Organizaciones sociales, juristas y la Comisión Interamericana advierten por retrocesos e incumplimiento de obligaciones del Estado en materia de políticas de género y de memoria, a un año de la asunción de Javier Milei.
Escribe Laura Gambale en Argentina
La decisión de desfinanciar las políticas vinculadas a la construcción de memoria, verdad y justicia, al igual que cerrar programas que dan respuesta a las víctimas de violencia de género, a los jubilados y a otros sectores vulnerables de la sociedad argentina, se impone con celeridad desde la asunción a la presidencia de Javier Milei (La Libertad Avanza, LLA), en diciembre del año pasado.
El objetivo del gobierno parece tener dos grandes aristas: por un lado, achicar el Estado y llegar a “déficit cero”, cueste lo que cueste. Por el otro, dar la “batalla cultural” en la que el oficialismo entiende al que piensa distinto como un adversario; las políticas de justicia social y ambiental, desigualdad de género y reconstrucción de memoria contra el terrorismo de Estado son las que se encuentran más comprometidas.
Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la pobreza en Argentina en el primer semestre de 2024 fue de 52,9%, lo que representa un aumento de 12,8 puntos porcentuales respecto del mismo período de 2023. Esto quiere decir que ahora hay un total de 25 millones de personas bajo la línea de la pobreza.
En cuanto a la indigencia, durante el primer semestre de 2024 se duplicó en comparación con el mismo período de 2023, pasando del 9,3% al 18,1%, con un total de 8,5 millones de personas indigentes.
Qué dicen los organismos de DDHH
Para repasar lo que sucedió en Argentina durante 2024 en materia de derechos humanos, la diaria conversó con distintos espacios y referentes argentinos, quienes meses atrás hicieron un pedido formal a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos (CIDH-OEA) para exponer la fragilidad en la que se encuentran los derechos humanos en el país.
El pedido fue tomado y en noviembre el Estado argentino fue convocado ante el organismo internacional para responder sobre la vigencia de los derechos humanos en el país en el marco de la audiencia que había sido solicitada algunos meses atrás por distintos organismos de derechos humanos de Argentina.
Es válido recordar que, de acuerdo a los estándares de derechos humanos, no se puede retroceder en la garantía de los derechos: los que fueron adquiridos en el pasado no pueden ser cancelados.
Desde la mirada del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), presente en la audiencia en la que también participaron Abuelas de Plaza de Mayo, la agrupación HIJOS, Memoria Abierta y Familiares de detenidos desaparecidos, el gobierno actual “combinó en su presentación una simulación de continuidad de sus obligaciones en materia de derechos humanos y de Memoria, Verdad y Justicia en particular, con una posición más directa de relativización y reivindicación de la actuación de las Fuerzas Armadas en dictadura”.
En diálogo con la diaria, Marcela Perelman, directora de investigación del CELS, analizó los argumentos que el gobierno argentino desplegó en aquella audiencia: “Hablaron de la agresión a referentes de los derechos humanos como partidistas y corruptos, del reclamo de que supuestamente existe impunidad simbólica, jurídica y política por las víctimas de la lucha armada y del señalamiento de las políticas de memoria como doctrinarias y opacas. Son las falacias a las que apelan en forma recurrente como encuadre de un programa que incluye el desfinanciamiento, el cierre de líneas de trabajo, los despidos, el vaciamiento institucional e incluso la puesta en venta de sitios de memoria”.
Según observa la experta del CELS, bajo la premisa oficial de dar “la batalla cultural”, la posición del gobierno es atacar directamente a la reconstrucción de la memoria. Durante la audiencia, las organizaciones expusieron que la mayoría de las medidas no responden al ajuste general, sino que se trata de una “motosierra ideológica”, dirigida a combatir el desarrollo de la memoria en Argentina.
Por su parte, Verónica Torras, directora ejecutiva de Memoria Abierta, alianza de organismos de derechos humanos de Argentina, en diálogo con la diaria dijo que estamos en “un momento de ruptura que amenaza décadas de un compromiso con políticas de memoria, verdad y justicia, el cual consideramos que fue construido de manera transversal y ha incluido a los distintos gobiernos y partidos políticos a lo largo de los últimos 40 años, desde que fue recuperada la democracia en Argentina”.
Aseguró que hay una decisión en cancelar este conjunto de políticas en términos materiales con cierres de programas, despidos, vaciamiento de instituciones, entre otras medidas. Al mismo tiempo, destacó el rol del ataque simbólico que está ejecutando el gobierno con el objetivo de “deslegitimar las políticas de construcción de memoria a través del ataque simbólico”. ¿Cómo lo hacen? “Primero arrojan desde el discurso oficial un manto de sospecha sobre estas políticas junto al ataque directo a referentes históricos como son las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, entre otras organizaciones también afectadas, preparando el terreno para la cancelación de esas políticas”.
