Cómo es el acceso a los derechos sexuales en Tartagal, una ciudad cuya población es en gran mayoría pobre y de pueblos originarios.
Tartagal es, además, la determinación de las doctoras y los doctores del Hospital Juan Domingo Perón, que viajan durante horas para llevar cuidados a los parajes. Es Miranda Ruiz, médica criminalizada y luego sobreseída por garantizar una Interrupción Legal del Embarazo (ILE), contemplada en el Código Penal desde 1921.
«No podría definir a Tartagal con una sola palabra», afirma Mariana Ortega, docente de la sede regional de la Universidad Nacional de Salta y activista en la radio comunitaria La Voz Indígena y en el espacio Aretede. Habla, en cambio, de un territorio complejo, atravesado por las luchas, los sincretismos, la confluencia de culturas y el vínculo con la frontera.
La investigadora resalta la persistencia de costumbres y formas de organización tradicionales, debido a la tardía incorporación de la ciudad al Estado Nación argentino. Wichís, chiriguanos, chanés, quechuas, chorotes, chulupíes, aymaras y tobas no conforman antiguos dueños de las flechas. Contemplan, en cambio, una demografía viva.
El municipio se mantiene como uno de los más pobres de la Argentina. Allí, el expresidente Carlos Menem anunció los «vuelos espaciales a la estratósfera»; y, en 2009, un alud implacable pretendió arrasar con todo. La vulnerabilidad afecta, sobre todo, a las mujeres. No hay área en Salta con mayor índice de «niñas madres», de 10 a 14 años, como demuestra el último informe «Indicadores Seleccionados de Salud Integral en las Adolescencias de Salta», publicado por el Gobierno provincial. Fueron 57 en 2019. Pese a los avances, los derechos sexuales y reproductivos se tropiezan con problemas estructurales de larga data.
«Zona tripartita», anuncia el cartel de entrada a Santa Victoria Este. Más de 500 kilómetros separan a esta localidad de Salta capital; 163 kilómetros, de la ciudad de Tartagal; y, algunos minutos, de Bolivia y Paraguay. Para llegar, el equipo de Clarín pide permiso a dos caciques que cortan la ruta en reclamo de camiones cisterna. La sed no da tregua.
¿Cuántas historias habitan el extremo noreste del noroeste argentino? ¿Cuántas resisten, como la vegetación que asoma por las hendijas de tanta piedra y camino? A 45 kilómetros, por una vía difícil de transitar, se encuenta La Puntana. Y, allí, incompleta para siempre, la familia Quico. Casa de algunos ladrillos, mucho cartón, chapa, ramas y lona. Sangre del pueblo-nación wichí.
Rodeados de su numerosa familia, Alejandro y Enriqueta recuerdan a su hija Aldana, quien murió a principios de 2022. Fue en el hospital de Tartagal, en circunstancias teñidas por la marginación del sistema de salud y la Justicia.
Aldana Quico
Aldana Quico era una adolescente de 18 años de una comunidad wichí ubicada en La Puntana, en el noreste salteño, cerca de la frontera con Bolivia y Paraguay. En 2021, había dejado el monte para instalarse con su papá a 3 kilómetros de Tartagal, Salta.
“Voy a estudiar y les voy a ayudar para que tengan una casa linda, que vivan bien”, le decía.
El 12 de enero, mientras cursaba un embarazo de 8 meses, Aldana comenzó a tener pérdidas y síntomas como hinchazón de rostro, manos y pies. En su domicilio, una obstetra y una enfermera le tomaron los signos vitales y aseguraron que algo andaba mal.
El padre asegura que le dijeron que su hija tenía «olor nauseabundo». Más tarde, Aldana ingresó al Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal, donde le comunicaron que llevaba un feto muerto.
Ni ella ni su familia lo podían creer. Se había hecho todos los chequeos.
El médico a cargo le administró medicamentos y aseguró que lo mejor era que cursara un parto normal. Tanto Aldana como la familia pidieron una cesárea, pero se la negaron.
