“Nos vemos el miércoles, negra de mierda”

El 26 de octubre, día de las elecciones legislativas nacionales, la periodista de El Destape, Lula González, fue agredida durante la cobertura de la votación de la candidata de La Libertad Avanza Patricia Bullrich. Un efectivo de la Policía de la Ciudad intervino cuando la cronista intentó preguntar a la entonces ministra de Seguridad acerca de Pablo Grillo, el fotógrafo baleado por un gendarme el 12 de marzo. Le dijo: “Nos vemos el miércoles, negra de mierda”.

Es uno de los hechos que señala el Informe sobre Libertad de Expresión en Argentina 2025 que realiza la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA junto a la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, con apoyo de la Federación Internacional de Periodistas. Fundamentado en un monitoreo propio construido a partir de múltiples fuentes, el estudio advierte sobre el agravamiento inédito de las condiciones para la participación en el debate público y el ejercicio del periodismo, tras dos años de gobierno de Javier Milei.

“Nos vemos el miércoles” hace alusión a las movilizaciones que se realizan ese día cada semana, en las cuales se reiteran los hechos de violencia y represión contra manifestantes, periodistas y reporteros. El Informe registra un número alarmante de 83 comunicadores agredidos durante la cobertura de manifestaciones públicas en 2025, un incremento de 66% respecto a los datos de 2024. El ataque al fotógrafo Pablo Grillo, gravemente herido por el impacto en la cabeza de una cápsula de gas lacrimógeno disparada por un gendarme en violación a los protocolos para el uso de este tipo de armas, se convirtió en un símbolo de la persistencia de la impunidad y la ausencia de respuesta institucional frente a la violencia.

La persecución judicial hacia periodistas, dirigentes opositores, referentes sindicales, docentes, artistas y ciudadanos comunes se incrementó, al punto que la judicialización se convirtió en una herramienta recurrente para silenciar voces críticas. La prohibición de emitir los audios sobre el cobro de coimas en la agencia de discapacidad, dispuesta por el juez del fuero civil y comercial Patricio Maraniello, constituyó el primer caso de censura judicial en 30 años en nuestro país. A esto se suma la precarización, la pérdida de derechos y la degradación salarial que deterioran las condiciones de las trabajadoras y los trabajadores de prensa.

El Informe da cuenta también del abandono del rol del Estado como garante del derecho a la comunicación. Las modificaciones realizadas a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 70, de diciembre de 2023, dieron inicio a un proceso de re-regulación en los servicios audiovisuales y de telecomunicaciones todavía en curso. Su vigencia implica que sigue habilitada la concentración mediática ilimitada, tanto a nivel nacional como de mercado. Este año, la compra de Telefónica de Argentina por Telecom -a pesar de las objeciones de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia- deja al Grupo Clarín con posición dominante en todos los mercados de las telecomunicaciones y con fuerte presencia en el mundo audiovisual.

Del mismo modo que en otros ámbitos, la política de vaciamiento se agudizó sobre los medios públicos, incluidas las señales educativas, a las que se aplica el mismo ahogo presupuestario y despidos que en la TV Pública, Radio Nacional y Télam. Estas iniciativas del Gobierno libertario dan cuenta de un olvido planificado y de la voluntad de vaciamiento que desembocan en un asedio privatizador. En la misma la línea va la intervención, desfinanciamiento y desmantelamiento de los organismos como el ENACOM y la Defensoría del Público.

El panorama en materia de ciberpatrullaje, vigilancia masiva y uso estatal de inteligencia artificial en seguridad y control social mostró signos de ampliación y opacidad inquietantes, del mismo modo que aumentó la discrecionalidad en la gestión de la pauta oficial y el acceso a la información pública.

Desde el comienzo de su mandato, el presidente no se ha prestado a ninguna conferencia de prensa -en la que pueda ser preguntado por periodistas con perspectivas diversas- pero dio, en promedio, una entrevista por semana. Algunas de estas apariciones mediáticas dejan en evidencia la intervención directa del gobierno en el control de las preguntas y los temas que el entrevistador aborda e incluso en la edición del material. El caso más elocuente es el de la entrevista a realizada por Jonatan Viale en febrero, tras la difusión de la criptomoneda $Libra. Igual que la mayoría de sus publicaciones en redes sociales -especialmente en X, donde pasa más de dos horas diarias, con un promedio de 287 retuits por día en octubre- las entrevistas o conversaciones televisadas con partidarios de LLA son oportunidad para desplegar la escalada de agresión y desprestigio hacia el periodismo. El gobierno de Milei ha materializado con eficacia una estrategia integral orientada a disputar y controlar el sentido común. Logró desplazar el marco de referencia del debate público hacia sus propios términos.

Frente a este escenario, el Informe sobre Libertad de Expresión en Argentina 2025 se reafirma como una herramienta científica, política y ciudadana que busca impedir la naturalización del silenciamiento de voces críticas y mantener abierto el horizonte de una comunicación plural, diversa e igualitaria.

“Defender la libertad de expresión en la Argentina actual no es una causa sectorial ni restringida a los trabajadores y trabajadoras de la comunicación: constituye una condición indispensable para la vigencia misma de la democracia”, concluye el informe.

* Coordinadores del Informe sobre Libertad de Expresión en Argentina / Docentes e investigadores – Carrera de Ciencias de la Comunicación (UBA)

Fuente: Página 12