Asimismo, a lo largo de todo este año, desde las distintas organizaciones que conforman Memoria Abierta perciben con preocupación la existencia de “un conjunto reiterado de funcionarios de alto nivel que repiten argumentos negacionistas de la última dictadura militar”. “Vemos este conjunto de declaraciones como un intento de restaurar la dictadura desde un punto de vista simbólico”, señaló Torras. “Es el mismo esquema de ataques que vienen registrando las políticas del campo social y de género durante todo este año”, agregó.
Entre las políticas a las que Memoria Abierta hace seguimiento, se encuentran aquellas vinculadas al sostenimiento de los sitios de la memoria. “Argentina tiene 40 sitios de memoria que dependen del Estado nacional, provincial y municipalidad. De ese total hay ocho que dependen de Nación –como es la Ex ESMA en Capital Federal y el Faro de la Memoria en la ciudad de Mar del Plata–, sobre los que denunciamos un nivel brutal de desintegración y desfinanciamiento”.
Ana Pecoraro, hija de desaparecidos, militante y coordinadora del espacio del Faro de la Memoria de Mar del Plata, contó a la diaria que este año tuvieron que abrir sin recibir ningún tipo de apoyo del Estado, solventando todos los gastos de manera autogestiva. Las obras de infraestructura que estaban pautadas para continuar durante este año también se paralizaron. Los baños se inundan, las cloacas rebalsan y, para coronar, en octubre llegaron varios retiros voluntarios a los trabajadores del sitio, incluida Ana.
“El espacio para la memoria de la provincia de Corrientes ya lo pusieron a la venta. Nosotros estamos muy cerca de que nos pase lo mismo, ya que estamos en una zona muy privilegiada y codiciada de Mar del Plata, sobre el mar, cerca de la reserva forestal sur”, advirtió sobre la fragilidad que vive el espacio que coordina. Enseguida agregó que, hace unos días, se encontró con dos chicas que estaban sacando fotos en el predio y que al consultarles si venían a hacer una visita le comentaron que estaban tomando fotos para una constructora importante de la zona que quiere lotear el predio con el proyecto de venderlo.
Sobre por qué considera fundamental que este ex centro clandestino de detención se mantenga abierto a la comunidad como sitio de la memoria, resalta dos aspectos principales: “Por un lado, porque siguen vigentes las inspecciones oculares, ya que este sitio es reconocido como ‘caso’ por el Tribunal Federal de Justicia, es decir que este sitio sigue siendo prueba material y judicial. Al momento, si aparece un caso nuevo y el tribunal decide hacer una inspección, se debe poder hacer. A su vez, tiene un rol central constitutivo en la reconstrucción de la memoria histórica que habilita el debate y la reflexión, sirviendo de puente con las generaciones más jóvenes para visibilizar qué es el terrorismo de Estado, hablar de la importancia de no naturalizar violencias y revisar el rol fundamental que siguen teniendo los pactos democráticos establecidos en el pasado y que queremos que sigan teniendo plena vigencia en el presente”.
Continuó con el relato de un episodio que le erizó la piel: “Hace unas semanas vino un exestudiante que hizo la carrera militar en Mar del Plata y volvió al sitio para recorrerlo. Cuando se presentó nos contó que de acá salía un helicóptero una vez por semana y arrojaba gente al mar. Se habilita la posibilidad de que sigan apareciendo testimonios porque estamos abiertos y porque el espacio está recuperado como espacio de la memoria. Ya pasamos el testimonio a los abogados y no sabemos si tiene valor judicial, pero sí ya podemos confirmar que tiene un gran valor en términos de reconstrucción histórica. Nos siguen faltando muchas piezas todavía y hay un montón de pistas que siguen apareciendo”.
Argentina “hoy vive su peor pesadilla”
Eduardo Tavani, presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), abogado y politólogo de la Universidad de Buenos Aires, también hizo, en diálogo con la diaria, un análisis de este primer año de Milei y su impacto en las políticas de derechos humanos. “Argentina, que había sido ejemplo en la lucha contra la impunidad, investigando, juzgando y condenando los crímenes más atroces perpetrados por un gobierno ilegítimo, hoy vive su peor pesadilla: ve cómo esa tarea inédita y valorada universalmente se demuele cotidianamente”, dijo.
