La Corte Suprema resolvió que el Juzgado de Minas de Salta siga con la causa entre dos empresas litíferas por un área de la Puna sobre la que ambas provincias otorgaron derechos. La Justicia de Belén quedó afuera. El fallo no define quién es el dueño del litio ni dónde pasa el límite, pero vuelve a favorecer a Salta en una zona que el Congreso nunca delimitó. En el expediente no figura ninguna presentación del Estado catamarqueño.

La disputa por la frontera de la Puna entre Catamarca y Salta sumó un capítulo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El 5 de noviembre, el máximo tribunal decidió que el Juzgado de Minas de Salta es el que debe tramitar el conflicto entre dos mineras que reclaman la misma propiedad con títulos otorgados por provincias distintas. El juzgado Civil, Comercial y de Familia de Belén, que también se había declarado competente, fue apartado de la causa.
De un lado está Lithium S Corporation S.A., titular de la propiedad minera Tabariogrande, concedida por Salta. Del otro, Marhen Lithium S.A., la filial argentina del grupo emiratí United Mining Projects Corporation (UMPC), que invoca las minas Tati, Tati I y Tati II, otorgadas por Catamarca en Antofagasta de la Sierra.
La orden del juzgado salteño
El conflicto empezó con una medida autosatisfactiva que Lithium S Corporation pidió en la Justicia salteña. El juzgado de Minas hizo lugar y ordenó a Marhen Lithium y a “toda otra persona que sin derecho ni autorización ingrese” al área de la mina Tabariogrande que suspenda las perforaciones y los trabajos asociados, que en un plazo de 30 días desde la notificación desmantele y retire construcciones, contenedores, equipos, campamento y vehículos, y que se abstenga de hacer trabajos similares en el futuro.
Marhen respondió con una inhibitoria ante el juzgado de Belén, de la Tercera Circunscripción Judicial de Catamarca. El juez catamarqueño la aceptó y se declaró competente. Su razonamiento fue que la empresa es propietaria de las minas Tati con permisos de la autoridad provincial y que, por estar los yacimientos en territorio catamarqueño, la causa debía tramitarse allí, según el artículo 5, inciso 1, del Código Procesal, que asigna los juicios sobre inmuebles al juez del lugar donde están.
El juzgado salteño mantuvo su competencia y elevó la contienda a la Corte.
Un límite sin definición clara
El dictamen de Monti contiene la admisión más significativa del expediente: en el caso “subyace una controversia de límites interprovinciales” que, según el artículo 75, inciso 15, de la Constitución Nacional, no puede ser resuelta por la Justicia, porque fijar los límites entre provincias es una atribución del Congreso. Para sostenerlo, la procuradora citó un informe del propio Programa de Catastro Minero de Salta, incorporado al expediente de la mina Tabariogrande.
Es decir, el registro minero salteño reconoce que el área está en una zona en disputa. Aun así, el expediente quedará en Salta. La razón es una regla procesal: según la jurisprudencia de la Corte, la controversia limítrofe “no constituye un obstáculo” para definir qué juez interviene, y la causa debe quedar radicada en la jurisdicción que previno, es decir, la que actuó primero. En este caso fue la salteña.
No se trata de un criterio nuevo. El dictamen se apoya en tres precedentes de la Corte. Los dos primeros son de 1985 y 1987 y corresponden a disputas en la misma franja de la Puna, sobre el Grupo Minero Diablillos y sobre el Grupo Minero Tincalayu (“Barros, Hugo Vicente c/ Boroquímica”). En ambas, la competencia quedó en manos de la Justicia salteña.
El origen del problema es anterior. El Territorio Nacional de Los Andes, creado en 1900, fue disuelto en 1943 por el decreto-ley 9.375, que repartió su superficie entre Jujuy, Salta y Catamarca, a la que le tocó Antofagasta de la Sierra. Algunos tramos de ese límite nunca fueron fijados por ley. En 2015, la Corte reconoció el litigio y lo devolvió al Congreso, que todavía no lo resolvió. Mientras tanto, cada provincia sigue otorgando concesiones sobre la franja en disputa y el litio de la Puna multiplica el valor de cada hectárea.
La decisión es solo de competencia, ya que no determina cuál de las dos empresas tiene mejor derecho ni si los títulos de una u otra provincia son válidos, y no fija ningún límite. Esas cuestiones quedan para el juicio de fondo, que ahora tramitará un juzgado salteño, y en lo territorial siguen pendientes del Congreso.
En la práctica, sin embargo, la causa continuará ante el mismo magistrado que ya ordenó a Marhen frenar las perforaciones y levantar el campamento.

Catamarca, ausente
El dictamen no registra ninguna presentación del Estado catamarqueño en la causa: la defensa de los títulos de las minas Tati quedó en manos de la propia empresa concesionaria. En tal sentido, la exdiputada provincial Silvana Carrizo, del espacio Generar, consideró que la defensa de un título minero otorgado por la Provincia en una zona de límites en disputa “no puede depender de una empresa privada”.
Carrizo sostiene que Catamarca tiene la facultad constitucional de defender sus títulos y no la está usando, y le pidió al Gobierno provincial que asuma un rol activo en los juicios que involucren territorio y concesiones catamarqueñas. “No se trata de buscar culpables”, aclaró.
No es la primera vez que la exlegisladora plantea el problema de los límites. Cuando los gobernadores Raúl Jalil y Gustavo Sáenz firmaron el Acuerdo de Facilitación y Fomento Minero para el proyecto Diablillos–Plata, Carrizo advirtió que el propio convenio admitía que los límites entre ambas provincias no están definidos, sin precisar con las coordenadas del catastro catamarqueño qué propiedades mineras abarcaba. Diablillos es, además, el nombre del grupo minero del antecedente de 1985 en el que la Corte dejó la competencia en manos de Salta.
Las empresas
Marhen Lithium es la operadora del proyecto Río Grande Sur, de unas 9.000 hectáreas en Antofagasta de la Sierra. En abril de 2024, UMPC (United Mining Projects Corporation) anunció una inversión de 550 millones de dólares hasta 2028, con 700 empleos en la etapa de construcción y 200 en producción, y su CEO, Bradley Pielsticker, le planteó al gobernador Raúl Jalil la intención de adherir al RIGI. Según informó la compañía, UMPC compró Marhen en diciembre de 2022, y la filial cerró la adquisición de los derechos sobre las minas Tati en enero de 2023.
UMPC es una empresa privada con sede en Dubái que se presenta como enfocada en litio y minerales críticos. No cotiza en bolsa ni publica balances o composición accionaria, por lo que la mayor parte de lo que se sabe de ella surge de sus propios anuncios.
El grupo también tiene intereses del otro lado del límite: Pielsticker presentó ante el gobernador salteño Sáenz un plan de 30 millones de dólares para desarrollar dos áreas en el Salar de Arizaro a través de otra filial, Gauchos Energy.
Lithium S Corporation, con domicilio en la ciudad de Salta, tiene antecedentes en la Puna desde al menos 2016. Entre 2016 y 2018 figuraba como filial argentina de LSC Lithium Corporation, una empresa que cotizaba en la bolsa de Toronto y tenía proyectos en los salares Pozuelos, Pastos Grandes, Río Grande, Salinas Grandes y Jama.








