Datos entregados por la Unicef y por el Barómetro de la Deuda Social de la Infancia de la UCA revelan la profundidad de la crisis económica transandina, que se arrastra desde hace años. La disminución en la compra de alimentos esenciales, como carne y leche, contrasta con el aumento en las pastas, lo que lleva incluso a saltarse comidas.
El proceso de alza sostenida y generalizada de los precios de los alimentos en Argentina no es nuevo, afectando los índices de acceso a estos. De hecho, en los últimos 40 años la pobreza en la niñez y la adolescencia jamás ha bajado del 30%. Pero una nueva encuesta realizada por el Fondo de la Organización de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés), la que se viene consultando desde hace cuatro años a familias con menores de 18 años, indicó no solo que muchos niños no están consumiendo alimentos necesarios para su crecimiento. Algunos simplemente se están saltando comidas diarias.
Se trata de cerca de 10 millones de chicas y chicos de Argentina que están comiendo menos carne y leche al compararlo con las cifras del año pasado. En su reemplazo, y para “llenar el estómago”, muchas familias han optado por comprar más pastas y harinas para suplirlo. Aunque no es el único problema. De esos 10 millones, al menos uno dejó de comer, o el desayuno, o el almuerzo, o la once o la cena debido a la falta de dinero. Dicho a la inversa, solo el 31% de los menores en Argentina están libres de toda forma de pobreza.
La hasta hace unos meses rampante inflación, que no permitía igualar los ingresos con el aumento mensual de dos dígitos y de tres a nivel interanual, también forzó a los grupos familiares a disminuir gastos de salud y educación, detalló el informe de Unicef. A esto se suman datos entregados por el Barómetro de la Deuda Social de la Infancia de la Universidad Católica Argentina (UCA), en los que se detalla que, desde 2020, la cantidad de niños y niñas que no están en el colegio y, en cambio, se dedican al trabajo informal no ha hecho más que crecer.
El problema es estructural. Así lo han demostrado años de encuestas tanto de organismos nacionales como internacionales. Pero durante el último año solo creció. Y según Luisa Brumana, representante de Unicef Argentina, esto podría traer consecuencias a largo plazo.
“Cuando las familias tienen que recortar consumos básicos como la carne o la leche, o directamente saltar comidas, esto tiene un impacto no solo sobre el presente de los chicos y chicas, sino también sobre su futuro, porque no acceder a los nutrientes necesarios en la infancia tiene efectos sobre su desarrollo”, dijo tras la entrega del informe, este martes.
El arrastre de esta condición es evidente. Otro estudio de la UCA, que regularmente mide los niveles de pobreza e indigencia, detalló en su última edición, publicada a principios de junio, que la indigencia aumentó desde el 9,6% hasta el 18%. La pobreza, en tanto, llegó al 55,5%, 10 puntos más que la medición del último trimestre de 2023.
Pero un dato interesante sale del cruzar ambos estudios. Mientras la UCA señaló que más de seis millones de trabajadores son pobres, pese a ser formales, el estudio de Unicef complementó que siete de cada 10 hogares en los que niños se quedan sin una comida diaria están a cargo de una persona con una ocupación. De ellos, seis trabajan de manera informal, y cuatro formales.
“Esto refleja una situación que se observa también al analizar los perfiles de pobreza de los hogares con niñas y niños: tener un empleo no resulta situación suficiente para salir de la pobreza”, dice al respecto el documento.
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De esto se desprende que, incluso con trabajo, a las familias argentinas les está costando comprar insumos básicos de alimentación. El 30% debió acudir a un préstamo o pedir fiado para comprar, y la mitad de los encuestados -es decir, casi siete millones de menores de edad- señaló que tuvo que dejar de comprar algún alimento por falta de dinero, consignó el informe de la ONU. Esto es un 11% más que la misma situación, pero en 2023.
En cuanto al acceso a la comida, el relativo a la carne, la leche y otros lácteos disminuyó en un gran parte de los niños, según la última medición. De los 16 millones de niñas, niños y adolescentes que viven en el país vecino, 10 de ellos vieron una reducción significativa en el consumo de los citados alimentos. Por otro lado, subió un 24% la compra de los más baratos y menos nutritivos, como los fideos, la harina y el pan.
El avance año a año de familias que tuvieron que dejar de comprar al menos un alimento es evidente en los gráficos. Para 2020, las tres mediciones rondaban el 26% y el 28% de las familias. En 2021, pandemia de por medio, creció hasta el 41% y el 39% en las dos encuestas. Ya con los encierros a la baja, la cifra descendió al 36% en 2022, y regresó al 41% durante el año pasado. Para abril de 2024, el indicador llegó a su máximo histórico, con el 52% de los encuestados admitiendo haber dejado de comprar un alimento debido a dificultades económicas.