La familia pidió facilitadores interculturales. Les dijeron que todo estaría bien y que podían irse a casa. Tras doce horas de agonía, a la medianoche, Aldana murió.
Con apoyo de la APDH, la familia denunció penalmente al médico ginecólogo Patricio Parra Marin.
Lo acusaron de «mala praxis, abandono de persona y/o torturas, violencia obstétrica y discriminación cultural». El Ministerio de Salud provincial inició un proceso administrativo por la muerte de la adolescente wichí.
La subsecretaria en Gestión de Salud de la Provincia, Silvia Cardozo, encargada de la investigación reconoció que hubo «una negligencia absoluta».
Un año más tarde, el médico continúa con un sumario administrativo, según reconocieron desde el Hospital.
No dejó de trabajar, pero lo hace en un centro periférico.
El Ministerio Público Fiscal reconoció que no hubo imputaciones.
Alegan que de la historia clínica se desprende que Aldana llegó al hospital con una “bolsa rota de más de 48 horas” y una “infección en su última fase”.
Según el MPF, “se citó en varias oportunidades a los padres, pero nunca se presentaron”.
Alejandro, el papá de Aldana, dejó la ciudad y se volvió al monte, a más de 4 horas en auto de Tartagal.
Vive en La Puntana, con la mamá de la joven, en un rancho y sin vehículo.
Es una zona rural, sin agua, gas o cloacas. Dicen que a la ciudad no regresan más.
La familia Quico conserva la denuncia realizada junto a la APDH.
El papel sufrió las inclemencias de la lluvia y el barro.
No siguieron con el proceso debido a la lejanía, el maltrato sufrido y el dolor latente por la muerte de Aldana.
“Queda como un vacío que no se puede recuperar más. Yo sé que que ella se ha ido bien y que está con el Señor. Me fui de Tartagal, porque ya no quiero ver más toda esa parte donde estaba ella, donde vivíamos. Nos retiramos a La Puntana. No quiero volver más”.
Alejandro sostiene la denuncia achacada por la lluvia, el barro y el tiempo. «¿Ven? No tengo nada. En el mal tiempo, mis hijos salen disparados de la casa, por miedo del viento«. Enriqueta tiene a Aldana atravesada en la garganta. «Era nenita su bebé, ella le quería», suelta. Y vuelve a llorar.
Los claroscuros de un hospital de frontera
Tartagal se considera una ciudad fronteriza. Está a 57 kilómetros de Bolivia, un viaje seis veces más corto que a Salta capital. Incluso la República del Paraguay —a 103 kilómetros— resulta más cercana que el centro de la provincia. El Hospital Juan Domingo Perón recibe derivaciones de cinco municipios —con población criolla y originaria— y a pacientes de los Estados próximos.
Irma Quinteros es instructora de la residencia de Medicina Familiar, una especialidad importante, donde faltan profesionales. «Nos dan cuatro cupos, pero no los cubrimos. Incluso hubo un año sin ingresantes», se explaya. Esto repercute en la educación sexual y reproductiva. «Había una residente capacitada en Pap, Diu y anticoncepción en general. Tenía una aceptación excelente entre la comunidad originaria, pero, por necesidades de la Provincia, fue destinada a otro departamento», lamenta Irma.
Recorre los pasillos del hospital, colmados de pacientes. No alcanzan las sillas y los más chiquitos se inquietan. Los lunes abre el consultorio de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Y, de lunes a viernes, se puede acudir sin turno a pedir métodos anticonceptivos o asesoramiento. Las enfermedades de transmisión sexual abundan. Pero el inicio temprano de la actividad sexual y de los embarazos conforma la problemática central.
A la vera de la Ruta 86 se encuentra gran parte de la población originaria. Enfermeros, ginecólogos, obstetras y médicos del hospital viajan al menos tres veces por semana para llevar atención. Hay dos centros de salud, en el Kilómetro 6 y el Kilómetro 3, donde Clarín acompañó a Irma.
