y fue uno de los destacados oradores en la Comisión de Ciencia y Tecnología a propósito del proyecto de ley, donde denunció que el mismo “atenta contra la soberanía nacional”. Además, a fines del año pasado su trabajo ganó visibilidad cuando compartió el “Mapa de la extranjerización de tierras en Argentina”, que detalla de manera clara y gráfica las 13 millones de hectáreas en manos extranjeras. En diálogo con El Grito del Sur, el especialista compartió los principales peligros que esta nueva normativa representa para el país y sus intereses.
“El proyecto tiene cuatro puntos clave: el primero vinculado a erosionar las capacidades para declarar de utilidad pública algo por parte del Estado, el segundo vinculado a los desalojos exprés, el tercero vinculado a la Ley de Manejo del Fuego, y el último y más fundamental busca derogar el corazón de la Ley de Tierras. Es por esto último que sostenemos que se trata de una ley de extranjerización de nuestro territorio”, resumió Oberlin.
En este mismo sentido, destacó la “obscenidad” de la forma en la que el Gobierno pretende modificar la ley. “En un solo artículo deroga un conjunto de artículos que son todos los que fijan límites de la Ley de Tierras”, señaló. Actualmente, la legislación establece que hasta el 15% del territorio nacional puede pertenecer a ciudadanos extranjeros. Además pone restricciones en casos de tierras ribereñas o con espejos de agua, tierras con más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo. El proyecto de Milei pretende borrar cualquier tipo de límites a la extranjerización de la tierra.
A pesar de que cuenta con el apoyo de varios senadores, las provincias están al borde sufrir consecuencias irreversibles en materia demográfica, hídrica y de soberanía. En ese marco, Oberlín advirtió que el proceso de extranjerización “va a hacer crecer los costos inmobiliarios, los costos rurales, va a generar migraciones, más conflictividad rural y presión sobre tierras fronterizas”.
Al mismo tiempo, puso en duda la capacidad de las provincias para poner límites a grandes corporaciones. “El Gobierno intenta disfrazarlo como que le entrega a las provincias la potestad de fijar ese límite y es ridículo porque estamos hablando de grandes fondos como BlackRock. Es como decirle a un ratón y a un león: ‘ Métanse en esta jaula, que tienen los mismos derechos’”, remató.
Otro punto clave del proyecto es la tierra fronteriza. La Argentina tiene un perímetro de fronteras internacionales en su porción continental americana de aproximadamente 9.376 kilómetros de límites terrestres con sus países vecinos. Un elemento sensible para la soberanía del país que también se pone en jaque con este proyecto de ley. Matías Oberlín advirtió que “deroga un artículo de una Ley de Seguridad de Frontera del año 1944”, cuyo corazón apunta principalmente a que estas tierras permanezcan bajo propiedad de ciudadanos argentinos. “Con esta ley habilitan la compraventa de tierras en zonas de frontera absolutamente”, concluyó.
La otra cara de la ley: el narcotráfico
Por último, Oberlin alertó sobre otro peligro que guarda la desregulación en tierras fronterizas. “Son tierras sumamente sensibles y muy codiciadas por grupos que se dedican al crimen organizado, al narcotráfico, a la trata, con lo cual van a crecer los índices de violencia e inseguridad”.
Otro de los oradores que tomó trascendencia en los debates en comisiones fue Marcelo Bergman, Doctor en Sociología por la Universidad de California en San Diego y director del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF). “Argentina tiene fronteras muy porosas, muy amplias y muy difíciles de patrullar”, resaltó y alertó que en la actualidad el país se ha convertido en un “país de tránsito en el narcotráfico internacional”.
“Para darles un ejemplo, si el PCC, el Primer Comando de la Capital, que es el gran narco de San Pablo y de Brasil en general, quisiera adquirir territorios en Misiones, en zona de frontera, para pasar droga desde Paraguay a Argentina, con esta ley consigue varios testaferros y adquieren esas tierras. Hay que ser cuidadosos, no vaya a ser cosa que dentro de 10 o 15 años nos agarremos la cabeza diciendo qué hicimos al permitir la apropiación de tierras por parte de organizaciones criminales que no solamente trafican drogas, sino que se dedican a la minería ilegal y al contrabando”, planteó.
La iniciativa impulsada por el gobierno de Javier Milei no representa únicamente un cambio normativo, sino una reforma estructural que afecta varios puntos claves para el país. Desde la pérdida de soberanía territorial sobre recursos hídricos y ambientales estratégicos frente a mega corporaciones extranjeras, pasando por el encarecimiento inmobiliario y la conflictividad social rural, hasta el riesgo de abrir las fronteras al asentamiento directo del crimen organizado y el narcotráfico. Aunque el oficialismo buscaba tratar el proyecto en la sesión del pasado 16 de julio en el Senado, la oposición logró postergar el debate hasta el próximo 6 de agosto.
Fuente: Grito del Sur
