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La Cooperadora pidió a la fiscal que archive la denuncia de los radicales

Los apoderados de la Cooperadora Asistencial de la Capital se presentaron espontáneamente en la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos y pusieron a disposición la totalidad de la documentación e información relacionada con la denuncia presentada recientemente por los diputados del bloque UCR.

 

En el voluminoso descargo, sostienen que la denuncia constituye un acto apresurado que no tiene respaldo documental alguno, y pidieron la desestimación y archivo por inexistencia de delito.

Los abogados Dávila, Pistoni Sanz y Dávalos dejaron sentado que la totalidad de las contrataciones y gastos realizados por el ente autárquico, se corresponden con los destinos fijados por la Ley 5335 y el Decreto  1809/78 que lo rige y presentaron todos los expedientes que acreditan la necesidad de esas erogaciones y un trámite regular.

Sostienen que existen numerosos controles que realiza la Auditoría General Provincial, el Tribunal de Cuentas Municipal y el Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social, al margen de que cuenta con una Unidad de Sindicatura Interna y un departamento que controla la ejecución de convenios.

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Por ello, los apoderados calificaron de temeraria la acusación de que los funcionarios podrían integrar una asociación ilícita, incurrieran en malversación de caudales o hubieran intervenido en negociaciones incompatibles. En este sentido consideran que los denunciantes ni siquiera mencionaron a las personas o hechos puntuales, que permitirían formular semejante reproche.

Entendieron también que es reduccionista la visión de los legisladores por no tener en cuenta que existen gastos vinculados con logística y funcionamiento operativo de la Cooperadora Asistencial, y tampoco admiten que es necesario abordar la problemática social previo relevamiento mediante consultoría y estadísticas, como también difundiendo los programas que benefician a los vecinos de Salta.

Por último, sostienen que el trabajo institucional de la Cooperadora es ordenado y que no se agota en la asistencia con la Copa de Leche, entrega de bolsones, medicamentos o subsidios, sino que también comprende problemáticas de género, violencia intrafamiliar y adicciones, destinando recursos para tal fin.