Compartimos la columna de la periodista Natalia Nieto emitida en el programa Compartiendo su Mañana por Aries FM.
Niña, originaria, con retraso madurativo y pobre. ¿Qué más le faltaría a Juana para ser revictimizada, después de haber sido víctima de la brutal violencia de los criollos que la violaron en banda en 2015? Que el Estado la siga abandonando, a ella y su familia.
Y hablo de violación, porque reducir al eufemismo del “abuso” el horror por la que atravesó esa niña a los 12 años, sería ofensivo. Y hablo de abandono, porque otra vez, que la sociedad civil se deba unir para ayudar a víctimas (también del Estado), es moneda corriente en Salta.
En 2021, a casi seis años del hecho ocurrido en Santa Victoria Este, la familia sigue esperando que el gobierno provincial, -éste o el anterior, o el municipal-, cerquen su humilde vivienda. Mire que no esperan que los organismos pertinentes generen trabajo genuino, ni que acompañen el desarrollo de esa joven cuya vida ya estaba truncada incluso antes de ser violada por nueve hombres y de tener que someterse a una cirugía por un embarazo de un feto con anencefalia; o que le brinden asistencia de cualquiera de las formas urgentes y necesarias. Solo quieren cercar la vivienda, porque continúa siendo víctima de ataques de parte de familiares de los agresores. Juana vive en permanente peligro por la falta de reparo en el patio de su precaria vivienda.
Sucede también que para muchas salteñas y salteños, inclusive los que ocupan puestos de decisión en el Gobierno, la realidad de las comunidades y su abandono son desconocidos, y por ello, el padre de la niña wichí, Nicasio, y Octorina Zamora de la Fundación Kajianteya, tuvieron que venir a la capital para contar lo que sucede con una familia cuyas vidas arruinadas y miserables fueron noticia internacional, pero no conmovieron a los gobernantes.
Aquí presentaron la campaña No’ t’ uye Juana –‘’Cuidando a Juana’’, para que la adolescente originaria wichi con retraso madurativo, víctima de un ataque sexual en banda, de odio, racial, violento, patriarcal y en plena infancia, no corra peligro en su propia casa. Ayer escuchamos a Nicasio y dijo: “estamos tristes; nos mienten mucho, pero el gobierno va a decir que soy malo. Estoy acá porque necesito. Tengo miedo que a mi hija le pase algo más. Nos amenazan y nos discriminan todos los días”.
Claro que el de Juana, es un caso paradigmático y de aquellos de los que, ciudadanas y ciudadanos suponemos, deben surgir políticas públicas que permitan que no se repitan. Pues no: las niñas originarias siguen siendo víctimas de los abusos sexuales de criollos y todas sus familias, también lo son de la falta de agua, de trabajo y políticas estatales que respeten el cambio de paradigma vigente desde el 11 de agosto de 1994, cuando en la Constitución Nacional se incorporó el Artículo 75 Inc. 17.
Ese día, más de 300 representantes de los diversos pueblos indígenas de todo el país llegaron a Santa Fe, para presenciar uno de los acontecimientos históricos más importantes del siglo XX en relación con los pueblos originarios: la Convención Nacional Constituyente, a cargo de la Reforma de la Constitución Nacional, que iba a tratar la incorporación de los derechos indígenas a la Carta Magna.
Los años previos a la reforma fueron de un arduo trabajo de las organizaciones indígenas para consensuar una propuesta que incluyera los principales derechos en el nuevo texto. Y, a su vez, para convencer a los convencionales constituyentes de que aprobaran la reforma.
Es que hasta ese momento, en materia indígena regía el artículo 67 inciso 15 de la Constitución Nacional de 1853, que establecía que le correspondía al Congreso Nacional: “Proveer a la seguridad de las fronteras; conservar el trato pacífico con los indios, y promover la conversión de ellos al catolicismo”.
Ese jueves 11 de agosto, ya había caído la noche cuando la asamblea comenzó a los derechos indígenas en la Universidad Nacional del Litoral. Los referentes de las comunidades permanecían en silencio, expectantes, en los palcos.
La reforma del artículo 67 inciso 15 fue aprobada por unanimidad, en lo que significó como dijimos, un cambio de paradigma en materia de derechos humanos indígenas.
A partir de ese día, el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional establece que corresponde al Congreso:
- Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos.
- Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural.
- Reconocer la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan.
- Regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano.
- Ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos.
Por último, el nuevo marco supone asegurar la participación de los pueblos en la gestión referida a sus recursos naturales y demás intereses que los afecten, más allá de las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones.
¿Se quedó pensando si esto sucede? No hay mucho que pensar. No se respeta en Salta un mandato constitucional y los pueblos originarios van resolviendo su subsistencia cómo pueden y en medio del marketing que cada tanto los rodea. Pozos de agua, Marcelo Tinelli y la parafernalia de los gobiernos, que siguen haciendo circo a su alrededor.
Y mire que la familia de Juana no pide que le solucionen la vida, solo que se cumpla con ese compromiso –ya antiguo- de protegerla de los parientes de los criollos condenados a 17 años de prisión.
Y dado que el Estado sigue ausente, Octorina Zamora, las periodistas Marta César y Susana Peralta y la antropóloga Eugenia Morey, con la aprobación de Nicasio, trabajan en la colecta para cercar el terreno de la precaria vivienda y mejorar la seguridad perimetral y calidad de vida de Juana y su grupo familiar.
Fíjese que si al gobernador Gustavo Sáenz lo “sorprendió” que en marzo pasado se publicara en el Boletín Oficial de la Provincia el llamado a Adjudicación Simple para la ejecución de “refacciones varias” en la residencia gubernamental de Finca Las Costas, con un presupuesto de casi 9 millones de pesos; puede ser que hoy se conmueva y decida que el Gobierno se haga cargo, en lugar de que la sociedad civil deba convocar a una colecta por poco más de 850 mil pesos para cubrir los costos de materiales para cercar la vivienda de Juana. Es menos del 10% de lo que costaría arreglar Finca Las Costas, donde el exgobernador Juan Manuel Urtubey, -cuyo gobierno se comprometió a cercar la vivienda de Juana-, también dormía abrigado y seguro.
Hasta que alguien más se conmueva, compartiremos la información sobre dónde pueden aportar las personas solidarias.
Dónde aportar:
CBU: 1910065055006553771978
Banco Credicoop
E-mail: epikamba@gmail.com
