Por Silvia Noviasky

En Ciudadana relevamos quiénes son los investigados y cómo funcionaba la red que explotó a más de 30 adolescentes de Colegios públicos y privados. Los rostros de los imputados se mantienen en reserva para proteger el avance de la investigación. La Justicia Federal de Salta destapó (y continúa a media que avanza la investigación) destapando el caso de trata de niñas y adolescentes con fines de explotación sexual más grave de los últimos años en la provincia.

 

Las víctimas

Hasta ahora: 35 adolescentes de colegios de zona sur, centro y norte, de colegios públicos y de 4 colegios privados. Las edades varían, hay desde 12 años.
La mayoría proviene de hogares disfuncionales.
Algunas de ellas contrajeron enfermedades venéreas y quedaron adictas por las drogas suministradas.

 

Una red estructurada: quiénes eran y qué rol cumplía cada integrante

La investigación reconstruyó el funcionamiento de una estructura que operaba al menos desde 2023. Hoy hay 9 varones imputados, 7 de ellos con prisión preventiva, y uno con domiciliaria.

 

Víctor Chorolque – remisero: organizador, captador y abusador

Considerado el principal operador de la red, era quien cooptaba a las adolescentes, las trasladaba y las presentaba a los explotadores.

Según la investigación:

  • Se había ganado la confianza a partir de ser el “remisero de confianza”. También recibía información de un adolescente compañero de algunas de las chicas. Llevaba a las víctimas al departamento de uno de los imputados, Gonzalo Chibán.
  • Coordinaba los traslados en horarios escolares o al finalizarlos. Las trasladaba hacia los lugares donde se concretaba la explotación, incluidos moteles como El Castillo y establecimientos ubicados en las calles Zabala, Córdoba y la zona de Juan M. de Rosas.
  • Solicitaba habitaciones en los moteles y organizaba el movimiento de las víctimas.
  • Además abusó de ellas y, según mensajes incorporados a la causa, afirmaba haber “probado a todas” antes de ofrecérselas a los otros miembros.

Para los investigadores, Chorolque cumplía un rol central: era el nexo entre las adolescentes y los explotadores, y garantizaba la disponibilidad de las víctimas.

 

Gonzalo Chibán – comerciante y propietario de departamentos

Dueño de un comercio de sanitarios y de cuatro departamentos ubicados en la calle Santiago del Estero, es señalado como uno de los principales beneficiarios de la explotación sexual.

Según la causa:

  • Recibía a las víctimas en su departamento donde abusaba de ellas.
  • Exigía tríos y pedía encuentros con su primo.
  • Les ofrecía vino, drogas y pastillas para mantenerlas bajo efectos que “les hacían perder la noción del tiempo”.
  • Según testimonios, suministraba MDMA, hongos y otras sustancias; una víctima de 12 años relató que él le daba una pastilla debajo de la lengua que le provocaba lagunas de memoria.
  • Amenazó a dos adolescentes con “escracharlas por prostitutas”.
  • Algunas víctimas desarrollaron adicción a las sustancias suministradas.

Testimonios coinciden en que Chibán era “el peor de todos”: exigente, manipulador y proveedor sistemático de drogas para facilitar los abusos.

 

Juan Manuel Saravia – propietario de una gráfica, tiene vínculos políticos

Trabajador del rubro gráfico, tiene vínculos laborales con políticos por dedicarse a las pegatinas. Está acusado de integrar la red y explotar sexualmente a menores.
Su defensor oficial solicitó prisión domiciliaria argumentando que debía cuidar a su madre enferma, pedido que la Justicia autorizó.

 

Pol Fredy (“Sugar Daddy”) – repartidor de agua, con antecedentes

De origen jujeño y residente en Grand Bourg, ya había sido condenado por promoción y facilitación de la prostitución.

En este caso:

  • Se hacía pasar por “el tío” de
  •  algunas adolescentes.
  • Las manipulaba diciéndoles que “estaba mal que se prostituyeran”, pero luego explotó al menos a dos de ellas.

 

“Chato” Sarapura –  propietario de una Carnicería

Propietario de una carnicería de Castañares, reconoció haber estado con una adolescente de 14 años.  También explotó a las adolescentes. Pedía que le presentaran nuevas víctimas.

 

Otros detenidos: Coria y Colque

Se investiga la participación de Coria, quién sería propietario de sodería, y Colque, cuyo rol se vincula a la facilitación de encuentros y posibles pagos.
Sus funciones dentro de la red aún se encuentran en proceso de esclarecimiento, pero ambos están sospechados de participar como clientes y facilitadores.

 

El compañero

Marcaba a sus compañeras con el remisero Chorolque. Daba información sobre si alguna era “virgen”. La justicia lo imputó, pero se analiza su situación por su edad.

 

Modus operandi: moteles, fiestas y “pagos” por los abusos

Las adolescentes eran trasladadas a:

  • Moteles de zona sur, como El Castillo y otro en Zabala y Córdoba.
  • Un motel de zona norte, en Juan M. de Rosas / 17 de Octubre.
  • Departamentos de uso privado en Santiago del Estero.
  • Las invitaron a fiestas en el dique Cabra Corral y San Lorenzo.

Los “pagos” a las víctimas consistían en:

  • Dinero en efectivo.
  • Drogas suministradas por los acusados.

Al tratarse de una persona menor con una mayor de 18 años, así hubiera existido el intercambio de dinero o cualquier otro valor, es abuso y es un delito en nuestro país.

 

La investigación

La investigación se inició en septiembre a raíz de la denuncia de una madre. Está a cargo del fiscal federal general Eduardo Villalba y del juez federal de Garantías N.º 1, Julio Bavio, hizo lugar al requerimiento del fiscal general Eduardo Villalba y la auxiliar fiscal Roxana Gual.  La imputación de la fiscalía para la mayor parte de los acusados es la de coautores del delito de trata de personas con fines de captación, promoción, facilitación y explotación sexual, agravado por la minoría de edad, la situación de vulnerabilidad, la multiplicidad de víctimas, la participación de más de tres personas y por haberse consumado la explotación. La pena prevista para estos delitos va de 10 a 15 años de prisión.

Fuente: Ciudadana Comunicación