Recurrir a una demanda judicial o recibir créditos gestionados por Nación y no devolverlos, son las opciones que planteó en El Acople el ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia, Marcelo López Arias, al referirse a la deuda que el Gobierno Central mantiene por la desfederalización. Dijo que la situación de 740 detenidos donde debe haber 300, es una “bomba de tiempo”.
El funcionario contó que se pasó “todo el año” negociando con el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano y que el funcionario nacional prometió que ante la falta de dinero para pagar la deuda, darían como pago cárceles modulares. “No llegaron nunca y estamos discutiendo la posibilidad de que nos ayuden con financiamiento desde principios de años para ampliar la Alcaidía”, remarcó.
“Eso sí, al financiamiento que consigan para Salta, se lo vamos a compensar con lo que ellos nos deben”, advirtió López Arias.
Sin embargo, no descartó que la Provincia demande al Gobierno Nacional. “No hay otra que recurrir a la Justicia: hemos tratado de llegar por todas las vías posibles para evitarlo, porque los litigios entre Nación y provincias suelen ser interminables, pero la deuda está documentada y es una realidad”, afirmó el Ministro.
Y reveló que existe “el absurdo de tener hoy en la Alcaidía a 740 detenidos, cuando la capacidad es para 300 presos”. Consideró que “así como están planteadas las cosas, con esta saturación, el Servicio Penitenciario cumple una tarea extraordinaria, pero en cualquier momento se nos va de las manos”. Y dijo que hoy, la situación es “una bomba de tiempo”.
Desde 2014, cuando la provincia adhirió a la Ley de Desfederalización, sumó $540 millones de deuda. “Nuestros vecinos reclamaban que las fuerzas federales no tienen la presencia territorial para protegerlos en los barrios, que proliferaban las fábricas de cocaína y paco y que los barrios estaban dominados por el narcotráfico y las fuerzas federales eran insuficientes” recordó el funcionario y dijo que por responsabilidad política y social, el Gobierno de la Provincia resolvió adherir y hacerse cargo del microtráfico.
A pesar del panorama actual en el Servicio Penitenciario, López Arias rescató que la adhesión “tuvo su lado bueno, que es que hoy hay policías en todos los barrios. La contra es que se nos saturaron las cárceles y la Nación se comprometía a pagar el mantenimiento de los detenidos y en base a pautas de actualización que están claramente establecidas. Nunca nos pagaron un peso”, finalizó.
