Por Marce Joan Butierrez, Resumen Latinoamericano
Se trata del primer proceso judicial que dejará constancia sobre la sistematicidad de la violencia sexual y represión contra travestis, transexuales, lesbianas y gays y sobre la participación de las fuerzas militares en estos actos criminales tendientes a disciplinar la sexualidad.
El juicio empezó en 2020 y contó con la declaración de Valeria del Mar Ramírez como la única querellante trans, pero en el 2022 se sumaron los testimonios de otras 7 travestis y trans también como querellantes. Escribe Marce Joan Butierrez en una activación de las memorias en plural, en busca de justicia y reparación histórica para el colectivo LGBTQ negada tras 40 años de democracia.
¿Qué se puede decir de la memoria que no se haya dicho antes? En la Argentina vivimos conmovidos por la memoria, embebidos en un espíritu nostálgico que nos anuda como un tango. Constantemente nos hundimos en las conmemoraciones y sus rituales y hasta habitamos el presente con cierta conciencia histórica, sabiéndonos parte de momentos, festejos y emociones que quedarán retratados en los libros.
Existe toda una estructura de monumentos, memoriales y demarcaciones que soportan una historia nacional mixturada de grandes relatos y pequeñas narraciones y tradiciones orales. Los últimos veinte años, la memoria ha sido un eje vertebrador de la vida política y hemos visto con felicidad caer los retratos de los represores de las paredes de la ex-ESMA, los antiguos centros de detención convertidos en espacios de memoria y la lucha de Madres, Abuelas e hijos de detenidos y desaparecidos conmemorarse en las escuelas cada 24 de marzo. Pero la memoria permaneció durante mucho tiempo como un privilegio acotado a la nación cis-heterosexual. Sólo en la última década se han cristalizado proyectos para reconstruir la memoria de travestis, transexuales, gays y lesbianas. Archivos, films e investigaciones fueron forjando una narrativa específica para nombrar las violencias vividas por estos colectivos a los que ninguna calle nombra, ningún monumento retrata y ningún edificio conmemora.
En la Argentina no sólo se trata de memoria. El axioma funciona articulando la memoria con la verdad, y ambas con la justicia. Y esta última es una de las materias pendientes para los colectivos de travestis, transexuales, gays y lesbianas. La mayoría, sino todos, los crímenes cometidos contra nuestra identidad y nuestro deseo son aún parte de la gran deuda de la democracia. Aunque desde los espacios académicos y determinados proyectos militantes se han realizado esfuerzos por caracterizar y representar la historia de la violencia política contra nuestras comunidades, aunque hemos intentado ponerle nombres propios a las tumbas de nuestras compañeras, aún estamos lejos de conseguir justicia y reparación de las torturas, maltratos, asesinatos y detenciones ilegales con las que el Estado persiguió y exterminó a las sexualidades disidentes. Afortunadamente poco a poco se han ido abriendo ventanas de oportunidad a través de las cuales la justicia echa luz sobre la verdad e intenta resarcir a las víctimas.
En 2018 en la provincia de Santa Fe un grupo de diez mujeres trans y travestis, valiéndose de un recurso judicial y apelando a la ley provincial que estipula las reparaciones para víctimas de la dictadura, obtuvieron una pensión reparatoria que no sólo les permite acceder a condiciones mínimas de vida, sino que reconoce la responsabilidad estatal en las violencias recibidas.
En 2022, Valería del Mar Ramírez fue la primera mujer trans en ser querellante en una causa de lesa humanidad y en ofrecer su testimonio sobre las violencias que vivió durante su detención en el pozo de Banfield. También en 2020, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación reconoció a Karina Pintarelli como víctima del ensañamiento sistemático llevado adelante por la dictadura cívico-militar contra las personas trans y más recientemente estipuló que debía ser reparada bajo los términos de la ley 24.043 que establece pensiones para expresos políticos.