La temperatura es altísima. Las jóvenes esperan, con bebés y niños: flacos o con las panzas hinchadas, debido a dietas signadas por carbohidratos y grasas. Los profesionales mantienen un trabajo duro y constante desde hace años, imposible sin la colaboración activa de las referentes de las comunidades.
«Vemos madres de 15 años, abuelas de 30 y bisabuelas de 45«. El desgaste de los huesos, la malnutrición, la mayor predisposición al cáncer de cuello de útero, la presión alta y la eclampsia deviene en que las mujeres se avejentan e incluso pierden la vida. Muchas tienen partos prematuros, bebés con bajo peso y un crecimiento deficiente.
Se produjeron cambios positivos. Las mujeres preguntan más y la información se democratiza lentamente. Falta mucho. En medio de la entrevista, en un consultorio que da hacia un camino abierto, Irma se quita el estetoscopio y se le humedecen las mejillas: «Pienso en los chicos que están afuera».
¿Qué pasa con las mujeres migrantes?
El Hospital Juan Domingo Perón fue objeto de varias denuncias ante el Inadi. Más que nada, por parte de personas originarias y migrantes. Como Marta Cardozo, quien en 2020 alegó que le quisieron cobrar el parto y la partida de nacimiento de su bebé, por tener nacionalidad boliviana. «Los asesores legales del equipo hablaron con los asesores legales del hospital y se destrabó el conflicto», cuenta a Clarín Gustavo Farqhuarson, representante del organismo en Salta. Alude a diversos atropellos discriminatorios frente a los cuales intervino el Inadi: cuadros de cáncer privados de atención, rechazo a tratamientos de hormonización, por nombrar algunos.
«Sobre las partidas de nacimiento, realmente desconozco. Hay sistemas hospitalarios de autogestión: en ese caso, hay que preguntar a cada gerencia. Sí puedo afirmar que la ILE, la IVE, la medicación y los métodos anticonceptivos están disponibles para todas las personas», responde Javier Yapura, supervisor del área de Salud Sexual y Procreación Responsable de la Dirección Materno Infantil de la provincia.
Pedro Urueña, flamante gerente del hospital de Tartagal, comenta que muchas pacientes de otros países poseen, además, documentación argentina. En ese caso, todos los servicios están cubiertos. El profesional acepta que existen procedimientos pagos, aunque «siempre se busca una solución a través del servicio social del hospital».
«Esto rige a lo largo de toda la red. Nosotros muchas veces hemos tenido que derivar pacientes extranjeros a hospitales de mayor complejidad en la Capital y allá también hay prácticas remuneradas«, argumenta.
Tártago en flor
Yapura asegura que aún no hay números oficiales sobre salud sexual en Tartagal: «Confeccionamos una base de datos de toda la provincia. Todavía tenemos números parciales, no es posible disgregar por departamento». Recién a mediados o fines de marzo podrían dar un panorama del 2022.
Yapura remarca que la predisposición de las comunidades y de sus caciques influye en la capacidad de las mujeres para acercarse al sistema de salud. Y menciona que existe un proyecto de interculturalidad, en el que interviene la cartera de Salud —con protagonismo de la Dirección Materno Infantil—, junto a UNICEF y Surcos. Busca garantizar derechos sexuales y reproductivos, principalmente entre adolescentes indígenas de Orán y Tartagal.
Desde su oficina, Urueña suma: «Estamos armando un servicio de cuidados críticos pediátricos, pero lo ideal sería contar con mayor número de intensivistas, para poder armar una terapia». Su hospital recibe niños y niñas del Chaco salteño en grave estado, por diarrea, malnutrición y deshidratación. Su objetivo es resolver las patologías dentro del hospital, para «evitar el desarraigo de la familia originaria«. El médico repite una oración que ya es lema en la ciudad: «Salta no termina en el río Bermejo».
¿Dónde quedó la riqueza del petróleo, presente en el escudo local? Lejos del ojo turístico, el personal de salud teje con su propia piel los parches que cubren la deficiencia de recursos. El hospital, flor sin pétalos como la del tártago, se planta.
