Un informe reservado da cuenta de 1.280 detenidos en todo el país con afecciones que se podrían agravar en caso de contraer coronavirus. Salta le sigue a los penales federales de la provincia de Buenos Aires y CABA en cantidad de presos en riesgo. Casación ordenó atender las excarcelaciones si corresponde. Báez, Lanatta, Etchecolatz y Schillacci, son ejemplos.
Un delicado informe reservado fue elevado por el Servicio Penitenciario Federal respecto de la situación de las personas privadas de la libertad que se encuentran dentro de los grupos de riesgo ante el eventual contagio de coronavirus. La cuestión penitenciaria respecto de la pandemia es monitoreada desde hace algunos días con preocupación por el Gobierno, tal como informó Ámbito Financiero, por ser un posible foco de propagación.
Más allá de los motines que se generaron en cárceles dependientes de las provincias de Buenos Aires y Santa Fe con reclamos de mejores condiciones para enfrentar la crisis sanitaria –con un saldo sangriento de al menos cinco muertes-, el escenario obligará a tribunales a adoptar definiciones. La Cámara Federal de Casación Penal tiene un aluvión de pedidos respecto a morigerar condiciones de detención, pero una dotación de guardia, decretada por la feria extraordinaria. Desde el cuarto piso del Palacio de Tribunales también observan el panorama que se está configurando y podría ser problemático. Ese paquete de resoluciones nada tendría que ver con los denominados “presos K” que han acumulado planteos para el cese de preventivas, que se han reforzado con el inicio de las medidas preventivas ante la pandemia.
Además de los incidentes en Santa Fe, durante la jornada del lunes se registraron disturbios en dos cárceles bonaerenses: la Unidad 54 Florencio Varela y en la Alcaidía de Batán.
De acuerdo al informe reservado que fue confeccionado por el Departamento de Estadísticas, Censo e Investigación Operativa del SPF existe un universo de 1280 detenidos que podrían ser potencialmente afectados por el virus. Las autoridades clasificaron su situación entre procesados con prisión preventiva y condenados, pero a fines sanitarios, lo único relevante es si integran o no los grupos de riesgo. El detalle que elevó el SPF incluye 5 mujeres embarazadas, 206 detenidos con antecedentes de EPOC o Asma, 265 con diabetes, 83 que tienen insuficiencia cardíaca, 5 con insuficiencia renal crónica, 43 inmunodeprimidos, 232 portadores de HIV, 31 presos bajo tratamiento por tuberculosis, 29 con Hepatitis B y C, y alrededor de 197 internos de los penales federales que registran otra condición de riesgo. A su vez, quienes tienen más de una patología son 76, y los que solamente exceden los 60 años y por ello podrían configurar una población vulnerable son 108. Paradójicamente, los menores de esa edad duplican en cantidad por la acumulación de diagnósticos de salud desfavorables.
Pero el informe también reveló que la capacidad operativa sanitaria de los penales para hacer frente a una eventual atención masiva está al límite. Salvo un puñado de excepciones, la tasa de ocupación excede la capacidad operativa utilizable dando un promedio que excede el 100% y trepa hasta el 122% en Ezeiza, por ejemplo. Es por eso que la situación frente a la pandemia se volvió crítica
Por eso ayer, con la firma de la presidenta de Casación Ángela Ledesma, se preparó el terreno para la adopción de definiciones. “Por recibida la información brindada por el Ministerio de Justicia y la Declaración del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y atento al contenido y con la celeridad que el caso impone, háganse saber a todos los órganos de la jurisdicción, a fin de que arbitren los recaudos que estimen corresponder”, indicó el oficio que resulta una luz verde para resolver de manera pronta. El mensaje no es sólo para la Sala de “guardia” de Casación, sino también para los Tribunales Orales, Penales Económicos o de Ejecución Penal que tengan a su cargo a los detenidos.
El mensaje que había “bajado” hasta ahora es que sin registrar algún antecedente de contagio, la situación de la población carcelaria estaba (hasta ahora) fuera de exigir una modificación. Pero se dieron situaciones contradictorias: el Ministerio Público de la Defensa reforzó todos los pedidos de los defensores oficiales para obtener excarcelaciones o morigeraciones, una veintena de detenidos por delitos de lesa humanidad alegaron avanzada edad y deterioro de salud para mejorar su situación, y lo mismo hicieron exfuncionarios que permanecen detenidos en prisión preventiva. La respuesta había sido que no porque no se registró ningún caso. Los motines en penales provinciales pusieron en alerta a las autoridades: pese a que se restringieron visitas y se tomaron medidas sanitarias, los presos denunciaban que los penitenciarios podrían ser eventuales vectores de contagio en un ambiente que por confinamiento es propicio para la propagación instantánea de cualquier enfermedad viral.
Para la Corte el asunto debía estar en manos de Casación o los TOF, mientras que el máximo Tribunal Penal había diagramado sólo un esquema de emergencia con prioridad sobre mujeres embarazadas durante la feria. Si el estado excepcional se prolonga un mes más, la expectativa es cuál será la posición que adopte ahora.
La situación legal del universo de potenciales afectados está igualmente dividida entre procesados y condenados, 659 a 621, respectivamente. Solo en el SPF lideran los ubicados en Buenos Aires, seguidos por CABA, Salta y con menor cantidad de gente Mendoza y Chaco. Y los delitos por los que se los acusa tampoco tienen distinción en materia sanitaria: lesa humanidad, lavado de dinero, narcotráfico, delitos contra la integridad sexual y contra la propiedad. La nómina de reclusos que registran factores de riesgo para coronavirus también es amplia: desde el empresario Lázaro Báez pasando por el represor Miguel Etchecolatz e incluyendo también a los autores del triple crimen de General Rodríguez, Cristian Lanatta y Marcelo Schillacci. Es probable que la decisión judicial sea revisar caso por caso para detectar riesgos reales.
Fuente: Ámbito