En 2022, Carla Gutierréz y Julieta “La Trachyn” González recibieron también la reparación histórica de parte del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, tras reconocerlas como víctimas de violencia en centros clandestinos de detención. Estos pocos antecedentes dan cuenta de pequeños pero significativos avances por trascender la memoria y construir justicia para el colectivo travesti trans.
Pero entre estos esfuerzos significativos, el proceso judicial que acompaña a la megacausa que investiga los crímenes de los centros clandestinos “Pozo de Banfield” y “Pozo de Quilmes” promete ser el primero en dejar constancia sobre la sistematicidad de la violencia contra travestis, transexuales, lesbianas y gays y sobre la participación de las fuerzas militares en estos actos criminales tendientes a disciplinar la sexualidad. Este juicio inició en octubre de 2020 y contó con la declaración de Valeria del Mar Ramírez como la única querellante trans, pero en el 2022 se sumaron los testimonios de otras siete travestis y trans también como querellantes. La incorporación de estas ocho víctimas trans en la megacausa permitirá un antecedente significativo en el reconocimiento estatal del plan sistemático de represión y violencia sexual contra el colectivo LGBT durante la dictadura, pero también establecerá a futuro la responsabilidad estatal y policial en la prolongación de esta violencia en tiempos democráticos.
La investigación
La fiscal Ana Oberlin es una pieza clave en esta investigación. Su tesis doctoral estuvo enfocada en las violencias recibidas por travestis y trans durante la dictadura y es conocedora de las diferentes investigaciones previas sobre esta materia. Su designación como fiscal en la megacausa de los pozos de Banfield y Quilmes, le permitió incluir en la acusación los casos de travestis y trans e impregnar de una perspectiva de género esta causa. La investigación judicial reviste características distintas a los devaneos intelectuales con los que muchas veces los y las investigadores provenientes de las ciencias sociales podemos entorpecer el entendimiento de ciertos acontecimientos históricos. Aquí se trata de probar hechos y alcanzar condenas contra los perpetradores, y para ello se deben construir los casos con determinación y evitando dejar lugar a dudas. Oberlin apunta a dejar en claro tres cuestiones centrales: que durante la dictadura se intensificó la violencia contra el colectivo LGBT, que los perpetradores eran militares y empleaban una modalidad específica para las detenciones y torturas, que se ejerció violencia sexual y que las víctimas compartieron espacios de detención con los detenidos y desaparecidos cis. Con esta estrategia acusatoria, la fiscalía espera obtener condenas y abrir el camino a que las víctimas sean reconocidas como tales y reparadas económicamente por el Estado.
Las investigaciones académicas en torno a esta cuestión han derivado en diferentes conclusiones. Para algunos investigadores es imposible anudar las violencias contra el colectivo LGBT a las recibidas por activistas obreros, estudiantiles y de izquierda durante la dictadura, debido a que mientras estos últimos recibían torturas, detenciones clandestinas y desaparición con técnicas especialmente crueles orientadas a provocar la delación; las travestis, transexuales, gays y lesbianas recibieron otra tipo de violencia que por lo general no condujo a la desaparición física. En muchos casos esta idea se ve fortalecida por su dimensión temporal, ya que la persecución, detención y sanción de la sexualidad es anterior a la dictadura y se extiende más allá de los límites de esta. Además esta se sustenta en leyes, edictos y códigos contravencionales sancionados bajo gobiernos democráticos que estuvieron en vigencia desde la década de 1930 hasta fines del siglo XX. Existen también investigaciones y entrevistas a activistas del Frente de Liberación Homosexual, donde se muestra que el objetivo de las fuerzas represivas era la disidencia política antes que la sexual. También ha proliferado el debate respecto al número de 400 desaparecidos LGBT. Por otra parte, existen investigaciones que defienden fervientemente la hipótesis de que el colectivo LGBT fue un objetivo del exterminio llevado adelante por las juntas militares, que sustentan su acusación en testimonios, documentos y memorias donde se deja constancia sobre la sistematicidad y especificidad de la violencia durante este período. En esta segunda línea se inscriben los trabajos de Oberlin y otros especialistas que han sido convocados como testimoniantes en la megacausa de los pozos de Banfield, Quilmes y Lanús.
