Después de que el Gobierno declarara de interés público una iniciativa privada presentada por Rubén Fortuny para recuperar deudas de obras sociales y prepagas, el oficialismo impulsa una ley que promete “transparentar” la contratación de abogados externos. El proyecto busca regular un sistema de tercerización que ya recibió el aval del Ejecutivo, sin informar cuánto dinero está en juego ni cuánto costará recuperarlo.
El Gobierno de Salta dio el primer paso y ahora el oficialismo busca darle un marco legal en la Legislatura. A menos de un mes de que el gobernador Gustavo Sáenz declarara de interés público una iniciativa privada presentada por Rubén Fortuny para recuperar las deudas que obras sociales, prepagas y aseguradoras mantienen con los hospitales públicos, llegó a la Legislatura un proyecto de ley que propone regular la contratación de abogados particulares para realizar esas cobranzas.
La iniciativa se presenta como una herramienta para garantizar transparencia, controles y eficiencia en el recupero de costos sanitarios. Sin embargo, su aparición después del aval gubernamental al proyecto de Fortuny abre interrogantes sobre su verdadero propósito: ¿se busca mejorar un mecanismo de recaudación del Estado o establecer las condiciones legales para avanzar con un negocio privado que ya cuenta con respaldo político?
El antecedente inmediato es el Decreto Nº 618/26, firmado el 30 de septiembre y publicado en el Boletín Oficial el 1 de octubre, mediante el cual el Ejecutivo declaró de interés público la propuesta denominada “Recupero de Costos Sanitarios por Asistencias brindadas por los efectores de Salud Pública de la Provincia de Salta”.
El proyecto fue presentado por Rubén Fortuny, en su carácter de gerente de Gestión Integral del Norte S.R.L., una sociedad en formación. Su propuesta consiste en implementar un sistema integral para identificar pacientes con cobertura médica, facturar las prestaciones brindadas por hospitales públicos y gestionar el cobro de los importes adeudados por las entidades responsables.
La declaración de interés público no constituye una adjudicación directa ni habilita por sí sola a Fortuny a prestar el servicio. Para avanzar con la contratación corresponde desarrollar el procedimiento administrativo y licitatorio pertinente. Sin embargo, la decisión del Gobierno representa un respaldo institucional a una propuesta privada que pretende intervenir en la administración y recuperación de recursos del sistema sanitario provincial.
Los hospitales públicos de Salta atraviesan una fuerte crisis financiera debido a una deuda acumulada con las obras sociales que supera los $110.000 millones, impulsada también por el incremento del 67% en la demanda de pacientes con cobertura médica que migraron al sistema público.
Primero el aval, después la ley
Primero, el Ejecutivo reconoció el interés público de una iniciativa particular; después, el oficialismo promovió una regulación específica para incorporar profesionales externos a las gestiones de cobranza. El proyecto legislativo propone crear, dentro del Ministerio de Salud Pública, un Registro Especial de Profesionales para el Recupero de Costos Sanitarios, destinado a abogados particulares que intervengan en reclamos administrativos y judiciales.
Para inscribirse deberán acreditar matrícula activa en Salta, al menos tres años de ejercicio profesional, experiencia en recupero de créditos o procesos ejecutivos y ausencia de sanciones disciplinarias e incompatibilidades.
La propuesta también establece que los expedientes se distribuirán mediante sorteos o sistemas de rotación, considerando la especialidad, jurisdicción, complejidad y carga de trabajo de cada profesional. Las excepciones deberán justificarse por razones técnicas, de urgencia o eficiencia.
Aunque estos mecanismos se presentan como garantías contra la discrecionalidad, el proyecto no explica cómo se articularía el nuevo registro de abogados con la iniciativa privada de Fortuny, que plantea una intervención más amplia sobre la identificación, facturación y cobranza de prestaciones sanitarias. Tampoco aclara si el Estado continuará administrando directamente esas funciones, si contratará una empresa para desarrollar el sistema integral o si combinará ambas modalidades.
