Solo tres provincias lograron quedar por encima del aumento de precios. La primera es San Luis (+14,3%), la segunda es Salta (+13,6%) y la tercera es Tucumán (+3,4%). En tanto, en Río Negro (-0,9%) y Mendoza (-1,0%) las remuneraciones se mantuvieron casi constantes.
Los datos surgen de un nuevo informe del Observatorio Argentinos por la Educación, con autoría de Javier Curcio, subdirector del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. El documento toma como referencia el salario de jornada simple para un maestro de grado con diez años de antigüedad en el sector público.
Desde 1993, el año de la descentralización del sistema educativo, las jurisdicciones son las encargadas de acordar y pagar los salarios de sus maestros. La medida dio paso a una disparidad en la remuneración docente, que representa casi todo el presupuesto destinado a educación. Esa disparidad buscó ser zanjada, al menos en parte, con la Ley de Financiamiento Educativo de 2005. El gobierno nacional, después de negociar con los sindicatos, empezó a fijar un piso en todo el país.
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Entre 2008 y 2015 se mantuvo con algunas intermitencias la paritaria nacional. En 2016 se determinó que el salario inicial docente sería al menos un 20% más que el mínimo vital y móvil. Dos años después, el gobierno de Mauricio Macri derogó formalmente la negociación nacional, que a principios de este año fue reabierta por Alberto Fernández para volver a fijar el salario inicial de los maestros.
“Dada la muy baja representatividad de los docentes que tienen 0 años de antigüedad en el sistema (aproximadamente 5% de la planta total), el impacto de la paritaria nacional nunca fue muy significativo en relación con su efecto compensador. No obstante, el mecanismo mencionado cumple un rol de referencia relevante en la discusión paritaria intraprovincial del resto de los cargos docentes”, señala Curcio en el informe.
En 21 provincias, la variación nominal del salario fue inferior a la variación de los precios en la década analizada. Las mayores caídas se registraron en Santiago del Estero (-45,5%) y Santa Cruz (-42,0%), aunque esta última tiene un sueldo promedio de más del doble que la primera. Después, entre las que más perdieron, siguen Chaco (-28,5%), Corrientes (-22,6%), Tierra del Fuego (-22,0%), La Pampa (-21,8%), Catamarca (-21,3%) y La Rioja (-20,0%).
En la provincia de Buenos Aires, donde suele estar el foco de conflicto sindical, el salario tuvo una pérdida del 12,8% entre 2009 y 2018. En ese año el sueldo de un maestro de grado de jornada simple con 10 años antigüedad era de $25.102 brutos, mientras que la remuneración promedio del sector público era de $43.080. En tanto, en la Ciudad de Buenos Aires hubo una caída salarial del 8,9%. En 2018, la jornada simple de un docente se pagaba $24.904, mientras que el resto de los empleados públicos percibían $59.888 en promedio.
“Lograr una mejora en la retribución de los docentes requiere un compromiso de largo plazo de las administraciones provinciales. Centrar la expectativa en alguna decisión de la autoridad central o nacional es ignorar las restricciones vigentes”, afirmó Julio Durand, profesor de la Escuela de Educación de la Universidad Austral.
“Se podrán declamar apoyos, pero sin la asignación concreta de recursos en cada jurisdicción no se producirá mejora alguna. El caso de San Luis lo deja claro, como única provincia en la que se produjo una significativa mejora real del poder adquisitivo del salario docente”, agregó el especialista.
Si se mide entre los más favorecidos y los más perjudicados estos diez años, los docentes puntanos ganan 2,4 veces más que los santiagueños. Pero la disparidad también se da entre provincias de la misma región. En Cuyo, por ejemplo, los docente de San Luis cobraron, en promedio, $31.190 mientras que en Mendoza percibieron $21.045. En el NOA, por su parte, el salario bruto promedio de Salta fue de $26.340, el doble de Santiago del Estero ($13.291).
“Es muy importante acordar criterios de actualización salarial adecuados y coordinados para asegurar la existencia de servicios educativos universales de calidad a lo largo y ancho del país. Este instrumento, junto a otros, es central para avanzar hacia una educación inclusiva y de calidad que se constituya como igualadora de oportunidades y palanca para el desarrollo”, planteó el autor del informe.
Fuente: Infobae