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Nueva condena al IPS: ahora, rehabilitación para una niña sorda

 

El juez de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Marcelo Domínguez ordenó al Instituto Provincial de Salud de Salta que otorgue en forma total e inmediata la cobertura de los gastos que demande la terapia neurolingüística de una nena.

 

El juez hizo lugar parcialmente a una acción de amparo de un padre en representación de su hija, que tiene hipoacusia neurosensorial bilateral prelingual y posee certificado de discapacidad otorgado por la Junta Evaluadora de Discapacidad de Salta.

La Junta diagnosticó “Alteraciones del habla, no clasificadas en otra parte. Hipoacusia neurosensorial bilateral”, sugiriéndose como orientación prestacional “Rehabilitación. Estimulación temprana”.

Domínguez señaló que “la audición constituye un sentido fundamental en la vida de un individuo, en especial en el aprendizaje y en las relaciones interpersonales. La audición es la vía principal a través de la cual se desarrolla el lenguaje y el habla, uno de los más importantes atributos humanos.”

El médico tratante le prescribió la estimulación auditiva dos veces por semana.

Citó el juez las “especiales necesidades de rehabilitación de la niña a la luz de su patología y su corta edad” y recordó que la Convención de los Derechos del Niño reconoce que el infante mental o físicamente impedido deberá disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad, que le permitan llegar a bastarse a sí mismo y faciliten su participación activa en la sociedad, estableciendo que a tal fin debe brindársele asistencia destinada a asegurarle un acceso efectivo a la educación, la capacitación y los servicios de rehabilitación, la preparación para el empleo y las oportunidades de esparcimiento, tendiendo a su integración social y desarrollo individual en la máxima medida posible (artículo 23) y, a la vez reconoce el derecho del niño al disfrute del nivel más alto posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación.

Es el interés superior del niño el que debe guiar lo que se resuelva, afirmó.

A partir de la vigencia de la Ley 7.600, el Instituto Provincial de Salud de Salta, está obligado a brindar las prestaciones básicas de atención integral prevista en la norma nacional y cuando se trata de menores discapacitados, la falta de cobertura integral por parte de las obras sociales a lo prescripto por los facultativos que los atiendan, vulnera el derecho constitucional a la salud.

“En el caso, la dolencia que padece la niña da cuenta de la necesidad de la cobertura integral del tratamiento de Rehabilitación Neurolingüística a valores presupuestados, cuyo importe de $ 452,36 por sesión individual no luce notoriamente irrazonable a la luz del cotejo con el importe de las sesiones de Estimulación Auditiva a valores referenciales IPS de $ 318,47, como así también del Módulo Maestra de Apoyo Jornada Completa a valor del arancel vigente del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad, de conformidad con lo dispuesto por la Ley nacional 24901 y la Resolución del Ministerio de Salud de la Nación 2001-E/2016 y la que en el futuro pudiere modificarla, en tanto su restricción compromete en definitiva la salud de la menor y su derecho a la rehabilitación.”

Por ello dijo, corresponde admitir la cobertura del cien por ciento de los gastos que demande la terapia en neurolingüística necesaria para la reinserción de la niña y los costos a valores de nomencladores nacionales del Módulo Maestra de Apoyo Jornada Completa, toda vez que el hecho de que el demandado tenga valores prestacionales inferiores al nomenclador nacional, no puede perjudicar a la menor, en tanto ello implicaría vulnerar principios constitucionales fundamentales, en especial el derecho de la niña a la protección integral de su salud y a una adecuada calidad de vida, resultando ésta la vía idónea para resguardar tales derechos.