Quiénes se guardaron los dólares y no los entregaron: Página/12 accedió al listado de las firmas que no vendieron los dólares de exportaciones según dispone la normativa vigente. Al tope se encuentra Vicentin. La otra empresa es Díaz & Forti también con sospechosas vinculaciones con Vicentin. A medida que pasa el tiempo se agranda el costo de haber dado marcha atrás en la expropiación. La nota de Alfredo Zaiat revela que en el listado se encuentra la curtiembre Arlei, con sede en Salta.
Si bien es una suma que representa el 1,9 por ciento de las exportaciones realizadas desde el 2019 (registro global de 232.547 millones), esos dólares podrían brindar un poco de desahogo a un exhausto Tesoro del Banco Central.
Existe una manifiesta urgencia del Gobierno por contar con divisas para enfrentar una corrida permanente, el año electoral que incrementa la cobertura cambiaria de empresas e inversores y la escasez de dólares para atender la demanda de importaciones vinculada a la actividad económica.
Hay pocos dólares disponibles, un acuerdo con el FMI condicionando la política económica y si además un grupo de empresas retiene dólares en forma indebida se agudizan las tensiones en el mercado cambiario.
Cuáles son las dos exportadoras que están al tope del ranking de incumplimientos
Dos empresas acumulan 2235,6 millones de dólares de embarques enviados con diferentes niveles de incumplimientos en el deber de vender esas divisas en el mercado único de cambio. Son dos firmas agroexportadoras: una es Díaz & Forti, del grupo Olio (retuvo 1395 millones de dólares), y la otra es Vicentin (840 millones). La historia de fraudes e irregularidades de ésta última es conocida; la de la otra no tanto en el espacio público pero sí en el mundo de productores agrarios.
Ambas firmas tuvieron estrechas relaciones comerciales. Mientras Vicentin estaba en default, en 2020 Díaz & Forti alquilaba sus instalaciones operando a fasón. Es un vínculo sospechoso puesto que Díaz & Forti no era una exportadora importante, y en el año de la debacle de Vicentin pasó a alquilar sus instalaciones para terminar despachando millones sin explicar cómo consiguieron la financiación del capital de trabajo para esta expansión.
El Banco Central suspendió las operaciones en el mercado de cambio de Díaz & Forti. Un informe del Banco Nación, unos de los principales acreedores damnificados del fraude de Vicentin, precisa que el financiamiento de Díaz & Forti fue con mutuales y cooperativas de Rosario, movimientos opacos de dinero puesto que las compañías agroexportadoras lo hacen con el sistema bancario nacional e internacional.
Junto con Glencore se quedaron con el cupo de mercado que pertenecía a Vicentin en la exportación de granos.
A medida que pasa el tiempo y se van conociendo las tramas fraudulentas del funcionamiento de Vicentin, el costo de la marcha atrás del gobierno de Alberto Fernández en la expropiación –bajo presión del gobernador de Santa Fe, Omar Perotti- adquiere una dimensión cada vez más pesada.
Qué dice el Ministerio de Economía
Al momento de anunciar el dólar agro a 300 pesos, que incluye el dólar soja a esta misma cotización, el ministro de Economía, Sergio Massa, se refirió a los «más de 3700 millones de dólares de empresas argentinas exportadores que no han cumplido con la liquidación de los dólares que exportaron». El monto correcto es 4331 millones.
Informó que activaría un mecanismo de suspensión del CUIT vencidos los plazos establecidos de 180 días para la liquidación. Indicó que «aspiramos a que aquellos que evadieron su obligación con el Banco Central por 3700 millones de dólares de alguna manera se transformen en personas no hábiles comercialmente, porque les hacen daño no solamente a las empresas argentinas y a las economías que trabajan, producen y exportan, sino también a la credibilidad y la fortaleza de la moneda argentina».
También adelantó que se impulsará no solamente la baja del CUIT de cada una de esas empresas y de sus directores, sino también en paralelo la imposibilidad de acceder al mercado de cambio para todas esas empresas. Para advertir: «Les damos 30 días para que hagan simplemente lo que la ley les manda a hacer».
Del descontrol macrista a la actual fiscalización para frenar los engaños de las exportadoras
Cuando el descontrol cambiario derivado de la medida de liberar el mercado primero y endeudar frenéticamente después realizados por la administración Macri iban a rumbo al colapso de la reservas, dos meses antes del cambio de gobierno (a principios de septiembre de 2019), se reinstaló un nuevo control de cambio.
Desde entonces, en especial con la renovación de autoridades, la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central comenzó a fiscalizar la obligación de liquidación de dólares por parte de las exportadoras.
Más del 98 por ciento de las exportaciones se liquidaron en tiempo y forma. Como se mencionó, desde esa fecha, las exportaciones de bienes totalizaron 232.547 millones de dólares, de los cuales no han sido liquidadas en el Mercado Único y Libre de Cambios operaciones por 4331 millones, lo que representa 1,86 por ciento del total.
El control del Banco Central derivó en el pedido al Poder Judicial de 32 medidas cautelares que decretaron embargos e inhibiciones de bienes por 1628 millones de dólares para garantizar el pago de las multas. Además, en uso de facultades delegadas, desde 2020 dictó 111 prohibiciones de salida del país a directivos de empresas.
Cuál es el canal de comunicación
Los incumplimientos detectados por el Central son informados diariamente a la AFIP, a la Aduana y a la Secretaría de Agricultura para que no se cursen pagos de reintegros o se suspendan a empresas en los registros oficiales, según la sanción que corresponda.
