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El aborto y la Constitución

En cuanto a la autonomía personal de la mujer, es un mito que una mitad de la biblioteca sostenga una postura, y la otra mitad, lo contrario. "No hay nada, en ninguna norma constitucional o tratado internacional, que obligue al Estado argentino a sancionar penalmente la interrupción voluntaria de la gestación", aclara Roberto Saba.

 

 

 

Pocas cosas le han hecho más daño al progreso del derecho que la creencia popular –alimentada por algunos juristas –que para todo problema legal complejo hay siempre una mitad de la biblioteca que respalda una postura y otra mitad que da razones para sostener la opuesta.

Si esta visión relativista del derecho fuera correcta, si la misma ley expresara un principio y también su contrario, no tendría sentido contar con constituciones o tratados internacionales. Carecerían de razón los debates legislativos o judiciales sobre qué debería decir o dice nuestro derecho.

Es cierto que la ley se expresa en palabras corrientes que requieren ser interpretadas, pero de ello no se sigue que esas palabras signifiquen lo que arbitrariamente cada uno desea. Los debates legislativos y los procesos judiciales buscan, a través de la deliberación, llegar a una respuesta, siempre provisional, de lo que nuestro derecho constitucional realmente dice.

Si tuvieran razón los relativistas que ven en toda discrepancia sobre el significado de la ley una contienda con ganadores y perdedores, bastaría con contar las manos alzadas por sí o por no en la legislatura o con escuchar la voluntad del juez como si fuera un oráculo, ahorrándonos el engorroso proceso deliberativo que posee reglas específicas.

No llegamos a la verdad provisional acerca de lo que el derecho dice sino por medio del intercambio de razones públicas que justifican cada posición en algo más que la mera voluntad o creencia del que las expresa.

El debate abierto sobre la despenalización de la interrupción voluntaria de la gestación, en el Congreso de la Nación, busca dar respuesta a un problema legal profundamente complejo. Esta deliberación no ha empezado el día que el Congreso comenzó con las sesiones de consulta pública, ni terminará con la sanción de la ley.

En este camino “popperiano” de búsqueda de la verdad, en esta deliberación entendida como proceso paulatino tendiente a desentrañar la respuesta correcta –a la Habermas o a la Nino–, hay algunos consensos más o menos extendidos, como los siguientes.

El aborto no es un asesinato. Si no, nuestro derecho y el de los países que lo sancionan les hubieran aplicado penas equivalentes a ambas acciones y nunca lo hacen. Tampoco se establecerían excepciones a la penalización para casos como la violación o la preservación de la salud de la mujer, como sucede.

El feto o el embrión pueden gozar de protección legal, pero ésta no es equivalente a la de una persona nacida: ni siquiera aquellos que se oponen al descarte masivo de embriones que tiene lugar en los procedimientos de fertilización asistida lo consideran un genocidio.

El derecho liberal protege la autonomía personal de la mujer que, como sostenía Kant, no puede ser considerada como medio para lograr fines ajenos a su decisión, sino que es un fin en sí misma.

Nuestra Corte Suprema tiene una sólida jurisprudencia sobre la protección de la autonomía que encuentra en las palabras del artículo 19 de la Constitución Nacional.

Los casos Sejean (divorcio vincular), Bazterrica y Arriola (tenencia de estupefacientes), Portillo y Albarricini (libertad de conciencia), entre muchos otros, así lo establecen. El Congreso confirmó esta lectura con la permisión del matrimonio entre personas del mismo sexo. La Corte Interamericana va en el mismo sentido al aplicar la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el caso Artavia Murillo.

La penalización del aborto viola la igualdad ante la ley, pues conduce a la muerte a un grupo de personas en situación de desventaja estructural, como es el de las mujeres en condición de pobreza, violando los artículos 16 y 75, inc. 23 de nuestra Constitución.

No hay nada, e insisto, nada, en ninguna norma constitucional o de ningún tratado internacional, que obligue al Estado argentino a sancionar penalmente la interrupción voluntaria de la gestación.

Aun cuando se interpreten normas como el artículo 4 de la Convención Americana, en el sentido de que genera una obligación estatal de proteger al embrión o al feto, de allí no se desprende la existencia de una obligación de sancionar penalmente a quien interrumpa un embarazo.

La protección de derechos no requiere inevitablemente de la aplicación de sanciones penales. Decir lo contrario es incurrir en una evidente falacia, en un insalvable error lógico. El valor moral del embrión a partir de su potencialidad de convertirse en una persona, no desaparece cuando entra en conflicto con los principios de autonomía y de igualdad que respaldan la decisión de la mujer de interrumpir un embarazo no deseado, pero debe ceder frente a ellos al menos durante el primer trimestre de gestación. Así, no sólo no hay ningún obstáculo constitucional o convencional para que el Congreso despenalice el aborto en este último caso, sino que es posible incluso sostener que la penalización vigente es inconstitucional y que, por lo tanto, los legisladores deben derogarla. La jurisprudencia estable de nuestros más altos tribunales de justicia sobre autonomía e igualdad va en ese sentido.

Esta no es una competencia entre las dos mitades de la biblioteca. Es un proceso deliberativo en el que sólo por medio de razones llegaremos, aunque más no sea provisionalmente, a conocer la verdad constitucional.

* Roberto Saba es Profesor de Derechos Humanos y Derecho Constitucional (UBA y Universidad de Palermo). Publicado en Clarín