Pero lo relativo a la comida no es lo único que se ha visto afectado por el presente económico del país. Algunos padres y sostenedores de hogar, puntualmente el 82% según cifras Unicef, tampoco han podido comprar libros de colegio, pagar el hospital o incluso cargar la tarjeta SUBE, para el transporte en la nación vecina. La compra de medicamentos bajó un 23%, y el 32% redujo los controles médicos y odontológicos.
El mismo documento indica que las restricciones de compras “tienen lugar en un contexto en el que más de la mitad de los hogares accede a alguna política de transferencias de ingresos. En este sentido, el 93% de las personas encuestadas cree que los programas de protección social que brinda el Estado son necesarios, pero en el 68% de los hogares que reciben estas prestaciones el dinero les alcanza para menos de la mitad de los gastos”.
Si bien se trata de un problema que se arrastra por varios gobiernos, la política del ajuste del gobierno de Javier Milei tampoco ayuda, al menos en el corto plazo, a sanear la situación. “Esto se produce en un contexto en donde las partidas presupuestarias de la Administración Nacional dirigidas a la niñez y adolescencia muestran una caída del 25% en términos reales en los primeros cinco meses de 2024 con relación al mismo período de 2023″, dijo a La Nación Sebastián Waisgrais, especialista en inclusión social y monitoreo de derechos de Unicef Argentina.
Lo complementa María Medina, coordinadora del comedor “Sueños cumplidos”, en el barrio Las Lilas. “Un guiso de carne hoy es un milagro”, dijo a El Diario AR. “Cuesta muchísimo comprar un pedazo de carne, es un lujo. Pero también el pan, la leche, las cosas básicas que necesita una criatura para alimentarse”, añadió.
En línea similar, Paula Pani, médica que dirige el Centro de Atención Primaria de la Salud 25, en la provincia de Buenos Aires, añadió que si bien la malnutrición es algo que ya sucedía, empeoró en los últimos meses porque se recortaron los insumos a los comedores. “Por supuesto que repercute en la salud inmediata: vemos aumento de cuadros respiratorios o diarreas por la malnutrición. También el déficit de proteínas, por ejemplo, trae diarrea y cuestiones asociadas con la falta de proteínas”, dijo al medio local.
Al mismo tiempo, el escándalo de los alimentos a punto de vencer que no fueron entregados por el superministerio de Capital Humano fue objeto de críticas. A ello se le suma lo reportado por La Nación acerca de dos procesos de compra de alimentos a través de organismos internacionales, ambos estancados porque la directiva de la cartera dirigida por Sandra Pettovello no ha dado la orden.
Se trataría de un acuerdo por una cifra cercana a los 7.000 millones de pesos argentinos con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), y otro por 14.000 millones de pesos con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
El de los alimentos no es el único problema que aquejan a la infancia y la adolescencia argentina. No es extraño, relató La Nación, encontrarse con niños en el Subte, el Metro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, rapeando con un parlante, vendiendo pulseras. Otros dos acompañan a su padre a revisar contenedores de basura en la urbe transandina, una práctica muy común. Suben los cartones a un carro y van al siguiente.
No son adolescentes. Se trata de niños de entre 6 y 10 años que deben salir a la calle y convertirse en parte del sustento económico de la familia. Así como ellos, son cientos de miles los que así lo hacen, según cifras entregadas por el Barómetro de la Deuda Social de la Infancia de la UCA.
Fue cerca de medio millón, unos 456.000 niños y niñas de entre 5 y 13 años, los que realizaron algún tipo de trabajo en el segundo semestre de 2023. La cifra representa el 7% del total de menores de esa franja etaria que se ha visto forzada a juntar dinero para la familia, y ha crecido considerablemente en los últimos años.
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Para 2020, en plena pandemia, era un 2,2% de los afectados los que se encontraban en esta condición considerada como una severa vulneración a los derechos del niño. En 2021 creció hasta el 3,6% de los encuestados, para dar un salto en 2022 y posicionarse en el 6,4%.
La definición de trabajo infantil de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) lo detalla como todo trabajo que priva a los niños y niñas de su niñez, su potencial y su dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico.
Al sumar a la población adolescente de entre 14 y 17 años, la cifra crece hasta el 13,7% de los menores de edad que viven en centros urbanos de Argentina. “Hay un aumento del trabajo infantil entre 2020 y 2023 en el país que está relacionado con el aumento del trabajo informal y precarizado de los adultos después de la pandemia de Covid-19″, dijo a La Nación Ianina Tuñón, la investigadora y coordinadora del informe.
En tanto, el informe Unicef planteó que los altos índices de pobreza e indigencia hacen que los niños nazcan y crezcan “en hogares donde los ingresos no alcanzan para adquirir los bienes y servicios básicos para la existencia. En muchos casos, además, estos chicos ven vulnerados otros derechos: no van a la escuela, tienen que salir tempranamente a trabajar, viven hacinados o en viviendas que no tienen baño o acceso al agua segura”.
Fuente: La Tercera