El Central también creó el “Registro de Información Cambiaria de Exportadores e Importadores de Bienes” de inscripción obligatoria para las cien principales empresas que operan en comercio exterior, para generar una instancia de comunicación directa en relación al cumplimiento de la normativa cambiaria.
En la medida que surgen diferencias entre las declaraciones y las estadísticas del Banco Central, el Registro sirve como una instancia de resolución previa a la conformación de un sumario por infracción a la Ley Penal Cambiaria.
Por inspecciones, que están a cargo de la Subgerencia General de Cumplimiento y Control, en los últimos años se fue reduciendo el porcentaje de exportaciones que incumplieron con la obligación de liquidarse en el país.
En abril de 2020, del 45 por ciento de las exportaciones no había constancia de que se había liquidado en el mercado único de cambio, un porcentaje que producto de las fiscalizaciones realizadas por el BCRA en enero de 2021 se redujo a 9,95 por ciento, y en febrero de 2022 representaba 2,65 por ciento de las exportaciones, hasta llegar al actual 1,86 por ciento.
Cuáles son las empresas que se quedaron con los dólares y no los liquidaron en el mercado
De los 4331 millones que incumplieron con la normativa cambiaria, la mayor parte se concentra en empresas que actualmente están sumariadas e investigadas por el Banco Central y en algunos casos con la suspensión para seguir operando en comercio exterior.
Las 25 empresas con mayores incumplimientos son las siguientes:
1. Díaz & Forti.
2. Vicentin.
3. Extrugreen.
4. Huachana.
5. P&P Expo Impo SRL.
6. Clodomira Industrial.
7. Centro Electro.
8. S&F Global Servicio.
9. Marfepa.
10. World Quality Fish.
11. Alimentos Coronel Baigorria.
12. Galileo Technologies.
13. Grupo TBA.
14. Art Logistics.
15. Pesquera Mar Chiquita.
16. FGF Trapani.
17. Argen-Time SAS.
18. Curtiembre Arlei.
19. Refinería de Grasas Sudamericana.
20. Pesquera Tolmar.
21. Agroskita SAS.
22. AMT Sud.
23. Fénix International.
24. Frigorífico HV.
25. Frigorífico General Pico.
Qué está haciendo el Banco Central
Estas 25 empresas están siendo investigadas por el BC, algunas con medidas precautorias, otras con sumarios cambiarios abiertos y las 10 con mayores incumplimientos están suspendidas para operar en comercio exterior.
La mayoría cuenta con fiscalizaciones iniciadas con varios meses de trámite, con embargos sobre los bienes de la empresa y en gran parte de los casos sus directivos tienen, por pedido del Banco Central, impedimentos para salir del país. Algunos sumarios se encuentran en la Justicia para el dictado de la sentencia respectiva.
El proceso de fiscalización del Banco Central tras detectar una posible violación al régimen penal cambiario comienza con una inspección a la empresa, en el cual se le solicita que liquide las divisas que declaró haber exportado o que explique los motivos por los cuales no ingresó los dólares al mercado.
Luego, si fracasa esa instancia, se le bloquea a la empresa la posibilidad de nuevos embarques y se le inicia un sumario. El próximo paso puede implicar la prohibición de exportar o importar y del acceso al mercado de cambios.
Una vez concluidas las actuaciones cambiarias son giradas para el comienzo de sumarios penales, cuya tramitación también está a cargo del Central. En estos casos, la ley 19.359 establece que la sentencia debe ser impuesta por la Justicia Penal Económica de la Ciudad de Buenos Aires o por los jueces federales en el interior del país.
Desde 2020 el Central inició 501 sumarios por un monto total de 2218 millones de dólares, de los cuales 65 se realizaron a bancos y entidades cambiarias por 710 millones de dólares.
En cuanto a la exportación de bienes, desde septiembre de 2019 la Gerencia Principal de Control del BCRA realizó 77 medidas precautorias, que prohibieron la realización de nuevas exportaciones y el acceso al mercado de cambios para importar. También llevó adelante 35 medidas precautorias vinculadas a la importación de bienes en donde también se prohibió la realización de nuevas importaciones y el acceso al mercado de cambios.
Fraudes, embargos e inhibiciones de bienes
El listado de las 25 empresas con mayor monto de embarques vencidos en situación de incumplimiento muestra ciertas particularidades. Por un lado, las dos primeras empresas (Díaz & Forti y Vicentin) concentran más de la mitad de los incumplimientos, están vinculadas a la exportación de granos, están procesadas por maniobras fraudulentas y, además, con embargos millonarios dictados por la Justicia.
Las 10 primeras firmas están suspendidas para importar o exportar. La mayoría está registrada para realizar operaciones con granos, una empresa está investigada por posible fraude con exportación de carne y otra es del rubro de la pesca.
De la suma total no liquidada, el 5,10 por ciento corresponde a incumplimientos de menos de 200.000 dólares, lo que hace suponer que se trata de pequeñas y medianas empresas. Estos 221 millones de dólares no liquidados están atomizados entre 7464 empresas. En estos casos, a diferencia de las grandes operaciones fiscalizadas, muchas veces el incumplimiento no se debe a la voluntad manifiesta de no liquidar los dólares, sino que están vinculados a trámites administrativos o a problemas en la cadena de pagos.
«La amplia capacidad productiva de las instalaciones de Arlei nos permite afrontar incrementos repentinos de producción en función de la demanda y nos permite satisfacer las necesidades de nuestros clientes en todo el mundo; siempre manteniéndonos en compromiso con un desarrollo sostenible de nuestras actividades». 
Arlei administra tres plantas de fabricación en Argentina y todas las actividades se coordinan desde Buenos Aires, donde se encuentra la sede y depósito.
