Falleció a los 95 años el empresario que estuvo durante más de cuatro décadas al frente de la empresa Ledesma. Fue llevado a juicio acusado por secuestros en las «Noches del Apagón» en Jujuy, pero no llegó a sentarse en el banquillo de los acusados gracias a la Corte y Casación.

A los 95 años y tras estar internado cerca de un mes en la clínica Zabala, en Buenos Aires, murió el empresario Carlos Pedro Blaquier, que estuvo durante varias décadas al frente de la empresa Ledesma, el ingenio azucarero más importante del país, y quien se convirtió en símbolo de los empresarios cómplices de la dictadura cívico-militar.

Blaquier encabezó como presidente su empresa durante 43 años consecutivos, desde 1970 hasta 2013, aunque también fue miembro de su directorio por más de 50 años.

Ledesma, empresa ubicada en la provincia de Jujuy, tiene más de 100 años de historia y actualmente es la principal compañía del país productora de azúcar y papel, aunque también cuenta con una importante participación en los mercados de frutas y jugos cítricos, alcohol, bioetanol, carne y cereales.

La firma definió hoy a Balquier en un comunicado como un “emblema del empresariado argentino” y un “gran defensor de la industrialización nacional”.

Sin embargo, la definición no se ajusta a la realidad que investigó la justicia, al menos no solamente: es que Blaquier murió impune pero procesado por secuestros ocurridos en 1976 en la zona de influencia del ingenio Ledesma en Jujuy hace once años.

Para no tener que sentarse en el banquillo de los acusados contó -¿cómo podría ser distinto?- con la ayuda de la Corte Suprema y la Cámara Federal de Casación Penal, máximos tribunales penales para estirar plazos y dilatar las investigaciones en su contra.

Antes del golpe de Estado, un grupo de intelectuales -que funcionaría como usina de ideas del régimen militar- solía reunirse en su palacete de la calle Azcuénaga, como recupera Luciana Bertoia en Página 12.

En 2012, la justicia federal procesó a Blaquier por secuestros y desapariciones que ocurrieron inmediatamente después del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y por los que tuvieron lugar en julio de 1976 en lo que se conoció como las «Noches del Apagón».

En esa jornada las fuerzas de seguridad salían a secuestrar personas bajo la protección de un corte de suministro. Esos operativos se hicieron, directamente, con camionetas que proveyó el ingenio Ledesma. La empresa también había aportado listas de los trabajadores que debían ser secuestrados.

La pata empresarial en los crímenes de la dictadura

La Cámara Federal de Casación Penal revocó el procesamiento de Blaquier en marzo de 2015. La Corte cajoneó la causa durante seis años, pese a insistentes reclamos de organismos de derechos humanos para que resolviera el caso. Recién en 2021, los supremos Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton firmaron un fallo en el que sostenían que Casación había obstaculizado indebidamente el avance de la causa contra Blaquier. No se incluyeron así mismos en esa maniobra.
Después de la resolución de la Corte, las querellas pidieron que Blaquier fuera elevado a juicio y, el año pasado, el Tribunal Oral Federal (TOF) de Jujuy lo separó del proceso por entender que no estaba en condiciones de afrontar las audiencias.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal ordenó que se le practicaran nuevos estudios para determinar cuál era el estado de salud de Blaquier, proceso en el que estaba el Cuerpo Médico Forense (CMF).

Días atrás, la defensa de Blaquier avisó que estaba con nuevos problemas de salud, por lo que los exámenes que restaban no podrían practicarse, según P12.

El año pasado, una investigación llevada adelante por el juez federal Ariel Lijo y la fiscal Alejandra Mángano lo vinculó como un cliente estable de la secta VIP de Villa Crespo. Esa organización explotaba sexualmente a mujeres jóvenes. Desde Ledesma entonces optaron por el silencio.

En la causa por los secuestros y las desapariciones de 1976 ocurridos en Jujuy también está acusado Alberto Lemos, el exadministrador del ingenio Ledesma. El TOF de esa provincia debería avanzar con el proceso en su contra para determinar la responsabilidad que tuvo la empresa que históricamente perteneció a la familia Arrieta –padres de la exesposa de Blaquier– con los crímenes de la última dictadura.

Fuente: www.politicargentina.com