Ancestralidad latiente con corazón de mujer
Detrás del grito por la noble igualdad, las inequidades fundantes del Estado argentino continúan su curso. Laurentina Nicacio, referente wichí, persigue los laureles que faltan conseguir. Tiene 27 años, vive en General Ballivián —a 47 kilómetros de Tartagal— y preside la Fundación Juala. Enseña a leer, interviene si faltan remedios o si alguien se enferma, actúa como enlace con los agentes sanitarios y el centro de salud del lugar.
La geografía engorrosa, la burocracia, las decisiones políticas y la segregación afectan a la gente. Especialmente a quienes habitan los parajes del monte, que quedan aislados en períodos de lluvias. «Cerca del parto, las mujeres intentan quedarse con algún conocido, en pueblos que tengan hospitales», arguye Laurentina. Ella misma padeció una hemorragia antes de tener a su bebé. La ambulancia demoró en llegar. «Me desangré todo el camino», dice.
El cáncer de útero es una dolencia extendida. Recién el año pasado llegó una ginecóloga a Ballivián. No alcanza. Muchas parturientas no pueden acudir a chequeos y dan a luz en su domicilio, en escasas condiciones de higiene. Laurentina identifica la persistencia de «mitos»: por ejemplo, «que está mal que te toquetee una persona que no es tu pareja», en relación a los exámenes como el papanicolau o la colposcopía.
El estigma social y las brechas económicas se reflejan en el drama de los abusos sexuales, que muchas veces terminan silenciados. Las familias de las víctimas suelen ser de bajos recursos y no se animan a denunciar a miembros de los propios clanes, criollos, «parientes de tal» o «personas de plata del pueblo». En octubre de 2022, hubo siete ataques a niños y niñas concentrados en una semana. Desde la Comisión de Fútbol Femenino de General Ballivián, una organización feminista de la zona, se convocó a una gran movilización.
Cortes de ruta por la emergencia sanitaria
En simultáneo a la movilización en Ballivián, comenzaba un reclamo por salud en la localidad cercana de General Mosconi. De larga tradición piquetera, los pobladores de esta localidad pararon la ruta 34. Exigían la designación de más especialistas para el hospital local —el Hospital de esa localidad— de complejidad 2 o intermedia.
La ciudad se ubica a solo 40 kilómetros de Ballivián, donde quienes requieren atención compleja quedan presos de un círculo burocrático, cuenta Laurentina: primero son derivados a Mosconi, luego al Hospital de Tartagal —de complejidad 4— y, desde allí, deben conseguir un traslado a Salta Capital.
Toda la zona, comprendida dentro del departamento de San Martín, se encuentra en “emergencia sociosanitaria” desde 2020, cuando se conoció la muerte de niños y niñas por causas evitables. La noticia escaló, y no únicamente a nivel nacional. Robert Valent, máxima autoridad de la ONU en Argentina, comparó la situación de los wichís en Salta con la crisis humanitaria en Sudán del Sur.
A fines de 2022, el Ministerio de Salud cambió los gerentes en los hospitales de la zona y designó trece nuevos médicos especialistas para Tartagal. En enero, tras el cambio de gestión, el ministerio implementó un nuevo operativo de atención a través del programa de Asistencia Extramuros. Según comunicaron, desde General Ballivián, fueron derivadas doce embarazadas para control cardiológico fetal.
Macarena Aucapiña, referente de Infancia en Deuda, una coalición de la sociedad civil en defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes, dice que mientras el sistema de salud «es muy precario», más lo es para las mujeres y niñas «por lo que representa el patriarcado dentro de sus mismas culturas, así como en la provincia».
Salta tiene una de las tasas de población originaria más altas del país: el 6,5% de sus habitantes se autoidentifican indígenas, según datos del Indec. De ellos, el 42,6% vive en áreas rurales, proporción que aumenta entre los pueblos más numerosos, como el wichí (60,7%) y el kolla (60,9%).