“Las drásticas medidas adoptadas por este gobierno sobre el achicamiento y retiro del Estado generan enorme inquietud. Creemos que esas medidas dan paso a la configuración de uno de corte policíaco represivo, que ya estamos sufriendo y que –suponen– les habrá de garantizar el sostenimiento de esas políticas. A diario vemos cómo la violencia estatal crece contra jubilados y trabajadores, estudiantes y ciudadanos de a pie que ganan la calle ejerciendo su legítimo derecho a la protesta”, explicó.
En sectores vinculados puntualmente a la tutela de derechos y garantías elementales, el especialista observó una “paralización constante y sostenida”, ya que “se vacían las agencias estatales, se recortan sus recursos, se paralizan obras, se despide a dependientes a mansalva”.
“Entre los casos más emblemáticos se encuentran el del Ministerio de Justicia y el de la Secretaría de Derechos Humanos, o el del Ministerio de Defensa y el de Seguridad, en donde se clausuraron departamentos enteros que aportaban información vital para sostener las causas judiciales por crímenes de lesa humanidad, que aún seguimos juzgando en la Argentina”, precisó.
Retroceso en políticas de género
Sobre el retroceso en políticas de violencia de género en Argentina, la CIDH advirtió que existe incumplimiento de obligaciones por parte del Estado para frenar el retroceso de políticas de género y de acceso a salud sexual y reproductiva, sin aceptar la justificación economicista de los recortes que presentó como argumento el gobierno. La presidenta de la comisión y los comisionados afirmaron la existencia de la violencia de género y remarcaron la necesidad de medidas específicas para atenderla. “Lo que no se nombra no existe”, dijeron.
Mientras tanto, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, Argentina fue el único país en votar en contra de la prevención de la violencia contra mujeres y niñas, frente a 170 votos a favor y 13 abstenciones.
El Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), otro de los organismos que estuvieron presentes en la audiencia para denunciar el desmantelamiento de políticas de género, asegura que “desde que asumió el 10 de diciembre de 2023, el actual gobierno argentino ha atacado sistemáticamente los derechos de las mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBTIQ+”.
Natalia Gherardi, directora ejecutiva de ELA, puntualizó: “Desmanteló políticas públicas exitosas; desprestigió, sin evidencias, las instituciones encargadas de garantizarlas; recortó de manera arbitraria las partidas presupuestarias y redujo el personal que sostenía la implementación de las políticas públicas mediante despidos masivos. Con estas acciones, el Estado incumple pactos y tratados internacionales vigentes”.
La situación señalada es alarmante porque “sólo en el primer trimestre de 2024, de las 2.462 mujeres que solicitaron el Programa Acompañar, apenas 434 recibieron ayuda”. “Esto representa un retroceso del 98% respecto de 2023, dejando desprotegidas a mujeres en riesgo extremo. Además, el presupuesto ejecutado para estos programas en 2024 alcanza sólo un 15%, afectando de manera directa y crítica a mujeres y diversidades que enfrentan situaciones de violencia”, argumentó.
En números, ELA registró que en los primeros seis meses de gobierno se desmantelaron 19 políticas vinculadas a prevenir la violencia de género y hubo un 80% menos de ejecución presupuestaria real en comparación con el mismo período de 2023.
Desde Amnistía Internacional también se observa con preocupación la posición del gobierno argentino: “La negación del fenómeno de la violencia de género y de la desigualdad de género, mediante narrativas tóxicas y abusivas por parte del Poder Ejecutivo Nacional, alarma en tanto se traducen en retrocesos también en las políticas públicas destinadas a prevenir y erradicar la violencia de género”.
“A pesar de los datos alarmantes que se registraron en el primer semestre de 2024, con un femicidio cada 29 horas, la administración actual transformó la Línea 144, históricamente dedicada a atender llamadas de emergencia de mujeres en situación de violencia de género, en un servicio genérico para atender a cualquier persona en situación de violencia, conforme a información suministrada por el Ministerio de Justicia de la Nación”, dijo a este medio Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
En relación con el aborto, ¿está garantizado? En Argentina se sancionó la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) 27.610 a fines de 2020 y desde entonces las muertes por aborto disminuyeron en un 53% entre 2020 y 2022. Según Belski, “el gobierno nacional paralizó la compra de insumos esenciales para el acceso al aborto, lo que pone en riesgo la vida y la salud de niñas, mujeres y personas gestantes, ante las barreras en el acceso a prácticas sensibles al paso del tiempo, como la interrupción voluntaria y legal del embarazo (IVE/ILE)”.
