Se busca que llegue información en las lenguas indígenas y de forma adaptada para que pueda implementarse la IVE con todos los protocolos. A dos años de la promulgación de la Ley 27.610 de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), esta práctica se extendió significativamente a lo largo del territorio nacional. Sin embargo, aún existen desafíos en la implementación de la normativa que contemplen las distintas realidades de las personas que abortan. En este marco, un proyecto en el que mujeres y personas gestantes de distintas comunidades indígenas son protagonistas busca garantizar el acceso de esta población a información adaptada y a la práctica de interrumpir el embarazo. Por Agencia Presentes.

Se trata de una iniciativa impulsada por la organización Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) que comenzó en 2019 en asociación con mujeres y disidencias sexuales indígenas y campesinas, organizadas en 10 provincias. Forma parte del proyecto “Feminismos: mujeres indígenas, campesinas y afrodescendientes por el derecho al aborto y los derechos sexuales y (no) reproductivos en Argentina”.

A través de ella, se realizan capacitaciones, acciones de incidencia, encuentros, producción colaborativa de materiales gráficos y sonoros en lengua originaria de pueblos wichí, chorote, guaraní, qom y mapuzungun.

Veróniza Azpiroz Cleñán es una politóloga mapuche que vive en la localidad de Los Toldos, en la provincia de Buenos Aires, y pertenece a la comunidad rural Epu Lafken. Además, es doctoranda en Salud Colectiva de la Universidad Nacional de Lanús y fue una de las coordinadoras locales del proyecto de CDD.

Salud y lenguas nativas

Para ella, la propuesta no solo sirve para derribar una barrera en el acceso al sistema de salud público, sino también como «herramienta de revitalización lingüística para las mujeres que estamos recuperando el mazunugun» (la lengua mapuche).

«Si bien el mapuzungun está en estado de retracción, sigue vigente y en muchos territorios se sigue hablando como lengua prioritaria. Entonces es una barrera de acceso al sistema público de salud donde generalmente las o los médicos, biomédicos, no hablan la lengua materna y es una dificultad sobre todo en la primera etapa de entrevista, de petición o de la práctica», explicó Verónica.

Ante la pérdida de la lengua en algunos lugares, Azpiroz Cleñán contó que muchas mujeres mapuche buscan revitalizarla. En este sentido, la iniciativa de CDD junto con la comunidad de Epu Lafken convocó a lideresas mapuche, hablantes nativas del Mapuzungun y recuperantes o neohablantes para realizar el trabajo.

Los talleres virtuales contaron con la intervención de mujeres de distintas identidades territoriales en el Pwelmapu (territorio histórico mapuche del este de la cordillera de los Andes). De esta forma lograron la adaptación de los protocolos para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción voluntaria y legal del embarazo y de personas víctimas de violaciones sexuales del Ministerio de Salud de la Nación.

El producto de esta iniciativa local fueron 11 audios que sintetizan los protocolos y pueden ser utilizados como materiales para formación o para radios comunitarias. Además, adaptaron los Consentimientos Informados -instrumentos obligatorios dentro de la historia clínica- para la Interrupción Legal y Voluntaria del embarazo, así como para el acceso a la Anticoncepción Quirúrgica. Y, finalmente, realizaron 4 videos cortos sobre violencia sexual e IVE.

Llegar a todas las provincias

Hasta septiembre de 2022, se habían realizado ese año un total de 59.267 prácticas de interrupciones voluntarias y legales del embarazo (IVE/ILE). La mayor concentración se dio en la provincia de Buenos Aires (22.665), seguida de la capital porteña (7.007), Santa Fe (4.362), Tucumán (3.613), Salta (2.799) y Córdoba (2.459). Los datos surgen del informe anual 2022 “ImplementAR IVE-ILE”.

En tanto, 1.443 efectores del sistema de salud público informaron que realizaron interrupciones del embarazo desde enero hasta septiembre de 2022. Esto es un 59,8% más del 2020, cuando fueron 903 efectores, y un 7,5 % más que en 2021 (1342 efectores).

Las provincias con un mayor número de efectores que realizaron la práctica fueron Buenos Aires (482) y Santa Fe (171). Mientras, las que registraron menos efectores fueron Tierra del Fuego (8), Santiago del Estero (9), Chaco (9), Santa Cruz (11), Mendoza (13), San Juan (14), Catamarca (15) y Corrientes (20).

«Todas las provincias, incluso San Juan y Corrientes que son las que tienen menos cantidad de servicios y más dificultades de acceso, también han avanzado respecto de fines del 2020», comentó a Presentes Valeria Isla, directora de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación.

El campo y la ciudad

Para Isla, aún existen «diferencias entre las ciudades y el resto del territorio de las provincias» en el acceso a la interrupción de embarazos. En específico sobre las poblaciones indígenas y rurales, la directora sostuvo que «hay más dificultades de acceso» a la práctica.

«Por un lado, por la oferta de los equipos de salud. Por otro, a veces por el estigma de la misma comunidad hacia las mujeres que requieren acceder a este derecho. También con las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual o violaciones en general -no solo en esta población- hay dificultades, por eso llegan más tarde al sistema de salud», explicó Isla.

En este sentido destacó el proyecto «Rodando derechos: fortalecimiento de equipos de salud en las provincias argentinas» de Católicas por el Derecho a Decidir con el apoyo de la Embajada de Canadá. «En la provincia de Formosa, donde había pocos centros de salud que hacían la IVE se recorrió toda la provincia de la mano de las obstetras, de psicólogas, trabajadoras sociales, médicas generalistas. Hoy son más de 30 centros de salud en toda la provincia que garantizan IVE con medicamentos», dijo la directora nacional de Salud Sexual y Reproductiva.

Sobre los desafíos de implementación de la Ley que garantiza la interrupción voluntaria del embarazo, Isla enumeró: «aumentar los equipos de salud que garantizan la práctica, seguir sosteniendo la distribución de medicación, de insumos y difusión en población. También seguir capacitando para reducir las brechas de desigualdad en el acceso y mejorar la calidad de todo el proceso de atención».

Fuente: anred.org