De Blaquier a Levín, los cómplices civiles de la dictadura


Los sectores empresarios fueron algunos de los tantos grupos que participaron en la planificación y ejecución del genocidio instaurado en Argentina. Las torturas, los secuestros y las desapariciones fueron posibles gracias al apoyo de todos los sectores de poder que actuaron en complicidad para cambiar radicalmente la estructura del país y las ansias de libertad de la militancia estudiantil y obrera. Entre ellos, la dirección y las gerencias de las empresas más grandes del país se involucraron directamente con el avasallamiento de sus trabajadores y trabajadoras y colaboraron con el golpe de Estado que derrumbó la democracia el 24 de marzo de 1976.

 

El rol de las empresas y de sus cabezas directivas no se redujo al simple hecho de avalar el avance genocida, sino que se caracterizó por apoyarlo con herramientas, maquinarias, información, vehículos y hasta con terrenos y predios dentro de sus propias fábricas. Muchas de estas compañías e industrias son las responsables directas de los secuestros, torturas y desapariciones de trabajadores y trabajadoras, además de ser cómplices del exterminio con el fin de eliminar los derechos obreros que se habían conquistado por los reclamos y la organización y el objetivo de “ordenar” los revoltosos territorios de trabajo.

La represión al interior del movimiento obrero llevada adelante por las Fuerzas Armadas durante la dictadura cívico-militar fue posible en estos territorios porque las empresas participaron activamente proveyendo información, señalando a quienes debían eliminar, observando las torturas de sus trabajadores e instalando centros clandestinos dentro de las plantas. De esta forma, no sólo reducían los acuerdos laborales sino que actuaban con el objetivo de disciplinar al resto de los trabajadores.

Gracias al testimonio de miles de trabajadores se conoce que cientos de empresas en todo el territorio nacional fueron partícipes y cómplices de delitos de lesa humanidad y, específicamente, de las desapariciones y el exterminio de miles de trabajadores y trabajadoras – mayoritariamente contra aquellos que participan activamente de los reclamos obreros. Sin embargo, en el siguiente listado se incluyen aquellos casos en los que hay avances en materia judicial respecto a los delitos de lesa humanidad cometidos por las empresas y sus directivos. Este proceso que carga con fuertes obstáculos tienen aún más frenos cuando lo que se trata de juzgar es la pata civil y empresarial del genocidio.

 

La Veloz del Norte

La Veloz del Norte es una compañía de transporte automotor de pasajeros ubicada en la provincia de Salta, fundada en 1940. Su exdueño Marcos Levin, fue el primer empresario condenado por delitos de lesa humanidad contra trabajadores de la propia empresa. Durante la década del 70, tuvo lugar un proceso de conflictividad que aumentó con el correr de los años, a partir de reclamos obreros por la mejora de condiciones laborales y de la resistencia a despidos injustificados. En enero de 1977, al menos 22 trabajadores fueron víctimas de delitos de lesa humanidad al haber sido detenidos y torturados en una comisaría de la capital de Salta, y luego liberados. El hecho se produjo a partir de una denuncia de Levin por supuestas “defraudaciones reiteradas”. Tal como se demostró posteriormente, el empresario colaboró con el secuestro y los traslados aportando vehículos de línea y automóviles de la compañía, instalaciones, listas de trabajadores, datos, personal y recursos económicos y dádivas a la fuerza policial para la represión.

En marzo de 2016, el Tribunal Oral Federal de Salta (TOF) condenó a Levín a 12 años de prisión. Sin embargo, en octubre de 2017, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, anuló la condena al considerar que su participación en el secuestro y tortura del denunciante no se trató de un delito de lesa humanidad.

De todos los trabajadores secuestrados, solo el caso de Víctor Cobos llegó a juicio. En marzo de 2016, el Tribunal Oral Federal de Salta (TOF) condenó a Levín a 12 años de prisión por el delito de privación ilegítima de libertad de Cobos. Sin embargo, en octubre de 2017, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, anuló la condena al considerar que su participación en el secuestro y tortura del denunciante no se trató de un delito de lesa humanidad, sino de “meros actos aislados de grave violencia institucional cometidos durante la última dictadura militar, pero no vinculados al terrorismo de estado”. También se derogaron las penas que recibieron dos expolicías involucrados en el operativo. Luego de la apelación de las fiscalías y las querellas, la causa llegó a la Corte Suprema que, en septiembre de 2018, ordenó su reapertura, incluyendo también a los trabajadores que no habían sido considerados víctimas de crímenes de lesa humanidad en el primer proceso judicial.

 

Ledesma

Entre el 20 y el 27 de julio de 1976, la dictadura cívico-militar y la empresa Ledesma cortaron las luces en las localidades de Libertador General San Martín, Calilegua y El Talar, en la provincia de Jujuy, con el fin de secuestrar a 400 personas. Este mega operativo recordado como “La Noche del Apagón”, se produjo gracias a la complicidad del ingenio azucarero. De las personas que desaparecieron, por lo menos 60 eran empleadas de la empresa, como operarios de fábrica o zafreros, o tenían un rol activo en los sindicatos. Personas docentes, médicas, abogadas y estudiantes de dichas localidades también fueron víctimas de la represión vinculadas a la compañía, debido al extendido dominio que Ledesma Sociedad Anónima Agrícola Industrial (SAAI) había construido en la zona a lo largo de varias décadas. Más de 30 personas continúan desaparecidas en la actualidad.

