En diciembre pasado, el gobierno de Javier Milei derogó la ley de emergencia territorial indígena 26.160, que suspendía los desalojos de todas las comunidades hasta que se completara el relevamiento de las tierras ancestrales. En Salta, el Gobierno apela a la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y los tratados internacionales como herramientas jurídicas para garantizar el derecho a la posesión y propiedad comunitaria.
Funcionarios de la Secretaría de Asuntos Indígenas y el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas (IPPIS), analizaron la situación territorial de los pueblos originarios de la provincia y las consecuencias de la derogación de la Ley, porque el Gobierno de Salta proyecta estrategias que permitan la defensa del territorio de comunidades originarias pasibles de desalojos, tras la derogación de la Ley Nacional N°26.160 por parte del Gobierno Nacional.
La normativa que declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas fue sancionada en 2006, precisamente para suspender las acciones judiciales, administrativas o procesales que busquen desalojar a las comunidades indígenas y realizar un relevamiento técnico, jurídico y catastral de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas. La ley fue prorrogada en 2009, 2013 y 2017 mediante diferentes leyes, y en 2021 a través de un decreto; pero fue derogada por Milei el 10 de diciembre de 2024, justo durante el Día Internacional de los Derechos Humanos.
Gómez Almarás: “Un retroceso en la protección de derechos de las comunidades”
El secretario de Asuntos Indígenas Luis Gómez Almarás, destacó la necesidad de abordar el tema institucionalmente y con el IPPIS; el organismo autárquico que representa a las Comunidades Indígenas de la provincia, porque “si bien el gobierno Nacional derogó la Ley 26.160, implicando ello un retroceso en la protección de los derechos de las comunidades indígenas, tenemos otras herramientas jurídicas para garantizar el derecho a la posesión y propiedad comunitaria: la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, tratados internacionales reconocidos, normas procesales e incluso la propia Ley Provincial del IPPIS; que permiten actuar en circunstancias de eventuales amenazas al territorio», precisó.
El subsecretario Ariel Sánchez anticipó que se sistematizará junto el IPPIS, la información de casos y conflictos que los vocales detecten a partir de sus abordajes territoriales. Recientemente, se vivieron situaciones críticas en comunidades de los departamentos San Martín, Orán y Anta y de la región geográfica del Valle Calchaquí.
Por ello, el presidente del IPPIS, Cándido Condori -vocal Diaguita Calchaquí-; indicó que la situación afectó los ánimos de los pueblos y generó preocupación. Graficó al decir que «cuando uno pierde el ánimo, yo creo que pierde todo: el ánimo de poseer, el ánimo de estar en el lugar, de cultivar, de sembrar, de seguir sosteniendo nuestras culturas, nuestra identidad; son suficientes para seguir en este proceso reivindicativo de pueblos indígenas». El vocal del pueblo wichi, José Rodríguez, repudió la derogación: “estamos en contra de la eliminación de la Ley. Nos queda seguir luchando y buscando otra alternativa».
La Provincia cuenta con un registro de abordajes jurídicos realizados durante la vigencia de la ley 26160, que será actualizado.
En el encuentro también estuvieron Enrique Arello -vocal Guaraní-; Beatriz Rivero -vocal Chané-; Eduardo Yaque -vocal Toba-; Juan José Vega -vocal Tapiete-; y Sandra Pisco -vocal Chorote-; además del equipo legal de la Secretaría.
