La denuncia judicial contra la senadora nacional Flavia Royón sumó un nuevo capítulo tras la ampliación presentada por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas. El escrito incorpora elementos que apuntan a un presunto crecimiento patrimonial no justificado, un esquema de endeudamiento considerado “no ordinario” y posibles vínculos con intereses del sector minero.
La presentación, encabezada por el abogado Enrique Viale, se inscribe en la causa que investiga a Royón por supuestos delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública. Ahora, los denunciantes pusieron el foco en la evolución de su situación financiera, particularmente en la dinámica de su endeudamiento.
Un patrón de deuda bajo sospecha
Según el documento, el análisis de datos provenientes del Banco Central revela un comportamiento crediticio que no se correspondería con un patrón habitual de consumo. La deuda de la legisladora presenta persistencia en el tiempo, escasa cancelación y una marcada concentración en un único acreedor: el Banco Macro.
De acuerdo a la denuncia, entre el 80% y el 90% del endeudamiento de Royón estaría concentrado en esa entidad financiera. Este dato es considerado clave por los denunciantes, quienes sostienen que podría tratarse de un mecanismo de financiamiento no explicitado, potencialmente vinculado a su doble rol en el ámbito público y privado.
Uno de los puntos que destaca la denuncia, es un incremento significativo de la deuda registrado en 2024, poco después de su participación en un evento organizado por el Banco Macro titulado “Pensar la Minería en Grande”, donde coincidió con gobernadores y empresarios del sector. Tras ese encuentro, y en la antesala de su campaña política, la deuda de Royón habría aumentado en aproximadamente 18 millones de pesos.
Vínculos con el sector minero
La ampliación de la denuncia también profundiza sobre los lazos entre la senadora, la entidad bancaria y el entramado empresarial minero. Se menciona la relación del Banco Macro con compañías del rubro, así como su participación en proyectos energéticos vinculados al denominado “triángulo del litio”.
Además, señala la cercanía de Royón con el fallecido empresario Jorge Horacio Brito, histórico referente del banco, quien la habría incorporado en el directorio de una empresa del grupo. Este vínculo, sumado a su rol en espacios estratégicos como la Mesa del Litio, refuerza —según los denunciantes— la hipótesis de un posible entramado de intereses cruzados.
También se destaca la relación política con el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, a quien identifican como su principal referente, en un contexto donde confluyen decisiones públicas, financiamiento privado y desarrollo de proyectos extractivos.
Pedido de investigación patrimonial
La organización solicitó al juez interviniente, profundizar la investigación patrimonial de la senadora, con el objetivo de determinar el origen y destino de los fondos involucrados. No se descarta, según el escrito, la posible existencia de un circuito de financiamiento irregular o incluso la comisión de delitos vinculados al ejercicio de la función pública.
La ampliación de la denuncia de los ambientalistas, busca que el sistema judicial aclare si el crecimiento financiero de Royón guarda relación con su actividad política y sus vínculos con actores clave del negocio minero en la Argentina.