Mangione defiende la tercerización
El ministro de Salud Pública, Federico Mangione, defendió la propuesta de recupero de costos al señalar las dificultades del Estado para cobrar las deudas millonarias que mantienen las obras sociales con los hospitales. El argumento oficial es que mejorar la recaudación permitirá fortalecer los presupuestos hospitalarios, adquirir medicamentos e insumos y sostener el equipamiento sanitario.
Sin embargo, las críticas a la iniciativa privada apuntan precisamente a la decisión de recurrir a terceros para desarrollar una tarea que corresponde a la administración pública. Entre los cuestionamientos planteados aparecen la posibilidad de fortalecer los equipos propios del Ministerio de Salud, la falta de una convocatoria competitiva previa a la declaración de interés público y las condiciones económicas bajo las cuales participarán los operadores privados.
Honorarios privados y recursos públicos
La propuesta oficialista establece que los honorarios de los abogados deberán ajustarse a la legislación vigente y que los contratos tendrán que precisar las condiciones de pago, los gastos reconocidos y las obligaciones de rendición de cuentas.
También dispone que los fondos recuperados ingresen directamente a cuentas oficiales y que los profesionales presenten informes periódicos sobre su desempeño.
El Ministerio de Salud podrá evaluar el cumplimiento de plazos, el avance de los expedientes y los resultados económicos obtenidos. Los incumplimientos podrán derivar en la suspensión de nuevas asignaciones o la exclusión del registro.
No obstante, la iniciativa no fija un porcentaje máximo específico sobre los montos recuperados que pueda destinarse a honorarios y gastos de gestión. Se limita a establecer que los costos deberán guardar una proporción adecuada con los resultados.
Esto deja pendiente una cuestión central: cuánto dinero de las deudas cobradas terminará efectivamente en los hospitales y cuánto se destinará a remunerar a quienes intervengan en la recuperación.
El problema adquiere mayor relevancia si, además de abogados externos, se incorpora una empresa privada encargada de organizar o administrar parte del sistema.
Un negocio sin cifras públicas
Uno de los aspectos más llamativos es la ausencia de información económica que permita dimensionar la necesidad y conveniencia de la tercerización.
Hasta ahora, la documentación considerada no precisa cuánto adeudan las obras sociales, prepagas y aseguradoras al sistema público de salud de Salta, qué porcentaje logra recuperar actualmente el Estado, cuánto cuesta esa gestión ni qué ingresos adicionales se proyectan con la intervención privada.
Sin esos datos, resulta difícil evaluar si la contratación de terceros representa una solución más eficiente que el fortalecimiento de las áreas administrativas y jurídicas existentes.
El proyecto dispone que el Ministerio de Salud publique anualmente la cantidad de créditos reclamados, los montos involucrados, las sumas efectivamente cobradas y los gastos de gestión. Es decir, propone transparentar en el futuro información que sería fundamental conocer antes de avanzar con el nuevo esquema.
La iniciativa se apoya en la Ley 8491, que regula el recupero de costos por prestaciones sanitarias, y mantiene formalmente en manos del Ministerio de Salud la dirección y supervisión de las cobranzas.
De aprobarse, el Poder Ejecutivo dispondrá de 90 días desde la promulgación para reglamentarla.
La discusión legislativa, sin embargo, excede la creación de un registro profesional. El punto central es si el oficialismo pretende mejorar los mecanismos estatales de recupero o construir el andamiaje normativo que facilite la implementación de una iniciativa privada previamente avalada por el Gobierno.
La transparencia prometida no dependerá solamente de sortear expedientes o publicar informes anuales. También exigirá conocer las condiciones de contratación, los honorarios, los beneficiarios económicos y, fundamentalmente, por qué una función que administra recursos públicos necesita quedar en manos privadas.
Fuentes: Decreto Nº 618/26, Boletín Oficial de Salta; proyecto de ley sobre organización, selección y control de profesionales externos para el recupero de costos sanitarios.
Proyecto de ley, oficialismo Cámara de Diputados de Salta
