La Corte de Justicia de Salta rechazó la acción de inconstitucionalidad interpuesta por el diputado nacional Carlos Zapata y la abogada Lourdes Ríos Ayllón contra la Ley 8535, conocida como Ley de Participación Democrática. Con el fallo, firmado el 10 de noviembre por todos los jueces del Alto Tribunal, quedó respaldada la validez del régimen electoral que habilita la acumulación de votos entre candidatos de una misma fuerza política y establece requisitos de representación territorial para competir por la Gobernación.
Los jueces consideraron que las disposiciones cuestionadas no vulneran la Constitución provincial ni los principios de igualdad, representación política y elección directa, y entendieron que la definición de las reglas electorales corresponde, en principio, al Poder Legislativo.
La demanda de Zapata apuntaba principalmente al artículo 5 de la ley, que permite acumular los votos obtenidos por distintos candidatos de una misma fuerza política, dentro de una misma categoría, en beneficio del postulante más votado de ese espacio. Según los legisladores, ese mecanismo puede provocar que un candidato resulte electo aun cuando haya recibido menos votos individuales que otro competidor.
Para los demandantes, esta modalidad rompe la correspondencia entre la voluntad expresada por cada elector y el resultado de las elecciones. También cuestionaron las diferencias en el tratamiento de los partidos políticos y las alianzas electorales, además de considerar que las nuevas exigencias perjudican a las fuerzas políticas con menos recursos, afiliados y estructura territorial.
Sin embargo, la Corte desestimó esos argumentos y sostuvo que la acumulación de sufragios no contradice el principio de elección directa. Para fundamentar su posición, distinguió entre la elección directa —en la que los ciudadanos determinan inmediatamente quiénes serán sus representantes— y la indirecta, que requiere la intervención posterior de un órgano electoral. Según el Tribunal, la Ley 8535 mantiene la primera modalidad porque no incorpora intermediarios entre el elector y la designación de los candidatos.
Los magistrados también recurrieron a antecedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ya había reconocido la constitucionalidad de sistemas electorales similares. Entre ellos mencionaron los fallos vinculados con las provincias de Santa Fe y Santa Cruz, en los que se sostuvo que la elección de un determinado mecanismo electoral constituye una decisión política cuya conveniencia no corresponde evaluar a los tribunales.
Quince departamentos para competir por la Gobernación
Otro de los puntos cuestionados fue el artículo 2 de la Ley 8535, que exige a las fuerzas políticas presentar listas en todas las categorías electorales en, al menos, quince departamentos de la provincia para poder postular candidatos a gobernador y vicegobernador.
Los demandantes consideraron que esa condición restringe la participación y favorece a los espacios políticos con mayor despliegue territorial. La Corte, en cambio, entendió que no se trata de una nueva exigencia personal para quienes aspiran a gobernar, sino de una condición organizativa impuesta a las fuerzas políticas que pretenden presentar candidaturas.
El argumento central del Tribunal es que quien aspire a conducir la provincia debe contar con una organización política cuya presencia no quede limitada a un municipio o departamento. En esa línea, consideró razonable establecer una relación entre la extensión territorial de las responsabilidades del gobernador y la implantación territorial del espacio que lo postula.
Para respaldar ese criterio, el fallo también citó antecedentes de Santa Fe, donde se exige representación partidaria en al menos catorce departamentos para determinadas candidaturas, y de San Juan, que establece avales provenientes de diez departamentos.
Partidos y alianzas: tratamientos diferentes
La resolución también avaló el artículo 1 de la ley, que establece que las agrupaciones municipales necesitan integrar un frente conformado por al menos dos partidos políticos.
Los jueces consideraron que la distinción entre partidos políticos y alianzas electorales no implica una vulneración del principio de igualdad, porque se trata de estructuras diferentes. Según el razonamiento judicial, los frentes tienen una composición plural y sus integrantes deben canalizar sus candidaturas mediante listas comunes, mientras que los partidos que compiten individualmente conservan la posibilidad de presentar listas propias.
Por eso, entendieron que las diferencias en la cantidad de listas permitidas no constituyen, por sí mismas, un privilegio arbitrario.
La decisión política por encima del control judicial
Uno de los fundamentos del fallo es la delimitación de las competencias entre los poderes del Estado. La Corte sostuvo que las provincias tienen autonomía para establecer sus propios regímenes electorales y que la Legislatura salteña cuenta con facultades para definir las reglas de participación y representación política.
En ese sentido, recordó que la declaración de inconstitucionalidad de una ley constituye una medida excepcional y que el Poder Judicial no puede reemplazar las decisiones legislativas sobre oportunidad, mérito o conveniencia, salvo que exista una vulneración constitucional demostrada.
La resolución concluyó que los demandantes no lograron acreditar que los artículos cuestionados fueran arbitrarios o afectaran de manera ilegítima los derechos políticos de los ciudadanos.
Finalmente, la Corte de Justicia rechazó la acción popular de inconstitucionalidad presentada por el legislador nacional y le impuso las costas del proceso.
El fallo no cierra la discusión política sobre las consecuencias del sistema de acumulación de votos ni sobre las barreras territoriales que establece para competir por la Gobernación, pero deja en claro que, para la Corte, esas definiciones forman parte de las atribuciones de la Legislatura y no configuran, en los términos planteados en la demanda, una violación de la Constitución.
Fuente: Corte de Justicia de Salta. Expediente CJS 978.543/26, “Zapata, Carlos Raúl; Ríos Ayllón, Lourdes – Acción popular de inconstitucionalidad”. Protocolo Digital 772:2026. Sentencia del 10 de noviembre de 2026.
