En diciembre de 2020, tras casi dos décadas de lucha, se votó afirmativamente en el Senado la Ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, que permite la realización de un aborto en cualquier hospital o centro médico a todas las niñas y mujeres que así lo deseen hasta las 14 semanas de gestación. Sin embargo, a dos años de este hecho histórico no todas pueden acceder a su derecho. Algunos grupos, como los que están dentro de comunidades indígenas, todavía ven obstruido el acceso a un sistema de salud atravesado por prejuicios étnicos y racistas. El Extremo Sur dialogó con tres activistas y profesionales que formaron parte de un proyecto de adaptación de protocolos de acceso al aborto al mapuzungun.
Si bien se celebró como una conquista colectiva, la lucha no se agota en la normativa legal ni se consuma únicamente en la interrupción del embarazo. Prevé un sistema de salud pública capaz de garantizar la información, el cuidado y los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos de quienes asisten a él. Una tarea que está lejos de verse acabada, y que enfrenta serios obstáculos por parte de grupos políticos, religiosos y profesionales médicos.
En algunos Pueblos Originarios el aborto ya se realizaba mucho tiempo antes de la ley, aunque con otra cosmovisión de la vida y la salud comunitaria. Actualmente, el sistema de salud argentino no reconoce los conocimientos ancestrales de los 39 Pueblos que habitan el territorio. Tampoco elabora estrategias culturales, lingüísticas e institucionales para asegurar el derecho a una buena salud sexual reproductiva y no reproductiva de todas las mujeres y niñas indígenas, que se enfrentan al racismo médico, los abusos sexuales a menores, las uniones tempranas y la ausencia del Estado a la hora de atender sus reclamos.
Una de las demandas que hoy levantan las mujeres indígenas es la revitalización de sus lenguas. Es por ello que recientemente se publicaron protocolos del Ministerio de Salud de la Nación para el acceso a una Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) adaptados al mapuzungun. Se trata de una iniciativa impulsada por la organización Católicas por el Derecho a Decidir en conjunto a la Comunidad Mapuche Epu Lafken en Los Toldos. En él trabajaron once mujeres como intérpretes y recuperantes, en un trabajo que culmina como el resultado de reuniones, diálogos interculturales y debates.
La iniciativa forma parte del proyecto de Cátolicas por el Derecho a Decidir «Feminismos: mujeres indígenas, campesinas y afrodescendientes por el derecho al aborto y los derechos sexuales y (no) reproductivos en Argentina». Los protocolos no surgen como una mera traducción sino una adaptación sociolingüística, ya que busca contemplar otras visiones de salud, cuerpos y comunidades de quienes abortan.
El derecho al aborto libre de violencias
Católicas por el Derecho a Decidir es una de las organizaciones pioneras de la «Campaña Nacional por el Aborto Legal», comenta Mónica Menini -abogada, integrante del colectivo y coordinadora general del proyecto de adaptación– y remarca que el presente trabajo comenzó alrededor del 2019 con una propuesta al Fondo de Mujeres del Sur, «todavía sin aborto legal».
«Nuestra especialidad es trabajar con derechos sexuales y reproductivos, el acceso a aborto, una vida libre de violencias. Veíamos que el feminismo venía hace muchos años trabajando en ampliar estos derechos en nuestro país, pero había quedado de lado un grupo de mujeres muy importantes, entre ellas, mujeres indígenas y colectivos LGBTQ+ indígenas.
Menini explica que la tarea inicial era comenzar el trabajo conjunto con las mujeres de diferentes Pueblos Originarios, «conversar sobre el proceso de la Marea Verde en Argentina, compartir visiones, trabajar desde un enfoque de derechos, intercultural, interseccional y multidisciplinario». Y subraya que lo central era «llevar lo que decía la teoría a la práctica, que no quede sólo en conceptualizaciones lo que el movimiento feminista logró en Argentina».
Menini es salteña y relata que desde Católicas por el Derecho a Decidir -gracias a su organización federal- ha estado en contacto con comunidades originarias en el Norte, especialmente con comunidades Wichí y Qom. Del diálogo con las lideresas de los Pueblos comenzó a tejerse la idea de adaptar los protocolos. «Hoy tiene mucha resonancia la adaptación sociolingüística. Las mujeres mapuches en la Patagonia, por ejemplo, ya lo están trabajando. Buscábamos, por un lado, la difusión, y por el otro, la revitalización de la propia lengua», destaca.
La diferencia con una mera traducción es el trabajo interno que las lideresas realizaron hacia adentro de las comunidades, lo que le da su valor intercultural.
Traducir un mundo
Fresia Mellico fue la intérprete principal del protocolo. Pertenece al territorio mapuche chileno, aunque asume su identidad simplemente como mapuche. En diálogo con este medio, resaltó las dificultades de brindar una traducción capaz de plasmar de manera adecuada las «palabras abstractas» del castellano al mapuzungun, una lengua mucho más concreta.