Ajuste a los sectores más vulnerables
Sobre las políticas de ajuste y sus consecuencias para el sostenimiento de la vida digna de los sectores populares, la directiva de CELS aseguró que “el gobierno no pudo defender en la audiencia su política social, laboral y de vivienda en relación con los estándares de derechos humanos. Sólo habló el secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, pero no participó el funcionario responsable de las decisiones que afectaron el acceso a los derechos humanos de cientos de miles de personas, como el del Ministerio de Capital Humano o la Subsecretaría de Integración Socio Urbana”.
“El gobierno tampoco pudo contestar, por ejemplo, qué está haciendo para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes y evitar regresiones en general en la política social”, continuó.
Por la falta de respuestas certeras, los comisionados indicaron que el Estado tiene que rendir cuentas respecto de sí mismo y que, de acuerdo a los estándares de derechos humanos, no se puede retroceder en la garantía de los derechos.
Mientras tanto, en las calles céntricas de la ciudad de Buenos Aires, hace pocos días hubo una nueva manifestación con represión a jubilados, quienes se manifestaron contra la decisión del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) de restringir el acceso a los medicamentos gratis, una medida que impacta directamente en su vida cotidiana. Ya desde setiembre los y las jubiladas se reúnen en las calles para reclamar mejoras en sus pensiones y jubilaciones y un ajuste de acuerdo con el índice de inflación.
La decisión de reprimir las manifestaciones sociales y generar un “clima de miedo” para evitar grandes concentraciones en la vía pública se instaló desde el primer momento; en junio ocurrió uno de los hechos más emblemáticos: frente al Senado, cuando el Congreso debatía la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, enviada por el oficialismo a fines del año pasado, un grupo de manifestantes fue reprimido dejando un saldo de 33 personas detenidas; cuatro de ellas permanecieron en la cárcel de Ezeiza durante varias semanas. Según un informe de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), al menos 638 personas se encontraban heridas.
La visita de legisladores oficialistas a exrepresores
Otro de los hitos señalados con repudio durante este año ocurrió el 11 de julio, cuando seis diputados de LLA visitaron el penal de Ezeiza para reunirse con militares y represores condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, entre ellos, Alfredo Astiz. La visita salió a la luz en agosto, luego de la filtración de una foto.
Al respecto, Tavani, de APDH, enfatiza que “no son presos políticos, como arguyen sus defensores y amigos, son probados genocidas. Tampoco son combatientes que libraron batallas contra la subversión, como dicen desde LLA: esos señores fueron responsables de graves violaciones a los derechos humanos de personas inermes sometidas a las más crueles vejaciones y torturas; de apropiación y sustracción de identidad de cientos de niños nacidos en cautiverio; de arrojar personas vivas al mar; de violar; de desaparecer y asesinar a miles de compatriotas, de saquear sus bienes”.
Y finaliza: “La visita de un grupo de parlamentarios a condenados por delitos execrables –como lo adelanté– es un agravio a la democracia, que debería ser sancionado. Creemos, a esta altura, que no habrá condena alguna, salvo la social ciudadana, porque la impunidad en este tiempo parece estar ganando la partida. Así nuestra oportuna denuncia ante la Cámara de Diputados de la Nación duerme el sueño de los justos”.
Desde el CELS también advierten que “estamos en un momento de ruptura crítica” y destacan que “se reiteran los discursos oficiales de reivindicación de la represión clandestina e ilegal y de impugnación del proceso de Memoria, Verdad y Justicia; se elogian los indultos a las cúpulas militares; se señala el proceso de justicia como una campaña contra las Fuerzas Armadas; se celebran reuniones políticas con condenados por torturas y asesinatos masivos. En definitiva, nos enfrentamos a un programa que busca transformar el balance social condenatorio sobre la dictadura y habilitar una mayor violencia estatal en el presente”.
Sobre la visita a exrepresores, la directora de Investigaciones del CELS dijo que “muestra el compromiso de parte del gobierno con sectores directamente vinculados a la dictadura. Fue el hecho más conocido de una cadena de negociaciones e intentos por buscar diferentes formas de impunidad, por ejemplo, a través de limitar la imprescriptibilidad de crímenes de lesa humanidad”.
Asimismo, la directora de Memoria Abierta, en concordancia con la observación de los referentes de los otros organismos, agregó: “Se sabe que la visita fue realizada en un contexto de reivindicación de aquellas personas que fueron detenidas por delitos de lesa humanidad como héroes de la patria. Se la presentó como una visita humanitaria, cuando en realidad se trató de una reunión política con objetivos de impunidad muy claros denunciados por Memoria Abierta junto a otros organismos ante la CIDH. Hasta el momento, el Congreso Nacional no emitió un repudio formal, lo que también nos resulta preocupante”.
Fuente: La Diaria de Uruguay
