El interventor del Ente Nacional Regulador del Gas declaró en contra de la gestión anterior de Juntos por el Cambio y enfatizó que «de los 3 millones de usuarias y usuarios que considera este proyecto, cerca de 2,6 millones percibirán un 30% de descuento».
Bernal resaltó además -parafraseando al diputado Máximo Kirchner- que el proyecto implica «un cambio de paradigma en relación a lo que se hizo en cuatro años del gobierno de Juntos por el Cambio con las tarifas», según un artículo del interventor que difundió esta tarde el organismo.
Respecto a la cuestión fiscal, el titular de Enargas explicó que «no hay impacto en tanto no se necesitan transferencias directas del Tesoro para solventar el funcionamiento del régimen de zona fría» ya que los recursos saldrán del «recargo sobre el precio de venta del gas en boca de pozo y que hoy por hoy es de 4,46%» que hará el Fondo Fiduciario creado para tal fin.
Además, ponderó Bernal que «de los 3 millones de usuarias y usuarios que considera este proyecto, cerca de 2,6 millones percibirán un 30% de descuento para todas las facturas del año, mientras que unos 400.000 que actualmente tienen tarifa social serán además -acreedores de un 50% de descuento en la factura».
«No hay impacto en tanto no se necesitan transferencias directas del Tesoro para solventar el funcionamiento del régimen de zona fría»
Por otro lado, descartó la necesidad de mayores subsidios para solventar el régimen propuesto y estimó que, «en las condiciones actuales, las modificaciones del tipo de cambio conducirían a una mayor recaudación por parte del Fondo con respecto a lo calculado».
Asimismo, Bernal rechazó que la ley signifique un aumento considerable en las facturas de los usuarios y vaticinó que «que el impacto debería ser en cualquier caso marginal, sobre todo en los casi 4 millones de usuarios y usuarias beneficiadas que percibirán descuentos del 30% al 50%».
El proyecto de ley denominado Zonas Frías propone la disminución de tarifas de gas en conglomerados de las provincias de Buenos Aires, Mendoza, San Juan, San Luis y Salta y alcanzaría a más de 3 millones de personas.