En su texto Mujeres trans y travestis: una gran deuda para tener una mejor democracia publicado recientemente por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Museo Sitio de Memoria ESMA, Ana Oberlin dice:
“Lo que sobrevino (a travestis, trans, lesbianas y gays) durante los años del terrorismo de Estado es que esas violencias se intensificaron. Además, esa intensificación se focalizó particularmente sobre mujeres trans y travestis que, en casi su totalidad, se encontraban en situación de prostitución callejera y, por esa razón, más expuestas al ataque de las fuerzas represivas. Se adicionaron, a la violencia estatal cotidiana, los dispositivos propios del terrorismo de Estado: sufrieron desaparición forzada y fueron llevadas a diferentes centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, donde vivieron torturas continuas, con particular ensañamiento. A ello se añadió que a su persecución se agregaron a las policías –encargadas desde siempre de su represión– otros grupos pertenecientes a las fuerzas armadas y de seguridad, con integrantes civiles, que actuaron durante esos años”.
Son estos simples pero efectivos fundamentos los que sostienen las acusaciones de la fiscalía en la causa. Sin las dilaciones, matices y recovecos que otros investigadores solemos darnos para complejizar nuestros análisis, la investigación llevada adelante por Oberlin, a partir de testimonios de mujeres trans y travestis, permite una caracterización clara de la violencia durante el período. Las ocho querellantes coinciden en señalar que fueron detenidas por las fuerzas militares, llevadas a los centros clandestinos de detención y agredidas sexualmente. En ese contexto recibieron un tipo específico de violencia distinto al que antes y después de la dictadura recibieron en los calabozos y comisarías de la democracia.
Testigos expertos
El martes 14 de marzo, declaró ante el tribunal el Dr. Flavio Rapisardi como especialista en la materia y a fin de fortalecer la idea de sistematicidad y especificidad de la violencia militar contra las personas LGBT. Durante su exposición explicó el proceso de investigación que llevó adelante como integrante del Centro de Estudios Queer y Multiculturalismos de la Universidad de Buenos Aires y que dio lugar a la publicación de Fiestas, Baños y Exilios. Los gays durante la última dictadura militar junto a Alejandro Modarelli. Este texto es un clásico en la literatura LGBT argentina y un texto de referencia para quienes pensamos las violencias durante la dictadura.
En su declaración, Rapisardi señaló que siguiendo la propuesta del reconocido historiador Daniel Feierstein -especializado en los procesos genocidas-, identificaron que la dictadura militar operó siguiendo un sistema que iniciaba con el “marcaje” de los sujetos LGBT, continuaba con la identificación efectiva de ese grupo y culminaba con el exterminio, que podía ser genocida o por goteo.
“Muchos de los testimonios que recogimos en la investigación aparecen durante el año 1975, poco después de la muerte de Perón.
En aquellos años la aparición de la triple A (Alianza Argentina Anticomunista) comienza a dar forma a la imagen de un enemigo interno. En la Revista El Caudillo (dirigida por el entonces ministro López Rega) y en una pegatina en las calles de Buenos Aires, se difunde una ilustración titulada “El árbol de la subversión” donde se veía un árbol donde se veían como raíces los grupos revolucionarios cómo el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y en las ramas el término HOMOSEXUALIDAD, actualmente pasado de moda. Esto significó el marcaje de un sector de la población identificado como el enemigo”, declaró Rapisardi.