Comenta que trabajó previamente en varias adaptaciones de normas, leyes y otros textos, y que siempre es un desafío ya que no solo se trata de dos lenguas diferentes sino de dos mundos opuestos: «El castellano forma parte de un mundo muy distinto al mundo mapuche. Cuando uno traduce lo que hace es crear nuevos textos en mapuzungun, adaptar las ideas y ver si esas ideas en castellano podemos encontrarlas en mapuzungun».
«Fue complicado, pero finalmente logramos que los textos salieran bien. Mi preocupación es siempre que la traducción se entienda. Que el que sabe mapuzungun pueda entenderlo y tenga sentido. Pero logramos encontrar las palabras y los conceptos para plasmar en el protocolo», agrega.
La adaptación también implicó construir relaciones con las lideresas de cada comunidad: «Hicimos acuerdos con lideresas de Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Rio Negro, Neuquén, Córdoba. Eso implica conversar sobre estos temas que no son fáciles: el acceso a la IVE, el acceso a la atención con garantía, el consentimiento informado -que no es menor-, incluso para procedimientos como la anticoncepción quirúrgica», explica Menini.
Además de adaptar los procedimientos que se llevan a cabo para solicitar una IVE, para Menini era fundamental poder adaptar los consentimientos informados, que «son un documento legal» y que deben asegurar que la mujer sea plenamente consciente de lo que implica todo el proceso. La adaptación es un primer paso en la barrera lingüística del Sistema de Salud, que no ha logrado, hasta el momento, brindar información de manera completa a las mujeres indígenas ni contar con traductores para los distintos Pueblos Originarios que habitan en el país.
«Para nosotras era importante conversar con lideresas y luego ellas con sus propias comunidades sobre cómo vienen viviendo el aborto. En todos lados y en todas las comunidades, de norte a sur, las mujeres dicen: siempre abortamos. Siempre hubo abortos», agrega: «Todo eso debía ser adaptado para ser plasmado en algo que había salido del conocimiento científico, del conocimiento laico de los protocolos».
La elaboración de los protocolos estuvo sujeta a las características y usos de cada lengua. Para las lenguas que son más habladas que escritas, por ejemplo, se elaboraron spots sonoros para asegurar su difusión y llegada a todas las comunidades.
El aborto desde la óptica mapuche
Verónica Azpiroz Cleñan, politóloga mapuche y coordinadora local del proyecto, resalta las diferencias sustanciales en las concepciones filosóficas del aborto que tiene la mirada occidental y la mirada indígena. Si bien las prácticas varían de una comunidad a otra, en general la visión mapuche se distancia del yo, del individualismo, y contempla los derechos como un hecho colectivo.
«Una cosa es interrumpir el embarazo desde la biomedicina y otra cosa es el aborto desde la medicina mapuche. Es interesante el proceso de adaptación sociolingüística, no es solo una traducción. Nuestra práctica no podría ser llevada adelante en un hospital porque no reconoce nuestra medicina», detalla Azpiroz. Comenta además que son prácticas llevadas a cabo por mujeres mapuche que «saben de medicina ancestral, que tienen acompañamiento de parteras tradicionales, que saben sobre plantas para abortar, muy diferente a la práctica médica de la interrupción».
A diferencia del feminismo moderno y occidental, para su comunidad la decisión de abortar no se da «en términos de autonomía de la mujer, sino que históricamente obedeció a la autonomía del pueblo, de una comunidad donde estaba en riesgo la vida del todo» y sostiene que a las mujeres mapuches «nos resulta familiar el concepto de abortar, como decisiones colectivas en momentos críticos».
La politóloga trae a la memoria la decisión colectiva de abortar en tiempos de exterminio y persecución durante la llamada «Campaña del Desierto»: «Es interesante traerlo como memoria para no exacerbar el mundo del yo. A veces en las comunidades tienen tradiciones fuertes de acompañamiento e interviene el compañero, hasta los hijos de la mujer que aborta, y la familia esta presente en esa decisión. No es tan lineal que una mujer per se tome la decisión en una cultura indígena».
Mellico, en cambio, considera que «en el Pueblo Mapuche, el tema del aborto es un tema tabú. No se habla. Los pueblos indígenas no acostumbran a hacer este tipo de prácticas de manera frecuente. Sí se practicó en el pasado, por razones extremas como el peligro de muerte de la madre o la mala salud del feto. Tengo conocimientos de que se realizaban y había formas propias de hacerlo, no se recurría a la medicina occidental». No obstante, explica que varía de acuerdo a cada pueblo y que no hay una ley específica que lo permita o lo prohíba.
