Lentamente pero sin pausa, las propuestas para que se efectúen recortes en los sueldos de los funcionarios de mayores ingresos se empiezan a transformar en un tema común en informes, reportes y declaraciones periodísticas.
La lista de quienes ya hablan abiertamente de ese tema se agranda día a día. Pero más allá de las declaraciones, nada hay más elocuente que los fríos números.
Los economistas calculan que, si se suman todos los niveles de contratación estatal –gobierno nacional, gobiernos provinciales, municipios, empresas estatales, universidades, entes autónomos-, la cantidad de empleados públicos ronda los 3,7 millones. En otras palabras, del total de trabajadores argentinos que están en el sector formal y cobran un sueldo todos los meses, casi cuatro pueblan las oficinas públicas.
El economista Roberto Cachanosky calculó que la masa salarial de todos los que cobran del Estado ya asciende a 13 puntos del Producto Bruto Interno.
Pero hay algo peor: la tendencia muestra una fuerte aceleración en el peso de los sueldos estatales respecto de los ingresos fiscales.
Una proyección de la Fundación Mediterránea arroja resultados sorprendentes: hace apenas dos meses, la masa de salarios estatales representaba un 31% de los recursos, mientras que cuando se paguen los haberes de abril su peso habrá subido a un 51%.
Naturalmente, no es que esta situación ocurra por un incremento en los sueldos públicos –aunque se proyecta una leve suba de 5%- sino más bien por una contundente caída de la recaudación, que en dos meses sufrió un pavoroso recorte de 37%.
La situación es particularmente grave en el caso de los gobiernos provinciales, cuyos presupuestos soportan el 65% del total de la masa salarial estatal argentina. En medio del desplome de los ingresos, los gobernadores se encuentran con que el pago de sueldos públicos pasó a significar un 76% de sus recursos, cuando apenas dos meses atrás ese rubro era del 44%.
Y en los municipios, donde cuatro de cada diez pesos de ingresos se iba al pago de sueldos, ahora la relación pasó a ser de nueve de cada diez pesos.
La bomba salarial, en crecimiento acelerado
Es ante esta situación que los economistas prenden la alarma sobre el tema políticamente incorrecto: los sueldos de los estatales, que ya representan la mitad de los ingresos por impuestos, son sostenidos por los aportes de un sector privado agobiado por la parálisis.
El economista Gabriel Rubinstein lo argumentó así: «Tendrían que bajar 30% los salarios públicos, porque la gente tampoco tiene mucho en que gastar. Si le pagás el 100%, lo va a ahorrar. Y en realidad, si le bajas el sueldo hoy, que no se transporta, no sale a la calle, no va al cine, tiene menos gastos. Si el Estado bajara los sueldos, el problema fiscal no sería grande».
Mientras que Aldo Abram, director de la Fundación Libertad y Progreso, coincidió en la cifra del recorte: «Los sueldos de los empleados públicos que no están prestando servicio deberían recortarse entre un 20% y un 30%, con un piso de tres salarios mínimos vital y móvil». Y agregó que los funcionarios en cargos políticos deberían liderar ese ajuste, «ya que le están reclamando a la sociedad un enorme sacrificio de ingresos».
Claro que en ese punto también viene haciendo punta José Luis Espert, desde la primera hora un defensor del recorte del gasto. Indignado, planteó: «¿Ni siquiera en medio de una pandemia van a hacer un ajuste del gasto, cuando se va disparar el déficit por el derrumbe de la recaudación? El hecho de que nadie esté produciendo, que nadie venda nada, va a hacer que la gente no pueda pagar los impuestos, y no te los va a pagar, y si no pagan los impuestos yo le pregunto a todos los políticos qué van a hacer con el gasto público».
Recortes y «ahorro forzoso»
La postura es compartida también en análisis más moderados, que señalan la preocupación por la magnitud del desempleo que se está generando y las dificultades de Argentina para emular los remedios monetarios de países desarrollados.
Por ejemplo, Daniel Artana, economista jefe de FIEL, señala que el decreto que prohíbe los despidos no resuelve el problema de fondo, dado que empujará a las empresas a los concursos de acreedores y agravará la recesión.
«Para los sectores en problemas, el gobierno debería tratar de coordinar una negociación entre empresarios y sindicatos, similar a las suspensiones, en lugar de forzar a que todas las empresas continúen como si todo fuera normal en un momento de crisis», agrega.
Y argumenta que ese mismo criterio se debería aplicar al aparato estatal: «Sería conveniente coordinar con provincias y éstas con sus municipios, la posibilidad de reducir los salarios de empleados estatales que trabajen desde sus domicilios, una suerte de réplica de las suspensiones acordadas entre empresas y sindicatos en el sector privado», plantea.
