Así lo consideró en El Acople la activista trans, Daniela Funes Xamena al insistir con la necesidad de derogar el artículo 114 del Código Contravencional.
Daniela contó que el articulo «habilita a la policía a cometer todo tipo de delitos y abusos contra las compañeras trans, un sector vulnerable que tiene de un 80 a 90% viviendo de la prostitución».
La activista dijo que cada vez es más difícil la vida de las mujeres trans, porque la policía cruzó un límite «agrediendo a las compañeras de día, porque noche ocurre diariamente» y agregó que la fuerza de seguridad «tiene un sesgo homofóbico y transfóbico desde que soy niña: no ha cambiado desde la dictadura militar, antes con los edictos policiales y hoy, con el Código Contravencional».
Por ello, analizó que el artículo 114 habilita a todo tipo de abusos, por el solo hecho de ser trans. De hecho, comparó y dijo que a una mujer que sale vestida con pantalón ajustado y escote; no se la reprime. En cambio, una compañera trans «no puede vestirse como quiere porque la acusan de prostituirse en la vía pública».
Se vulneran derechos y garantías constitucionales y los convenios de derechos humanos internacionales a los que adhirió nuestro país, como el respeto a la diversidad, la libre circulación y los derechos elementales – Daniela Funes
En ese sentido, Funes Xamena aclaró que el colectivo trans no insistirá con la creación de una zona roja, porque si existiera «la contravención estará anulada solo en ese lugar; y la aplicarán cuando las mujeres salgan de esa área y serán víctimas de vejámenes», afirmó.
Recordó que la expectativa de vida de las mujeres trans es de 35 años y criticó la ausencia de prevención estatal, cuando se sabe que detectaron a menores de 12 a 15 años que llegan a la prostitución y no se las contiene ni se denuncia formalmente la explotación sexual de las cuales son víctimas.
«Tenemos testimonios de policías que detuvieron a menores que ejercían la prostitución, cuando su obligación como funcionarios públicos es denunciar el hallazgo de menores explotadas sexualmente», sostuvo la activista y dijo que no hacen las denuncias porque «se trata de personas trans».
Ninguna de las denuncias contra la policía prosperaron: el sesgo homofóbico está en la policía, la justicia y la sociedad salteña. La activista fue dura al sostener que las mujeres trans «somos ciudadanas de segunda a las que se desecha como basura y si las compañeras tuvieran una inclusión real, no estarían en la calle. Tratan de matar a la prostitución matando a la prostituta, en lugar de dar herramientas legales y legitimas y dignas para prevenir que las compañeras lleguen a la prostitución», sentenció.
En el mismo sentido, agregó que «cuando ya están en la prostitución, no hay una herramienta de rescate como el cupo laboral trans. No lo pedimos como privilegio, lo pedimos porque conocemos la situación real de las mujeres trans; expulsadas de su hogar desde los 13 años; de la escuela y de la sociedad» apuntó.
Además, precisó que la legislación argentina es abolicionista y en consecuencia, no puede haber norma que legalice ni prohíba la prostitución, «porque para la legislación argentina la prostitución es un problema social y debe considerar como víctima a quien la ejerce».
Y marcó la diferencia con la normativa local: «Eso no hace la legislación salteña; las considera como delincuentes, dignas de ser reprimidas, abusadas, violentadas y violadas, golpeadas, escupidas, por la policía de Salta. Una contravención es una falta leve, y se reprime como delito penal», puntualizó. Por ello, comparó con otras contravenciones y dijo que a «un hombre que orina en la calle comete una contravención, pero a un policía no se le ocurriría esposarlo, o agarrarlo a balazos y subirlo a la caja de una camioneta y pisarle la cabeza».
Finalmente, Funes Xamena afirmó que «hay una legislación que permite que la Policía abuse; una clase política que siempre hizo oídos sordos a la comunidad trans y una sociedad que da la espalda». «El pedido tiene 30 años», sentenció.