La activista asegura que los operativos que hizo este año el Ministerio «son necesarios en el contexto de crisis, pero no resuelve los problemas estructurales», como por ejemplo el acceso al agua o la inaccesibilidad en caminos.
En ese sentido, destacó que es urgente que se tomen medidas para el acceso al agua en la zona y también para la reglamentación de la Ley provincial de Salud Intercultural, sancionada en 2014 para evitar las barreras idiomáticas y mejorar la integración de las comunidades indígenas.
«Doctora, Dios la va a ayudar». La médica Miranda Ruiz acababa de salir de la cárcel y su celular estaba estallado. Uno tras otro caían los mensajes, las oraciones de pacientes y los apoyos de colegas del hospital, la mayoría de ellos objetores de conciencia.
En la provincia más conservadora del país —por ejemplo, pasó más de cien años sin aplicar el aborto legal por causales— , mujeres religiosas, que en general se oponen al aborto, pedían por la liberación de esa médica que con 33 años había llegado de Buenos Aires al Chaco salteño, con vocación por la Medicina Familiar.
Miranda vive en Tartagal desde junio de 2019. La pandemia la sorprendió a poco de llegar y, como era la única especialista en Medicina Interna, hizo los protocolos de internación del hospital. A la vez, se encargaba del consultorio de aborto, que funcionaba —y funciona— una vez por semana.
En agosto de 2021, una joven de 21 años llegó al hospital solicitando interrumpir el embarazo. Había viajado 70 kilómetros, desde Salvador Mazza, la última ciudad argentina antes de cruzar la frontera con Bolivia. La joven estaba con su nena de dos años en brazos. Tras una consulta en la que intervinieron una trabajadora social y una psicóloga, se convino que lo mejor era que la joven quedara internada mientras se autoadministraba las pastillas para interrumpir el embarazo.
Ese día, Miranda era la única médica capacitada y no objetora de conciencia que trabajaba en el hospital. Pero, al ser residente, el procedimiento fue firmado también por otro médico responsable. Además, dio su aval el entonces director del hospital. Se acordó que el caso se encuadrara en el protocolo surgido a raíz del fallo FAL (un fallo de la Corte Suprema) de 2012, en base al Código Penal argentino:, que establece que el aborto es legal en cualquier momento de la gestación, cuando existe riesgo para la salud o la vida de la persona gestante o si el embarazo fuera producto de una violación.
Los problemas comenzaron cuando una tía de la paciente se enteró de la situación. «Empezaron a hostigarla de todas partes», narra Miranda. Y recuerda que mientras la paciente empezaba a ingerir las pastillas, Claudia Subleza, una concejala de Salvador Mazza, lanzó una campaña procurando frenar el procedimiento. «Llamó a un sacerdote para que mandara gente, ella misma lo dijo», agrega la médica.
La ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que admite los abortos sin causales hasta la semana 14 de gestación, no tenía todavía un año. Los esfuerzos de los sectores opuestos al aborto se orientaban a judicializar la norma: en 2021 hubo al menos 37 demandas de grupos conservadores contra leyes, programas y otras normas vinculadas, según detalla un informe del Ministerio de Salud.
La mayoría de estos intentos quedaron en el olvido, por la negativa de jueces a continuar con una discusión legal por demás saldada, tras extensos debates en el Congreso de la Nación.
En ese marco, la noticia de que una médica había sido encarcelada por el «delito de aborto» impactó con fuerza en los medios nacionales y en «la marea verde». El activismo feminista salió a repudiar el hecho y, a las horas, la médica fue liberada. Sin embargo, quedaría procesada por casi trece meses por el supuesto de que había actuado «sin consentimiento de la gestante».
Fue la única profesional criminalizada por el hecho, a pesar de que habían intervenido cinco personas. Fue sobreseída en septiembre de 2022.
