Lesa humanidad en Salta: 20 juicios esperan fecha y el tiempo juega a favor de la impunidad

A 50 años del golpe de Estado de 1976 y más de dos décadas de la reapertura de las causas, los juicios por delitos de lesa humanidad siguen siendo uno de los pilares más sólidos de la democracia argentina. Desde 2006, el país dictó 361 sentencias, con 1.231 personas condenadas, en un proceso reconocido a nivel internacional por su continuidad y alcance.

Sin embargo, el escenario dista de estar cerrado: aún hay 11 juicios en curso, 282 causas en investigación y 60 expedientes que esperan fecha de juicio oral. La dimensión del proceso evidencia tanto su profundidad como sus límites: la lentitud, la falta de recursos y lo que organismos de derechos humanos denominan “impunidad biológica”. Ese cuadro nacional tiene su expresión concreta —y particularmente crítica— en la provincia de Salta.

32 juicios realizados, 38 condenados

De acuerdo a la Procuración General de la Nación, en la jurisdicción salteña, el proceso judicial muestra avances concretos, pero también fuertes límites.

Hasta el momento, se realizaron 32 juicios de lesa humanidad, que derivaron en 38 personas condenadas. En ese recorrido quedaron fuera numerosos imputados, principalmente por fallecimiento o incapacidad, lo que vuelve a poner en primer plano el impacto del paso del tiempo.

Entre las causas ya juzgadas se encuentran expedientes emblemáticos como Palomitas I y II, Ragone I y II, La Veloz del Norte I y II, Megacausa Fronda, Consejo de Guerra, 90/10, Metán, entre otros, que permitieron identificar responsables y reconstruir el funcionamiento del aparato represivo en la provincia.

El dato central: 20 juicios aún sin fecha

El principal nudo del proceso en Salta hoy está en los expedientes que todavía no llegaron a debate oral.

Actualmente, 20 juicios orales de lesa humanidad se encuentran a la espera de fecha, a los que se suma un proceso bajo modalidad escrita (la causa Palomitas III). Entre los casos pendientes aparece, por ejemplo, el del conscripto Mario Víctor Brizzi.

Estos juicios dependen de la programación de los Tribunales Orales Federales I y II, que deben atender simultáneamente causas comunes y de lesa humanidad

Un sistema de designación que busca evitar demoras

Uno de los puntos clave del proceso está en la designación de magistrados.

Todos los jueces que intervienen en juicios de lesa humanidad son designados por la Cámara Federal de Casación Penal, que cumple un rol central en la organización de los tribunales.

En la práctica, muchos jueces se inhiben —es decir, se apartan con fundamentos legítimos— porque ya intervinieron en causas vinculadas a los mismos imputados o víctimas. Esto obliga a reconfigurar la integración de los tribunales y puede generar demoras.

Frente a ese escenario, la Cámara no actúa como un obstáculo sino como un organismo que ordena y optimiza el proceso de designación: solicita a los tribunales orales información sobre qué jueces ya intervinieron en causas relacionadas, con el objetivo de depurar los listados y evitar nuevas inhibiciones, agilizando así la conformación de los tribunales.

El problema de fondo, sin embargo, es estructural: faltan jueces en todo el país, no solo en Salta, lo que impacta directamente en los tiempos de los juicios.

La situación se agravó recientemente con el fallecimiento del juez Juárez Almaraz, quien estaba asignado a 7 juicios pendientes, lo que obliga a nuevas designaciones y reconfigura nuevamente los tiempos.

123 causas en etapa de investigación

Más allá de los juicios ya realizados y los que esperan fecha, el universo de causas sigue en expansión.

Actualmente, 123 expedientes se encuentran en etapa de instrucción en los Juzgados Federales N°1 y N°2 de Salta. Se trata de investigaciones que abarcan múltiples víctimas y hechos.

Un ejemplo es la causa conocida como 90/10, que investiga detenciones ocurridas en 1975, previo al inicio de la represión estatal (es decir, aún bajo un gobierno constitucional), donde las personas fueron trasladadas a dependencias de la Policía Federal, sometidas a torturas y, en el caso de varias mujeres, a violencia sexual. Este tipo de causas refleja una ampliación del enfoque judicial, que comenzó a reconocer estos delitos como parte estructural del terrorismo de Estado.

Juicios abreviados: acelerar sin revictimizar

Uno de los avances más relevantes en Salta en los últimos años es la implementación de juicios abreviados en causas de lesa humanidad.

Desde 2024, se lograron concretar 15 acuerdos, en los cuales los imputados reconocen su responsabilidad, reciben una condena y la sentencia queda firme sin necesidad de un juicio oral completo.

Este mecanismo no solo permite acelerar los tiempos judiciales, sino que además tiene un impacto directo en las víctimas:
evita que tengan que volver a declarar y atravesar nuevamente una instancia profundamente dolorosa, reduciendo así situaciones de revictimización.

Si bien no es aplicable a todos los casos, se consolidó como una herramienta clave en un contexto de demoras estructurales.

Salta, entre las jurisdicciones con más sentencias del país

Dentro del mapa nacional, Salta ocupa un lugar central en el proceso de juzgamiento.

De acuerdo a los datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PROCULESA), actualizados a 50 años del golpe, la distribución de sentencias muestra con claridad el peso de cada jurisdicción:

• CABA encabeza el ranking con 62 sentencias y 221 personas condenadas, y 3 juicios en curso.
• Salta aparece inmediatamente después, con 32 sentencias, 40 personas condenadas y 1 juicio en curso.
• Muy por detrás se ubican otras jurisdicciones históricamente relevantes como:
• La Plata: 25 sentencias
• Mar del Plata: 13 sentencias
• El dato es contundente: Salta es la segunda jurisdicción del país con mayor cantidad de sentencias por crímenes de lesa humanidad.

Este posicionamiento confirma el peso específico que tuvo la provincia en el proceso de juzgamiento a nivel nacional. Pero al mismo tiempo expone una tensión estructural: ese volumen de causas y sentencias es el que hoy presiona sobre un sistema judicial que no logra avanzar con la misma velocidad en los juicios que aún están pendientes.

Entre la persistencia y la demora

El contraste define el presente de los juicios de lesa humanidad en Salta.

Por un lado, la provincia logró posicionarse como una de las jurisdicciones con más sentencias del país, solo por detrás de CABA, consolidando un proceso sostenido de memoria, verdad y justicia. Por otro, enfrenta hoy un cuello de botella crítico, con 20 juicios paralizados, más de un centenar de causas en investigación y un sistema judicial que no logra responder con la velocidad necesaria.

En ese escenario, el tiempo deja de ser una variable administrativa para convertirse en un actor central. Cada demora impacta sobre víctimas, familiares y sobre la posibilidad misma de que la justicia llegue.

Porque si algo muestran los datos —a nivel nacional y en su expresión local— es que la Argentina juzgó mucho. Pero en Salta, como en otras jurisdicciones, la pregunta sigue abierta: si la justicia llega, ¿llega a tiempo?

Fuente: Ciudadana Comunicación