Una resolución provincial permite prescindir de las audiencias públicas y de evaluaciones de impacto ambiental. La decisión del gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, de prescindir de la realización de audiencias públicas y de una evaluación de Impacto Ambiental para llevar adelante los desmontes abrió un foco de conflicto en la provincia con organizaciones ambientalistas, que remarcan que se trata de una de las principales causas de las inundaciones.
Se trata de resolución de la secretaría de Ambiente que realizó una serie de modificaciones en cuanto a los requerimientos para autorizar desmontes. Hasta el momento, se exigía la realización de audiencias públicas. Ahora, el único requisito es la consulta a comunidades criollas e indígenas. A raíz de la pandemia, se dictó en septiembre, la resolución 123/20 para realizar las audiencias utilizando medios digitales. Comunidades originarias y criollas carecen de las herramientas necesarias para participar, por lo que quedan excluidos de cualquier debate.
Por este motivo, Greenpeace envió una carta al gobernador Sáenz y a Juan Cabandié, ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, para manifestar su profunda preocupación por la nueva resolución. “Las audiencias para los Planes de Cambio de Uso de Suelo o desmontes, son obligatorios y prescindir de ellas representa una grave violación a las leyes nacionales 26.331 y 25.675”, explica la organización internacional en la carta dirigida a ambos funcionarios.
El desmonte es una de las principales causas de las inundaciones y afecta a comunidades cercanas a donde se desarrollan los proyectos agrarios. Existen claros precedentes de perjuicios ocasionados a comunidades, como lo ocurrido en Anta y Rivadavia en 2018. Más de 400 personas fueron evacuadas por inundaciones causadas por desmontes y quedaron en situación de calle, sin comida, ni techo.
Para Greenpeace, otro claro retroceso de las nuevas políticas provinciales es que deja de ser obligatoria la realización de la Evaluación del Impacto Ambiental para quienes presenten proyectos con modalidad silvopastoril y/o cualquier modalidad de ganadería integrada. El art. 22 de la ley 26.331 exigía cinco condiciones para el otorgamiento de la autorización del desmonte mientras que la nueva resolución se reduce a un único: que sean menos de 1500 hectáreas de intervención. Incluso se convalidan todas las autorizaciones de desmontes realizadas con anterioridad a la resolución sin Evaluación de Impacto Ambiental.
Greenpeace advierte que “el monitoreo de deforestación realizado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación considera como pérdida de bosque nativo a aquellas áreas en donde se producen técnicas de desarbustado o desbajerado en un grado de intensidad elevado tal que permite su detección a partir de imágenes satelitales de mediana resolución espacial y debido a que las mismas pierden su funcionamiento como ecosistema de bosque y a su vez se ven disminuidos, en gran medida, los servicios ambientales que brindan, de modo que resultan un desmonte diferido en el tiempo. Por ende, la mayoría de los sistemas silvopastoriles son desmontes y, como tales, deben realizarse únicamente en la Categoría III (verde) y previa audiencia pública”.
Durante la pandemia, las actividades ilegales de extracción del bosque se han incrementado exponencialmente. En la zona de Anta, los campos tomados se han vuelto una zona liberada para talar montes nativos y sacar cargas de carbón y postes de quebracho colorado, por caminos clandestinos, hacia Chaco y otras provincias.
«Existe una verdadera asociación ilícita para saquear los bosques nativos aprovechando la pandemia y existe el riesgo de que terminen por arrollar con todo el bosque, destrozando especies arbóreas de una riqueza inconmensurable, pues por cada día talan árboles que fueron formados después de cientos de años de trabajo de la naturaleza» , denunció Agropecuaria Andorrana, la empresa dueña de un extenso campo afectado en la zona.
Fuente: Clarín