Su investigación abordó entre 150 y 170 entrevistas a diferentes personas LGBT que vivieron durante la dictadura y permitieron caracterizar espacios y prácticas de sociabilidad que sirvieron como refugio ante la violencia estatal. La existencia de estas prácticas específicas de sociabilidad que Rapisardi y Modarelli identifican a partir de 1976 y no antes, dan cuenta del incremento de la violencia sistemática de las juntas militares contra el colectivo gay. Estos sitios de encuentro clandestino se inventaron como respuesta al creciente pánico moral alimentado por los medios afiliados a las fuerzas represivas en torno al peligro del “sujeto homosexual”.
En su declaración, Rapisardi señaló que este sistema de fiestas, baños y exilios fue identificado y desarticulado por las fuerzas de seguridad, especialmente utilizando servicios de información que investigaban de cerca el accionar de gays y lesbianas en estos sitios. Los baños de las estaciones de las Líneas Mitre y Sarmiento, que atraviesan el conurbano bonaerense y la capital federal, fueron objeto de vigilancia y represión. Ya habían sido objeto de regulación durante la gestión del comisario Margaride (en tiempos de Onganía), quién ordenó su clausura; pero a partir de la última dictadura muchos efectivos ingresaban en los baños vestidos de civil para hacer inteligencia. Una vez allí tenían relaciones con homosexuales a los que identificaban, perseguían y detenían. Esta acción significa un tipo de violencia sexual que en muchas ocasiones se repetía en las comisarias y centros detención.
Esto refuerza la tesis de que la violencia contra el colectivo LGBT en la dictadura no sólo era llevada adelante por la policía regular, sino que tomaban parte en estas acciones otras fuerzas de seguridad e inteligencia. También da cuenta de un modo específico de identificación y sanción de la disidencia sexual que no se había producido anteriormente.
Rapisardi también relató que los detenidos eran puestos en pequeños armarios donde recibían violencia física e insultos y eran obligados a mantenerse de pie, en condiciones insalubres, sin poder alimentarse o ir al baño durante más de 24 horas. La mayoría de las veces parte de esta tortura era la exhibición pública de la condición homosexual, ya que las fuerzas de seguridad llamaban telefónicamente a los familiares y/o empleadores de los detenidos para “delatar” su condición. Las travestis recibían también tortura y detenciones que podían extenderse por mucho más tiempo, ya que rara vez eran reclamadas por sus familiares. Su condición de clase y la marginalidad de su experiencia callejera, llevaba a que las travestis sean objeto de una violencia brutal, eran prácticamente cazadas en las rutas y zonas de trabajo sexual para ser secuestradas y violentadas sexualmente, a veces a manos de los militares o por otros detenidos comunes.
En su declaración Flavio Rapisardi avanzó además sobre la cuestión de los 400 desaparecidos:
“En aquel entonces -y aquí tenemos los testimonios de Carlos Jáuregui y de otros militantes- hubo una intento de acercamiento a quienes formaban parte de la CONADEP y el único que accedió a responder preguntas fue el Rabino Marshall Meyer, quien ante la pregunta de si estaban o no dejando datos sobre la orientación sexual, la identidad de género de las personas que habían sido secuestradas en los centros clandestinos de tortura y extermino de la República Argentina dijo que no habían llegado a un acuerdo. Marshall Meyer estaba de acuerdo en que se dejara un rastro sobre esto en los testimonios y nos dijo una frase que todavía hoy nos sigue sonando ‘En todos los testimonios que como parte de la CONADEP yo forme parte y escuche, puedo concluir que las personas lesbianas, gays, trans, personas con discapacidad y personas judías fueron torturadas especialmente’. Yo no quiero generar una discusión sobre grados de tortura, pero entiendo que el Rabino Meyer se refiere a que se trataba de violencia sobre colectivos que ya venían vulnerados y donde se reforzaban estereotipos y donde además de la picana y los golpes se producía un ensañamiento por su origen étnico, religioso o su identidad sexual”.
Por el temor de otros integrantes de la CONADEP a generar diferencias entre las víctimas de la dictadura se dejó de lado este rastro específico indicado por Meyer.
