La decisión del gobierno de Javier Milei de eliminar definitivamente los programas sociales que reemplazaron al ex Potenciar Trabajo dejará sin ingresos a más de 900.000 beneficiarios en todo el país, entre ellos cerca de 27 mil salteños. La decisión llega luego de un prolongado proceso de deterioro del poder adquisitivo del beneficio, que desde diciembre de 2023 permanecía congelado en $78.000 mensuales.
El programa, rebautizado como “Volver al Trabajo” por el Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello, había sido concebido originalmente como una prestación equivalente al 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), a cambio de tareas comunitarias o capacitaciones laborales. Sin embargo, tras el cambio de gestión, el monto dejó de actualizarse en relación al salario mínimo y quedó fijo, perdiendo rápidamente su capacidad de compra frente a la inflación.
El poder adquisitivo del beneficio se desplomó un 71,9% entre diciembre de 2023 y febrero de 2026. Para mantener el mismo nivel de compra que tenía en noviembre de 2023, el ingreso debería haber ascendido a $277.752, es decir más de tres veces el monto efectivamente percibido.
La situación se agravará en los próximos meses, porque desde mayo directamente dejará de existir. Con esta decisión, el Gobierno proyecta un recorte presupuestario cercano a los $600.000 millones en lo que resta de 2026, consolidando su política de ajuste sobre el gasto social.
En Salta, el impacto será especialmente sensible. Miles de beneficiarios cumplen tareas en comedores, merenderos y espacios comunitarios que sostienen la asistencia alimentaria en los barrios más vulnerables. La desaparición de estos ingresos no solo afecta a quienes los perciben, sino también a las redes de contención social que dependen de ese trabajo.
Las referentes del Polo Obrero Gabriela Cerrano y Jorgelina Franco, advirtieron sobre una “masacre social”. Franco cuestionó los argumentos oficiales sobre la reconversión en capacitaciones laborales y señaló que, en un contexto de cierre de fábricas y pérdida de empleo, las oportunidades reales son prácticamente inexistentes.
Por su parte, Cerrano subrayó el impacto concreto del ingreso en la vida cotidiana: incluso deteriorado, el monto permitía a muchas familias afrontar gastos básicos como servicios o alimentos. “Con esos 78 mil pesos, algunas familias podían pagar la luz o comprar carne, tal vez una vez al mes”, sostuvo.
La eliminación de los programas marca así el cierre de una etapa en la política social reciente, pero también abre un escenario de mayor vulnerabilidad para miles de hogares salteños. Con ingresos que ya habían sido fuertemente erosionados por la inflación, la pérdida total del beneficio profundiza una crisis que, en los barrios, se expresa en la creciente dificultad para cubrir necesidades básicas.