La compañía Ledesma no solo colaboró activamente, sino que participó en la planificación de los hechos represivos. Numerosos testimonios y documentos dan cuenta de cómo directivos y altos empleados de Ledesma SAAI se involucraron en los secuestros de los trabajadores, algunos dentro de la propia fábrica. Además de las listas de personas a detener que fueron dadas por la empresa, también se señala el uso de camionetas de la compañía, con las que las personas detenidas fueron llevadas a cárceles y comisarías de Jujuy y al Centro Clandestino de Detención de Guerrero, ubicado en las cercanías del Ingenio.

Carlos Blaquier, dueño del ingenio Ledesma y su exadministrador Alberto Lemos, resultaron procesados en 2012 por el Juzgado Federal N°2 de Jujuy por estar involucrados en la desaparición de trabajadores y haber participado con recursos materiales en los delitos. En 2015 dictaron la “falta de mérito” para los empresarios. Cuatro años después, la Corte Suprema de Justicia de la Nación aún no se ha expedido ni pronunciado.

Carlos Blaquier, dueño del ingenio Ledesma, y su exadministrador Alberto Lemos, resultaron procesados en 2012 por el Juzgado Federal N°2 de Jujuy por estar involucrados en la desaparición de trabajadores y haber participado con recursos materiales en los delitos. El procesamiento fue confirmado en 2013 por la Cámara de Casación de Salta y la Sala IV de Casación tomó el expediente en diciembre de 2013. Sin embargo, luego de un año y tres meses de tener la causa paralizada en Buenos Aires, en 2015 dictaron la “falta de mérito” para los empresarios. Esa decisión fue apelada por el Ministerio Público Fiscal y las querellas. Sin embargo, cuatro años después, la Corte Suprema de Justicia de la Nación aún no se ha expedido ni pronunciado. A su vez, en junio de 2018 se inició una Megacausa en Jujuy en la que, entre otras causas, nuevamente se investiga el accionar genocida contra las víctimas en los hechos ocurridos durante la “Noche del Apagón”, a través de las causas “Burgos” y “Aredez”.

 

Acindar

La empresa siderúrgica Acindar Industria Argentina de Aceros SRL se instaló por primera vez en el país en 1942, en la provincia de Santa Fe. Fue allí donde realizó su primera ampliación instalando su segunda planta en la localidad de Villa Constitución, en 1951. Se trata de uno de los casos paradigmáticos de represión ocurridos antes del golpe de Estado de 1976: en los años previos, los trabajadores formaron parte de un proceso de organización que los convirtió en uno de los principales exponentes del sindicalismo combativo a nivel nacional. Los principales antecedentes de la lucha gremial se pueden ubicar en 1974, cuando un grupo de obreros llevaron adelante medidas de protesta para reclamar la reincoporación de la comisión interna de la planta, contraria a la dirigencia general del sindicato, en lo que se conoció como el primer “Villazo”. A fines de ese año, la dirección de Acindar permitió la instalación de un destacamento policial dentro la empresa.

En Acindar, hubo casi 100 víctimas de delitos de lesa humanidad:  8 desaparecidos, 18 asesinados y 69 detenidos y liberados. Muchos de ellos eran incluso torturados en los denominados “albergues de solteros”, ubicados dentro del predio de la fábrica, que funcionó así como un centro clandestino de detención.

En relación a esto, el 20 de marzo de 1975, un operativo de fuerzas represivas se desplegó en la ciudad con el objetivo de “combatir el complot de la industria pesada”, lo que terminó en la tortura, secuestro y asesinato de 300 personas, evidenciando el inicio del genocidio antes del 24 de marzo de 1976. En Acindar, hubo casi 100 víctimas de delitos de lesa humanidad:  8 desaparecidas, 18 asesinadas y 69 detenidas y liberadas. Muchas de ellas eran incluso torturadas en los denominados “albergues de solteros”, ubicados dentro del predio de la fábrica, que funcionó así como un centro clandestino de detención. Tal como señala el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la empresa puso también a disposición del aparato represivo medios de transporte, dinero y legajos de los trabajadores, incluyendo las fotografías tomadas a los mismos para realizar trámites de la cédula de identidad y del carnet de fábrica. Sin embargo, los vínculos con la dictadura cívico-militar son aún más evidentes: en 1975, el presidente de Acindar era José Alfredo Martínez de Hoz, quien luego del golpe de Estado se convirtió en el Ministro de Economía.

