El Gobierno de Salta publicó este lunes el acuerdo alcanzado en diciembre pasado para que la empresa estatal Recursos Energéticos y Mineros Salta S.A. (REMSa) asuma la operación de emergencia del área hidrocarburífera CNO-8 “Puesto Guardián”, tras la quiebra de la concesionaria President Petroleum S.A. El acuerdo estará vigente hasta que se defina un nuevo llamado a Licitación Pública de la Concesión de Explotación.
Qué debe hacer REMSa
De acuerdo al acta acuerdo firmada entre la Provincia y REMSa y publicado hoy en el Boletín Oficial, la empresa estatal queda a cargo, por un plazo inicial de 24 meses, de una serie de tareas clave:
- Operación y mantenimiento de emergencia: garantizar la continuidad operativa del área, evitando la paralización total de las instalaciones.
- Resguardo de activos: preservar pozos, equipos e infraestructura heredados de la concesión caída.
- Protección ambiental: aplicar prácticas para minimizar impactos y evitar daños mayores, en un contexto de pozos con “criticidad” ambiental.
- Inventario integral: relevar todos los bienes del área junto a la autoridad provincial.
- Estudio ambiental de base: identificar pasivos ambientales preexistentes y evaluar riesgos.
- Comercialización del crudo: utilizar la producción para financiar la propia operación y eventuales mejoras.
- Evaluación de viabilidad: analizar si el área es económicamente sostenible a futuro.
- Posible abandono de pozos: avanzar en cierres definitivos de baja complejidad técnica.
- Contratación de personal: incorporar trabajadores de la empresa quebrada, pero sin asumir sus deudas laborales previas.
El objetivo es “asegurar la continuidad operativa, ambiental y de seguridad” hasta que la Provincia licite nuevamente el área a un operador privado.
Una intervención estatal frente a un vacío empresarial
Por un lado, existen pozos antiguos perforados por YPF antes de las concesiones, que hoy presentan riesgos ambientales. Por otro, la quiebra de President Petroleum dejó el área sin operación, mantenimiento ni cierre adecuado. Ante ese escenario, la Provincia declaró la caducidad de la concesión y la reversión del área a su dominio, habilitando al Ministerio de Producción a firmar acuerdos de emergencia como el actual. Sin embargo, el esquema adoptado implica que REMSa —una empresa estatal— asuma costos operativos, ambientales y de gestión, al menos en el corto plazo.
Las responsabilidades que quedan en segundo plano
El propio acuerdo establece que: Los pasivos ambientales preexistentes deben ser reclamados judicial o extrajudicialmente por la Provincia a las empresas responsables y que REMSa no responde por esos daños anteriores, sino solo por lo que ocurra desde que toma posesión.
Mientras el Estado actúa para contener la emergencia, las empresas que explotaron el área —especialmente President Petroleum— no resuelven las consecuencias de su actividad. A esto se suma la responsabilidad histórica por los pozos perforados en la etapa previa a las concesiones, cuando la actividad estaba en manos de YPF
Hasta esperar respuestas de los actores privados involucrados, la Provincia optó por administrar la crisis con su propia empresa, garantizando continuidad operativa, pero asumiendo riesgos económicos y políticos.
Un esquema transitorio con final abierto
El acuerdo con REMSa es, en principio, temporal: durará hasta que se adjudique nuevamente el área mediante licitación nacional o internacional. No obstante, el plazo de dos años —prorrogable— y la complejidad ambiental del yacimiento sugieren que la intervención estatal podría extenderse. Mientras tanto, Puesto Guardián se convierte en un caso testigo: un área donde el Estado termina gestionando las consecuencias de la explotación privada, en un contexto donde las responsabilidades empresarias quedan en un segundo plano.
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Salta
