Cinco gobernadores apuran la reforma de la Constitución local. En la mayoría de los casos se busca modernizar los sistemas vigentes. También se propone eliminar elecciones de medio tiempo, achicar gasto político, acotar mandatos y dicen, dinamizar la Justicia.

Además de lo sanitario y lo económico, lo político juega un rol central en la agenda 2021 de las provincias. En ese esquema, más allá de la renovación legislativa que dominará buena parte del año, un puñado de gobernadores agita la idea reformista de la Constitución local que, en rigor, constituyó para varios de ellos uno de los pilares de la campaña electoral.

En Salta, el Gobierno del peronista Gustavo Sáenz propuso avanzar con la elección de convencionales constituyentes el próximo 4 de julio, en simultáneo con los comicios legislativos locales. La pretensión choca con la resistencia de los distintos sectores de la oposición, que argumentan que la persistencia de la pandemia no resulta conveniente para realizar un acto eleccionario múltiple.

En Chaco, en tanto, el gobierno de Jorge Capitanich también apura la discusión legislativa del proyecto girado por el mandatario en marzo del año pasado; iniciativa que quedó postergada por la urgencia obligada por la pandemia y que el oficialismo intenta reactivar desde noviembre pasado.

Entre otros puntos, se pretende readecuar la figura del vicegobernador para que presida la Legislatura chaqueña, limitar las reelecciones y reducir de 32 a 25 diputados provinciales, descentralizar funciones a los municipios, limitar el mandato a los jueces del Superior Tribunal de Justicia y elección popular de los jueces de Paz, y jerarquizar el Ministerio Público de la Defensa.

A su vez, el gobernador de Mendoza, el radical Rodolfo Suárez, apura el tratamiento legislativo del proyecto para reformar la Constitución provincial que giró en agosto pasado, con el “propósito de promover un salto de calidad en la vida institucional”, del distrito, según definió el propio mandatario.

La iniciativa, que había sido fue presentada en el Senado por el ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez, apunta, entre otras cosas, a transformar el Poder Legislativo en unicameral y eliminar las elecciones de medio término.

El nervio de la iniciativa comenzó a reactivarse la semana pasada, luego de la reunión que mantuvo la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, que preside el senador oficialista, Marcelo Rubio. Allí, pese a la sorpresa y a la resistencia que mostró parte de la oposición, se acordó avanzar mañana en el diseño de un cronograma para discutir el proyecto, que podría tener su punto de partida formal el jueves, cuando se realice una reunión conjunta de las comisiones de ambas cámaras legislativas.

“Es un anhelo del Gobernador iniciar un debate político en la provincia que nos debemos los mendocinos para avanzar en el objetivo principal que es la Reforma Institucional”, dijo Rubio días atrás.

Desde la oposición, que juega un rol clave ya que para que sea aprobada la reforma debe contar con dos tercios de ambas cámaras, el titular del bloque del Frente de Todos, Lucas Ilardo, sostuvo que “nos hemos enterado que para el gobernador de Mendoza la prioridad es un tema de la política como la reforma institucional. Para el peronismo, la prioridad son los problemas que tiene la sociedad, estamos en medio de una pandemia”.

Catamarca, en tanto, también espera el inicio del período ordinario de sesiones para volver a darle impulso al proyecto del gobernador Raúl Jalil de reformar la carta magna. Propone la eliminación de las reelecciones indefinidas y la renovación parlamentaria cada cuatro años, entre otros puntos.

Por último, como parte de la renovación del Gabinete político del gobernador santafesino, Omar Perotti, se sumó a un rol clave, el de ministro de Gobierno, el excandidato a intendente de Rosario, el abogado Roberto Sukerman. El también exconcejal dijo, en declaraciones a medios de la provincia, que si bien la reforma constitucional no está entre las prioridades de la administración, la necesidad de modernizar una carta magna que data de 1962 siempre está vigente, más allá de la discusión por la inclusión de la reelección, una posibilidad todavía vedada.

Fuente: Ámbito