La declaración testimonial de Rapisardi es de enorme utilidad para caracterizar el clima de represión contra lesbianas, gays y trans durante 1976-1983. Su trabajo de investigación a partir de entrevistas y algunos documentos escritos permite construir un andamiaje intelectual de la acusación sostenida por la fiscalía. Del mismo modo, ha sido convocada a declarar próximamente la historiadora Ana Cecilia Solari Paz, investigadora del Programa de Investigación y Sitios de Memoria de la Comisión Provincial por la Memoria.
Su trabajo de investigación “aMorales en dictadura” se encuentra publicado en el blog de Potencia Tortillera. En este trabajo se aborda a partir de un relevamiento documental de los archivos de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires (DIPPBA), la mecánica de persecución y represión desplegada por las fuerzas de seguridad entre 1976-1983. Se trata de un intenso trabajo de exploración archivística que permite reconocer la estructura policial que tuvo a su cargo el fichaje, persecución y sanción de aquellos sujetos al margen de la moral sexual cristiana de los militares.
Justicia para reparar
Foucault dice que “Más que pensar en la lucha social en términos de ‘justicia’, hay que hacer hincapié en la justicia desde la perspectiva de la lucha social”. Y es que la justicia es un terreno de enormes disputas siempre atravesado por ideales e ideologías. El filósofo francés remarca la función que los órganos de justicia tienen en las luchas sociales tanto para reprimirlas como para alentar su desarrollo.
El juicio que se lleva adelante contra los 17 imputados por los crímenes perpetrados en los centros clandestinos “Pozo de Quilmes” y “Pozo de Banfield” es una muestra de cómo hacer justicia desde la perspectiva de la lucha social.
El aparato acusatorio desplegado por la fiscalía a cargo de Ana Oberlin asume un compromiso activo con las víctimas del sistema represivo de las juntas militares y apuesta fuertemente a dejar constancia de un tipo específico de violencia que en muchos casos ha sido dejado de lado. El sistema de justicia cis-hetero centrado ha actuado siempre de un modo monolítico, priorizando su propio interés de clase y género y desechando cualquier mínima fractura que pudiera quebrar sus argumentos. Pero la apuesta de esta fiscalía desecha todo temor y se aventura a construir una acusación donde se incluyen estas otras violencias de las que hasta ahora sólo se habían hablado en círculos académicos y de militancia LGBT.
La participación de investigadores del campo de las ciencias sociales en este proceso judicial alerta sobre la dimensión política que tiene la búsqueda de la verdad. No sólo se trata de acumular documentos y testimonios, producir complejos análisis y llenar páginas de papers académicos, sino de producir un conocimiento comprometido con la comunidad cuya utilidad nos permita acceder a derechos históricamente negados. Los trabajos de Rapisardi y Solari Paz, así como el de Oberlin, trascienden el mero análisis y ofrecen el andamiaje para identificar el accionar criminal de las fuerzas de seguridad durante la dictadura y son un trampolín sobre el cual brincar por encima de las deudas de la democracia. El trabajo de esta fiscalía apunta no solo a lograr que se condenen los hechos del pasado, sino a dejar un precedente jurídico que sirva de jurisprudencia para futuras demandas contra las diferentes fuerzas de seguridad que tanto en democracia como en dictaduras han sido verdugo de nuestras compañeras y compañeros. También ofrece argumentos firmes para la lucha por una ley de reparación histórica del colectivo trans que lleva demasiado tiempo en espera.
De un lado y otro del muro, investigadores y funcionarios judiciales podemos (y debemos) perforar los sentidos instalados sobre la violencia dictatorial hasta cavar un túnel que nos conecte y permita que nuestras perspectivas se entrelacen también con las de activismos. Esta operación de ruptura y encuentro es la única forma de que las memorias se activen, se acerquen para producir verdades y nos permita llegar a una justicia y reparación histórica para el colectivo LGBT ariscamente negada tras cuarenta años de democracia.
Fuente: Resumen Latinoamericano/LATFEM