También Jorge Vasconcelos, economista jefe de la Fundación Mediterránea, plantea la conveniencia de un «ahorro forzoso» en el sector público para los funcionarios de altos ingresos.
Y le pone números a la propuesta: «La masa salarial de nación, provincias y municipios suma 240 mil millones de pesos por mes. Con el 8,3% de esos recursos (aportado por los sueldos más elevados) se podrían abonar 20 mil pesos por mes a un millón de trabajadores formales del sector privado, pertenecientes a los sectores paralizados, con un esquema de transición que demanda readecuar las instituciones laborales».
Los casos de los vecinos
Los partidarios de esta alternativa cuentan con otro argumento a favor cuando se les plantea la imposibilidad política de avanzar en este tema: se está aplicando en otros países de alta incidencia del empleo público. Sin ir más lejos, en Uruguay, donde por ley se impuso un recorte transitorio de los salarios más altos en el sector público.
La propuesta del presidente Luis Lacalle Pou –y que fue refrendada por el Parlamento- implica recortes desde 5% hasta 20%, dependiendo del nivel de ingreso. Se empezarán a aplicar para los estatales con salarios netos a partir de 80.000 pesos uruguayos –al tipo de cambio oficial, unos 120.000 pesos argentinos-.
Ese ahorro fiscal será destinado a la creación de un fondo de emergencia para afrontar la crisis del coronavirus. Y para Lacalle significó una pulseada ganada a la central sindical, tradicionalmente ligada a la izquierda, que prefirió no confrontar con el gobierno para no ganarse la antipatía de la sociedad.
También en Paraguay se anunció una medida en ese sentido. El vicepresidente Hugo Velázquez dijo que el recorte –de entre 10% y 20%, según los niveles de ingreso- se aplicaría a los funcionarios con sueldos desde 11 millones de guaraníes –unos 110.000 pesos argentinos, al cambio oficial-.
Con esta decisión, el gobierno paraguayo prevé transferir u$s52 millones, entre reducciones salariales y recortes en horas extras, combustibles y otros privilegios. Las bajas de sueldos incluyen a altos funcionarios de las dos empresas binacionales del país, la hidroeléctrica de Yacyretá, compartida con Argentina, e Itaipú, con Brasil, cuyos salarios suelen ser objeto de críticas.
Los políticos tantean el terreno
Hasta ahora, las señales desde el mundo de la política dejan entrever que mientras sea posible se evitará un recorte de salarios públicos para no ganarse el enojo de un sector de la sociedad donde reside buena parte del apoyo político del Gobierno.
Aunque está claro que no sólo con recortes nominales se bajan la masa salarial estatal. De hecho, en Argentina se ha aplicado muchas veces un método clásico de «licuación» por la vía inflacionaria: dejar correr a los salarios públicos a un ritmo más lento que los precios, con lo cual suben en términos nominales pero caen en términos reales. Ocurrió en todos los gobiernos y los líderes sindicales lo aceptan como parte de las reglas de juego.
En situaciones más extremas, como la crisis del sistema de convertibilidad de 2001, se recurrió al pago de salarios estatales en las cuasimonedas emitidas por las provincias. Eran billetes que, al momento del pago, teóricamente cotizaban uno a uno con el peso (y, por ende, con el dólar) pero que con el correr de los días empezaban a perder aceptación en los comercios, al punto que algunos se terminaban cambiando al 20% de su valor nominal.
Pero hay cierto consenso entre los economistas en el sentido de que repetir esa experiencia sería nocivo. Artana, de FIEL, argumenta que eso implicaría una «quita de ingresos desordenada» y que por ese motivo sería preferible apelar a la medida de una reducción nominal de salarios públicos, en forma negociada.
Lo cierto es que ya hubo un intento de aplicar esa idea. Lo hizo el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, quien anunció desde su cuenta de Twitter que conformaría un fondo de emergencia para asistir a los más afectados por la cuarentena, y que los recursos saldrían de aportes de empleados estatales.
La propuesta generó una respuesta inmediata de los sindicatos, ante lo cual el gobernador se apuró a aclarar que no se trataría de un recorte compulsivo sino de aportes voluntarios, y dejó flotando la duda sobre si esa había sido realmente su intención original o si se había visto obligado a «recular».
En todo caso, lo que parece claro es que si este tema avanza, no será porque haya economistas que lo vean como algo conveniente sino, sobre todo, por la presión de la opinión pública. Por lo pronto, los pedidos para un gesto de parte de los funcionarios con cargos electivos es un clamor que va creciendo, y ganan protagonismo los pedidos como el de la médica que, con un sueldo de $40.000, le pidió en público a Alberto Fernández que él se bajara 25% su remuneración.
Fuente: IProfesional
