La crisis ambiental tiene su origen en un sistema económico que exige el uso de tecnologías con grandes insumos y sistemas de producción intensivos, que generan pérdida de biodiversidad, erosión de los suelos y enfermedad por plaguicidas.
Los procesos de explotación de los recursos naturales son acelerados por las políticas de libre mercado en las áreas sensibles, bosques, agua, minerales, alimentos, pesca y biodiversidad. Las pautas de comercio actual intentan liberalizar desde la agricultura hasta los recursos naturales y los grandes beneficiarios son las empresas que se guían por el balance económico.
Liberalizar el comercio no asegura el desarrollo humano de forma automática y no siempre tiene un impacto positivo.
El modelo económico de exportación de soja se inicia con la deforestación. Las tierras deben ser deforestadas por tala o incendios. La deforestación reduce la materia orgánica del suelo, dando una erosión con pérdida de la capacidad de retención del agua. Lo que genera inundaciones como se han visto a lo largo de los años en el país. Los bosques son un enorme reservorio de carbono y su deforestación agrava el efecto invernadero. Al ser incendiados, el carbono que estaba almacenado durante siglos se incorpora a la atmósfera, aumentando la concentración en ella.
La formación del suelo es un proceso lento. La creación de una capa de 30 cm de suelo puede demorar de mil a diez mil años, por lo que debe ser considerado un bien a proteger.
La ganadería que siempre se ha practicado en rotación con la agricultura, fue desplazada a otros territorios por el uso de esas tierras para monocultivos. La producción masiva de soja transgénica ha impulsado la producción de carne porcina, bovina y aves de manera industrial en feedlots, con graves impactos ambientales y sanitarios.
Un bovino de 400 kg elimina por día 20 a 24 kg de materia fecal fresca. Los residuos generan contaminación por sedimentos, gérmenes patógenos, elementos traza, antibióticos y residuos químicos. Al mineralizarse grandes volúmenes de excremento se liberan sales y residuos que se mueven verticalmente en el suelo y llegan a las napas, arrastradas por el agua de las precipitaciones. Si las concentraciones de las sales en el agua superan los niveles pautados por el código alimentario argentino, el agua no es potable y no puede ser consumida por las personas. Además, el ganado genera el 9 por ciento del dióxido de carbono, el 40 por ciento del metano y 65 por ciento del óxido nitroso.
Es un mercado que impone la eficiencia de producir a corto plazo grandes cantidades.
La demanda de soja barata destruye más que los hábitats, incluye al paquete de agroquímicos y semillas, los métodos de cultivo industrial a gran escala y la concentración de tierras.
Hay un fenómeno rápido liderado por fondos de inversión, denominado «pools de siembra». Se forman por la concurrencia de inversores en un proyecto de siembra y cosecha de granos para un período determinado. Este modelo no consiste en aumentar las extensiones de los campos, la finalidad reside en aumentar las explotaciones que son arrendadas.
En los años noventa los capitales financieros promovieron la concentración de las tierras. Los dueños de pequeñas chacras y campos se vieron en la disyuntiva de producir por su cuenta sin contar con las grandes tecnologías o rentar sus tierras.
Los capitales que intervienen son los bancos, compañías financieras, empresas productoras y proveedoras de insumos para el agro e inversionistas aislados.
El capital se destina a la compra de semillas, plaguicidas y al gerenciamiento de las tierras arrendadas. No es un capital inmóvil, genera una economía de escala.
En nuestro país 12,5 millones de hectáreas son propiedad de extranjeros. Casi dos millones están en paraísos fiscales, que tienen como objetivo ocultar la identidad de los inversores y entorpecer los reclamos por evasión, conflictos impositivos, ambientales o territoriales. Lo que agrava el acceso a las tierras para agricultores familiares, quienes generan la mayoría de los alimentos que consumimos.
El progreso económico se ha basado en la explotación de los recursos naturales, cuando el desarrollo humano debe venir de un progreso económico al servicio de la gente y no al revés. Este modelo no aporta mejoras a los agricultores ni reduce la pobreza, tampoco contribuye a la sustentabilidad ambiental. Ha llegado al límite poniendo en riesgo la viabilidad ambiental y la salud.
La autora, Vanesa Rosales de la Quintana es médica especializada en Medicina Familiar y auditora de Servicios de Salud
Fuente: Página 12
