Con la nueva prórroga de la Emergencia Pública en Materia Social por Violencia de Género, aprobada en definitiva este jueves por el Senado de la Provincia, se cumplen los primeros seis años de la vigencia de una declaración que a pesar de promover el uso de todas los recursos posibles para disminuir y erradicar la violencia contra las Mujeres, no lo ha conseguido. La vigencia de la Ley 7.857, que declara la Emergencia Publica en Materia Social por Violencia de Género en todo el territorio de la Provincia de Salta, tiene una vigencia de dos años más. En 2020 ya hubo al menos, ocho femicidios.
La provincia de Salta, declaró el estado de emergencia por la violencia contra las mujeres en septiembre de 2014. Entonces, en una provincia de 1.300.000 habitantes, se habían denunciado más de 100.000 casos de violencia de género desde 2006.
Fue en Salta, destino turístico conocido, donde dos estudiantes francesas, Houria Moumni y Cassandre Bouvier, fueron violadas y asesinadas en 2011. Desde enero de 2013 hasta mediados de 2014, una mujer había sido asesinada cada mes, según las estadísticas judiciales.
En 2014, los medios locales reflejaron esta realidad. María del Milagro, una joven de 24 años, desaparecida desde agosto. Abigail Rosaura Antelo, 17 años, su cadáver, denudo y en descomposición, fue hallado a principios de septiembre. Evelyn Beatriz Rivera, 38 años, masacrada a golpes en la cabeza hasta morir, sólo 4 días antes de la declaración de 2014.
Más atrás en el tiempo, los titulares sangraban violencia. Una policía salvó a una niña de 5 años abusada en la vía pública (agosto). Joven de 26 años asesinada por su exnovio (julio). Niegan el derecho al aborto a una niña de 13 años violada por su padrastro (mayo).
«Las diversas situaciones que se dieron en los últimos tiempos en Salta, en las cuales fueron víctimas mujeres, nos obliga como responsables de la gestión pública, de la implementación de políticas públicas, a tratar de dar respuesta a una situación que preocupa a todos los salteños», señaló el Gobierno, al presentar el decreto de necesidad y urgencia, el Nº2654, que tuvo una primera validez de dos años y que fue remitido a la Legislatura.
La norma se acompañó, de una serie de medidas que pretendían erradicar la violencia contra las mujeres, como la creación de juzgados de Violencia Familiar y de Género, un juzgado Fiscal Penal de Violencia de Género, hogares de protección temporal y albergues para las víctimas.
El mismo día en que en que se declaraba la emergencia, los tribunales de Salta daban a conocer una cifra: 8.417. Fue el número de denuncias por violencia doméstica presentadas en un año ante los tribunales provinciales. La cifra elevó a 103.325 las denuncias desde que en 2006 se puso en vigencia la ley 7403, de protección de víctimas de violencia familiar.
A pesar de todas las herramientas destinadas a compartir la violencia, seis años después la grave situación no ha mejorado: solo en 2020, hubo un femicidio cada 34 días en Salta, porque en los primeros nueve meses del año se registraron al menos ocho asesinatos de mujeres por cuestiones de género.
El Senado también aprobó este jueves la creación de otra comisión: la deAnálisis de Reforma de la Ley Provincial 7.888 de Violencia De Género (Expte. Nº 90-28.937/2020).
Pasó a la Cámara de Diputados en revisión.
Fuente: Senado/OVcM/El País/El Acople