«La barrera es la falta de entendimiento de otros mundos»
Frente a la oposición de dos modelos médicos, Azpiroz habla de la «complementariedad de las dos medicinas»: «Hay saberes que son complementarios, es posible un modelo de complementariedad. Hay modelos que hacen más hincapié en padecimientos de la autoestima, la vida espiritual de la persona, la forma en que toma decisiones sobre su propia salud».
El desafío se da en un contexto de violencia y negligencia contra los Pueblos Indígenas que acuden al Sistema de Salud. Menini subraya que «en la actualidad, las mujeres indígenas tienen obstáculos no sólo para acceder a un aborto de calidad, medicamentoso, sino a la Salud Pública en general, que es a la que más acuden. Son las que más sufren en un sistema atravesado por discriminación, falta de conocimientos de prácticas originarias de la salud, falta de conocimientos interculturales».
En esta línea opina Mellico sobre las barreras al sistema de salud y de justicia para las mujeres indígenas: «No creo que la lengua específicamente sea una barrera, las barreras, más bien, son el entendimiento de los mundos».
«Cuando se hacen leyes y no contemplan otros conocimientos de los mundos, eso hace que las personas no tengan acceso. Los países no tienen porque saber las lenguas que están dentro de sus espacios territoriales, sino entender que hay otras culturas, con otra visión. Cuando no se tiene ese entendimiento, aparecen las barreras, las malas atenciones, todo se plantea desde un punto de vista occidental. Eso pasa con las leyes, la justicia, la salud, la educación, con todos los aspectos de la vida», agrega.
Ser niña e indígena: violencia sexual y falta de derechos
La atención de calidad, con entendimiento de otras matrices culturales y sin prejuicios es una de las variadas demandas de las mujeres indígenas en la Argentina y en general en toda América Latina. Pero existen otros temas de debate hacia adentro de las comunidades, temas «silenciados»: «Hay situaciones muy difíciles que han sido silenciadas porque hay una creencia de que si se hablaba de este tema se debilitaba la lucha. Y nosotras creemos que estamos en otro momento de la historia donde tenemos que poder hablar de esto que nos pasa para poder reconstruir las instituciones propias de la justicia comunitaria mapuche», expresa Azpiroz.
En este sentido, se manifiesta a favor de hablar sobre los abusos sexuales a menores indígenas que tuvieron lugar en los últimos años, especialmente en las regiones del norte. Una problemática estructural cruzada por el racismo y la misoginia, y que también atañe el acceso al aborto, ya que muchas de las niñas víctimas de abuso necesitan acceder a interrupciones legales del embarazo, procesos que son negados o en última instancia, dilatados por las instituciones médicas y judiciales.
«Las normas éticas de la cultura mapuche están vigentes, y por eso creemos que se pueden retomar en territorios donde se han perdido para que la situación de abuso a menores pueda empezar a hablarse y pueda empezar a repararse en los términos de la justicia comunitaria mapuche. Es importante ese inicio, al menos desde lo mediático y lingüístico, empezar a ponerlo en agenda público y mapuche, son temas que como no son urgentes no aparecen en la superficie, y retrasan la lucha», comenta Azpiroz.
En el protocolo de acceso a una IVE adaptado al mapuzungun se presenta el caso de Juana, una niña wichí de 12 años, oriunda de Salta, que fue violada en 2015 por un grupo de nueve criollos. El hecho se registró en noviembre de 2015 en el paraje Alto La Sierra, en el territorio de las comunidades de Lhaka Honaht.
La niña quedó embarazada y a pesar de tener el derecho de acceder a una interrupción del embarazo -ya que estaba vigente la causal por violación o riesgo de salud-, atravesó una serie de vulneraciones y obstáculos que casi impiden el aborto. A raíz de varias denuncias al gobierno provincial, accedió a una IVE en junio de 2016. En noviembre de 2018, los nueve hombres que violaron a Juana fueron condenados a 17 años de prisión efectiva. Según destacan en el protocolo, fue el primer caso con condena por una violación grupal a una niña indígena en Argentina.
La escena no es nueva ni está aislada de una trama social profundamente influenciada por sectores antiderechos integrados por grupos políticos y religiosos. Son numerosos los casos de pedidos de abortos dentro de las causales legales, solicitados para menores de edad víctimas de violación, que fueron dilatados por el sistema judicial, incluso al punto de superar el tiempo límite en que puede realizarse esta práctica sin riesgos de salud para las niñas.
No hay estadísticas sistematizadas sobre la doble e incluso triple violencia contra mujeres y niñas indígenas, tampoco hay monitoreos precisos sobre el acceso a los servicios de salud y justicia. Los casos son numerosos y casi siempre espectacularizados por la prensa en lugar de estar incluidos en las estadísticas.
Azpiroz viene trabajando la visibilización estadística de los Pueblos Originarios. De hecho, trabajó durante varios años para que en el último censo se incorporase la variable étnica en las preguntas.