La criminalización como estrategia
Cristina Rosero, asesora legal del Centro de Derechos Reproductivos para América Latina y el Caribe, asegura que América Latina es a la vez «una de las regiones con legislaciones más restrictivas en término de aborto», pero, también, una «esperanza para el mundo». En los últimos 25 años, resalta que existe una clara tendencia hacia la despenalización.
En ese sentido, distingue que los problemas judiciales en la región se dividen en dos grupos. El primero comprende sobre todo a los países, como El Salvador, donde «la criminalización está normalizada». Esto genera que las mujeres teman ser perseguidas y caigan en prácticas inseguras con riesgo para su salud y también que los médicos desconozcan su obligación al secreto profesional y denuncien a mujeres ante abortos o abortos involuntarios».
Hay un segundo grupo de países, en los que los juicios aumentan «como reacción a los avances a las normativas locales», sigue Rosero. Por ejemplo, en Colombia, justo después de la despenalización de 2006 hubo un incremento del 1.000 por ciento de las cifras de criminalización del aborto.
¿Por qué? Porque cuando el tema se discute públicamente deja de estar escondido, «igual también hay una reacción de ciertos sectores que hacen que las denuncias se acrecienten». Esto podría corresponder a la situación de la Argentina, sugirió Rosero.
Estados Unidos podría ser un caso aparte en términos de criminalización. Antes del caso por el que la Corte Suprema de Estados Unidos anuló, en junio de 2022, la histórica sentencia Roe vs. Wade —que desde 1973 garantizaba el derecho al aborto en el país—, «la mayoría de los casos que se han llevado a la Justicia fueron más bien contra los proveedores o las clínicas que proveían los servicios».
La especialista en derechos reproductivos asegura que, para el resto de la región, la anulación de esta sentencia de casi 50 años de historia en Estados Unidos tendrá principalmente un “impacto simbólico”. Opina que «los avances que se han dado en Latinoamérica, como en la Argentina, México y Colombia, muestran desarrollos diferentes».
El fracaso de los extremismos
«Haberme judicializado fue un gran logro del grupo extremista. Si consiguieron perseguir una práctica médica que fue impecable, fue gracias al apoyo de esta concejala y funcionaria local, y gracias al escrache mediático de medios provinciales», afirma Miranda.
Lejos de amedrentarse, Miranda continuó su labor en el consultorio de ILE e IVE. Dice que la «persecución judicial» en su contra fue «un tiro que les salió por la culata» a los opositores al aborto, porque la difusión de su caso «permitió que se hable del tema en una sociedad como Salta, en donde lo que nunca le conviene a los extremos es que se tenga información».
Miranda reflexiona: «Con todo esto que me pasó, me di cuenta que los extremismos generan muchísimo daño en una sociedad. Porque hay que diferenciar. Los extremismos no representaban para nada a todos ‘los celestes’ (en referencia a quienes se oponían). Las personas católicas podían estar en contra del aborto, pero siempre me expresaron su apoyo».
En enero de este año, el Ministerio de Salud destacó a un médico por provincia por su labor durante la pandemia por Covid 19. Miranda fue la elegida por la provincia de Salta. «Para mí, es un resarcimiento espiritual importante asegura-. Esto evidencia la mediocridad, la corrupción y falta de compromiso social que hay detrás de quienes me han querido anular por garantizar derechos en zona de frontera”.
El efecto del sobreseimiento fue multiplicador. Este año, la residencia en Medicina Familiar y Comunitaria, por la que Miranda dejó Buenos Aires, volvió a tener cupo completo de postulantes y más mujeres y niñas asistieron al hospital para pedir interrupciones del embarazo en lo que llaman «Consultorio Miranda».
Faltan muchos médicos especialistas y recursos del Estado para solucionar los problemas estructurales dentro y fuera del hospital, pero las historias de estas mujeres médicas, indígenas y activistas son una esperanza para esta región largamente postergada.
Este reportaje fue apoyado por la iniciativa de Salud Reproductiva, Derechos y Justicia en las Américas de la International Women’s Media Foundation (IWMF).
Fuente: Clarín
