Luz Aimé Díaz es prostituta, travesti y migrante. Está detenida desde agosto de 2018, acusada de organizar un robo que terminó con la víctima en grave estado. La única prueba en su contra es un video que la muestra entrando al edificio donde ocurrió el hecho. «No hubo ninguna investigación, solo una hostilidad directa a la identidad de género de Luz. Hay un sistema de Justicia que todavía no respeta los derechos del colectivo LGBT», denuncia la defensa.
El 23 de junio de 2018, Luz llegó a la esquina de Godoy Cruz y Güemes, en Palermo, cerca de las doce de la noche. Desde hacía dos meses trabajaba en esa zona ofreciendo servicios sexuales. Dos hombres -uno viejo, el otro más joven, según su descripción- le ofrecieron dinero para que subiera con ellos a un departamento ubicado a pocos metros del lugar. Dudó. Evitaba ir a las casas de los clientes desde que la brutalidad de un hombre la dejó casi ciega. Finalmente aceptó, incapaz de imaginar en qué se vería involucrada.
«Entré y estaban las luces del comedor apagadas -recuerda Luz-. Encima, al ser de noche no veía muy bien. Fuimos a una de las piezas y primero pasó el más viejo. Después entró el joven, terminó y salimos rápido del departamento. Cuando estábamos en la calle vi que tenían dos bolsas negras, pero no les pregunté que llevaban. Una cosa es que sea trabajadora sexual y otra que ande ‘chismoseando’. Me di cuenta de que estaban borrachos y ‘colocados’. Me querían invitar a tomar una cerveza, pero me fui y no volví a saber nada de ellos».
El 19 de agosto, casi dos meses después, unos policías arrinconaron a Luz en la esquina de Palermo donde solía trabajar. Le revisaron la cartera y le miraron el documento. Le pidieron que los acompañara al patrullero. «Me dijeron que tenían un video mío entrando a un edificio de la calle Güemes. Les dije que podía ser y les pregunté qué había pasado. Me dijeron que me buscaban por un intento de homicidio y robo agravado. Les dije que no tenía nada que ver, que si hubiera sido yo no sería tan tonta como para estar parada frente al departamento», cuenta.
Luz se enteró así de que aquellos hombres que habían pagado por sus servicios esa noche también habían maniatado, golpeado y robado al dueño del departamento en otra habitación. La víctima fue abandonada y encontrada casi inconsciente tres días después por su hermana.
«A Luz le confirmaron la prisión preventiva y la procesaron rápidamente. Al principio, la calificación legal del hecho era privación ilegítima de la libertad en concurso con robo y lesiones, pero cuando detuvieron a Luz cambiaron a una calificación mucho más dura: homicidio triplemente agravado en grado de tentativa por ser cometido en ocasión de un robo, por la indefensión de la víctima y por la intervención de más de dos personas, lo que implica una premeditación, una planificación, una organización para cometer el crimen. Es un delirio, porque, justamente, el agravante tiene que ver con la cantidad de personas involucradas, pero la única que está presa es Luz. Los dos hombres que estuvieron con ella esa noche ni siquiera están identificados», argumenta la abogada Luciana Sánchez, quien junto a Lara Bertolini y Natalia D’Alessandro conforma el equipo de defensa de la imputada.
Discriminada en el penal
Luego de su detención, Luz estuvo 15 días alojada en la Unidad 28 de Tribunales, donde le presentaron un abogado de oficio. «Le dije que una cosa es que sea trabajadora sexual y otra que sea ladrona. Nunca fui violenta con nadie; es más, soy yo la que me tengo que dejar robar, si no me hacen bolsa», afirma.
Pero la Justicia siguió sin creerle y ordenó su traslado al Complejo Penitenciario Federal IV de Mujeres, en Ezeiza, donde pasó ocho meses. «Me discriminaban -cuenta- y la pasaba muy mal. Las presas eran muy machistas y no querían a los maricas».
«Además de que la acusación no tenía fundamentos -dice Sánchez- lo que nos hizo sonar las alarmas fue que Luz ve muy poco de un ojo, y de eso nadie se había hecho cargo en el expediente. Le miraban otras cosas, como la identidad de género, pero no prestaban atención a su discapacidad. Conseguimos que se le diera el arresto domiciliario, que era un derecho que se le estaba negando».
El arribo de Sánchez y su equipo a la causa (el director del bachillerato Mocha Celis, donde estudiaba Luz, las había contactado) significó, además, el señalamiento de «prejuicios, sesgos y estereotipos basados en su identidad de género travesti» a lo largo del proceso. Incluso, la defensa recusó a dos magistrados del tribunal que debía juzgar a Luz por «su falta de perspectiva de género».
«Queremos que se haga justicia por Luz, y también por la víctima, que además es una persona del colectivo LGBT. Todos los estereotipos que hubo en la causa también culpan a la víctima. El mensaje de la Justicia es que las personas del colectivo LGBT se matan entre ellas. No importa si no hay pruebas. Dan por hecho que si en la escena hay una trabajadora sexual, hubo una discusión por el precio o una orgía que terminó mal», se queja la abogada.
Hoy Luz espera el comienzo del juicio, agendado para abril y suspendido por el coronavirus, en una de las piezas del Hotel Gondolín, asociación que funciona como refugio y cooperativa de travestis y trans en Villa Crespo. Sus 23 años le permiten soñar con un futuro mejor, alejado para siempre del trabajo en la calle. «Cuando esto se resuelva -dice- quiero terminar el colegio y empezar la carrera de Psicología, porque yo no vine de Salta para seguir trabajando de lo mismo que hacía para sobrevivir. Ya no quiero volver a la esquina».
Fuente: La Nación