«Si uno le preguntara hoy al Ministerio de Salud que cantidad de IVEs se realizan a mujeres indígenas, ese dato no está, porque en la ficha que se completa para solicitar una IVE no está incorporada la variable étnica». Considera que, entre los puntos a trabajar, es urgente la revisión del sistema estructural de salud y la realización de monitoreos con variables étnicas, que incluyan las concepciones de salud y cuerpo de los pueblos indígenas.
Iglesia, medicina y medios de comunicación: tríada del prejuicio
Consultada sobre las violencias complejas e interseccionales que sufren las mujeres y niñas indígenas, Menini comenta que se está trabajando en un monitoreo sobre el tema «para dar respuestas con evidencia», ya que actualmente existen monitoreos pero sobre la situación de las mujeres blancas en relación al acceso al aborto. El proceso se está llevando adelante en conjunto con profesionales indígenas de varias disciplinas.
«Todavía no tenemos la respuesta de la evidencia, pero podemos hablar desde la experiencia: hay una diferencia muy grande entre el acceso al aborto en ciudades capitales de provincias y zonas rurales», expresa. «Nuestras compañeras campesinas e indígenas que viven en zonas rurales tienen ese combo de problemas de acceso, en general para la salud y en particular para el aborto», agrega y sostiene que tiene que ver «con las objeciones de conciencia y la discriminación dentro del sistema contra las mujeres indígenas, que es inmensa».
La barrera lingüística es una grave problemática que ya está siendo atendida, en parte, por la iniciativa de adaptación de los protocolos. No obstante, no es la única barrera: Menini explica que también pesa sobre el acceso al aborto la mirada de los profesionales -que no siempre se distancian del prejuicio-, la falta de difusión y especialmente la influencia de la Iglesia. De eso nos hacemos cargo las católicas, por eso lo trabajamos. En este momento, vemos mucha influencia de la Iglesia Evangelista en las zonas rurales. Cuando vamos a hablar de aborto, nos dicen ‘si yo hubiese tenido esta información antes, mi vida hubiese sido diferente'», agrega.
«Lo decimos siempre: nadie está obligado a abortar. Pero esa decisión se toma de manera autónoma, con confidencialidad, con equipos de consejería. El consentimiento no es sólo firmar un papel. La autonomía es importante, la confidencialidad es importante, sobre todo en zonas rurales con pueblos chicos. Todavía son prácticas estigmatizadas», subraya la abogada.
Así aparecen también en el bombardeo de información de los medios cuando relatan hechos de abusos contra niñas indígenas en zonas rurales o comunidades: «No queremos ser espectacularizadas», indica Azpiroz, «hay tendencia de medios hegemónicos y alternativos también a espectacularizar los abusos de las niñas Wichí».
Y agrega: «No queremos ni ser objetos de espectacularizacion ni que la otredad blanca nos cuente lo que nos pasa como si fuéramos víctimas que no sabemos cómo defendernos. El Pueblo Mapuche tiene en su memoria herramientas para corregir, reparar y reordenar aquello que fue desordenado. Eso es parte de la fortaleza de nuestro pueblo, que tiene su propia manera de narrar, su propio lenguaje para explicar acciones que están fuera de la ética propia».
Frente a las situaciones de vulnerabilidad que se encuentran trabajando el territorio, Menini explica que el diálogo se desarrolla a partir de la interculturalidad y la participación activa de las mujeres indígenas: «El material lo hacen ellas, no nosotras. Nosotras coordinamos las tareas de encuentros, creamos los espacios, financiamos, conversamos con las autoridades indígenas». Destaca la posibilidad de los Pueblos de acceder a una consulta previa, libre e informada, un derecho frecuentemente ignorado en la Argentina.
«No pueden entrar programas de organizaciones o del Estado a llevar adelante una tarea que tiene que ver con el desarrollo comunitario sin consulta previa a las autoridades. El material del protocolo es el final de un trabajo muy grande que tiene que ver con consultas, reuniones, con que las lideresas vayan a su comunidad y lo hablen ellas. Que lleguen a acuerdos con sus comunidades para poder después trabajar en esta adaptación», detalla.
Desde los colectivos feministas es bien sabido que las leyes son apenas un punto de partida. En el caso de la Ley 27.610, el mayor desafío hoy es garantizar su correcta instrumentalización en todo el país: «Eso es algo que nosotras sabemos con mucha claridad. Yo soy abogada, una ley no es nada si no la trabajamos, tenemos que difundirla, lograr el acceso, capacitar profesionales de salud», concluye Menini, como parte de la larga tarea que realizan en conjunto su organización y los diversos grupos de mujeres indígenas que hoy se movilizan en todo el territorio.
Fuente: www.elextremosur.com