La causa para la investigación de los delitos de lesa humanidad ocurridos en la planta a partir de 1975 tuvo un nuevo avance hace tan solo unas semanas: el juez federal 4 de Rosario, Marcelo Bailaque, hizo lugar a la solicitud de 46 indagatorias, entre las cuales se encuentra un exdirectivo de la compañía y tres exgerentes, que comenzarán a fines de este mes. También se encuentran involucrados en la causa militares, miembros de las fuerzas de seguridad, integrantes de la triple A y de la Juventud Sindical. Tal como destaca el fiscal de la causa, Adolfo Villate, el principal objetivo del operativo que está siendo indagado judicialmente fue “disciplinar al movimiento obrero y avanzar en el proceso de concentración de las empresas siderúrgicas”.

 

Ford

El caso de la empresa automotriz Ford se convirtió en un emblema de la responsabilidad empresarial en la dictadura cívico-militar al probarse la cooperación de sus directivos en la instauración de un centro clandestino de detención dentro de su planta ubicada en Pacheco, conocido como el “Quincho de Ford”. Al igual que ocurrió en el caso de su par Mercedes-Benz, durante la década del ‘70 la conflictividad en la empresa era alta debido a los fuertes reclamos de sus trabajadores y su férrea organización sindical. A partir de la instauración del gobierno de facto, parte del predio donde se encuentra la planta automotriz fue cedido por la empresa a los militares para realizar allí las torturas y secuestros de sus propios empleados. Se ha constatado que 37 trabajadores fueron víctimas de torturas dentro de la planta de Ford y 24 fueron secuestrados tras ser señalados por la misma empresa.

En diciembre 2018, la justicia argentina alcanzó un fallo histórico al condenar por primera vez a una empresa multinacional como culpable de delitos de lesa humanidad.

En diciembre 2018, la justicia argentina alcanzó un fallo histórico al condenar por primera vez a una empresa multinacional como culpable de delitos de lesa humanidad. “Hemos tenido por plenamente probado que existió, de parte de autoridades y personal jerárquico de la empresa Ford, un aporte específico de información de los trabajadores a ser secuestrados. Con el mismo grado de certeza se acreditó que existió un aporte logístico y de recursos materiales”, sentenció el tribunal que condenó a Pedro Müller, exgerente de manufactura y a Santiago Omar Riveros, exjefe de seguridad a 10 y 15 años de prisión respectivamente. Durante el juicio los testimonios señalaron la fuerte vinculación que la empresa mantenía con fuerzas militares, así como el aporte de una lista de nombres de trabajadores, información y recursos logísticos al servicio del genocidio.

 

La Nueva Provincia

La Nueva Provincia es un diario de la ciudad de Bahía Blanca que se encuentra entre los más antiguos del país. Asociado históricamente con el poder del sector rural y de postura editorial conservadora, se posicionó a favor del golpe cívico-militar de 1976. Entre 1973 y 1976, en el diario se plantearon conflictos que protagonizaron los obreros del taller gráfico por aumentos salariales y por el efectivo cumplimiento del convenio colectivo de trabajo de 1975. A tres meses del alzamiento de los militares en el poder, dos de los trabajadores más combativos, Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, fueron secuestrados, torturados y asesinados en 1976.

El director del diario, Vicente Massot, se convirtió en el primer propietario y director de un medio en ser imputado por delitos de lesa humanidad en la Argentina. La justicia investigó a Massot por su responsabilidad en el asesinato de sus empleados – quienes se sospecha que fueron entregados por la misma cúpula del diario – y también por haber encubierto a nivel periodístico 35 crímenes que fueron presentados como “enfrentamientos” en las páginas del medio que dirigía, sin embargo, fue beneficiado con la “falta de merito”.

En el año 2017, en la sentencia del juicio que se desarrolló en Bahía Blanca “V Cuerpo del Ejército III”, en un fallo histórico contra un medio de comunicación, el Tribunal ordenó que el diario La Nueva Provincia debía rectificar la información falsa que difundió sobre algunas víctimas de delitos de lesa humanidad durante el genocidio. Es decir, se pidió que el medio “publique la rectificación como acto moralmente reparatorio y de reconstrucción de la memoria” de ediciones en las cuales varias de las víctimas aparecen como “detenidos o abatidos en enfrentamientos con militares, cuando quedó acreditado que fueron objeto de secuestro, tortura o fusilamiento por parte del personal militar de la época”.

 

Las Marías

Las Marías es el principal establecimiento yerbatero del país, ubicado en Gobernador Virasoro, provincia de Corrientes. En los años previos al golpe militar, vivió una etapa de luchas y reclamos por parte de sus trabajadores que culminó en la primera huelga de estancias correntinas en 1974. La empresa se vio forzada a mejorar los salarios y las precarias condiciones laborales que ofrecían. Tras la llegada de los militares al poder, los trabajadores sindicalizados fueron perseguidos, torturados y dos de ellos, Neri Pérez y Marcelo Peralta, continúan desaparecidos desde junio de 1977.

La responsabilidad del dueño de la empresa, Adolfo Navajas Artaza, quedó impune. Actualmente, Navajas Artaza es presidente honorario del Establecimiento Las Marías y su familia continúa al frente de la firma, una de las más importantes de la provincia de Corrientes.

El caso de Las Marías llegó a juicio y obtuvo una sentencia en el año 2018. El único imputado fue absuelto: se trata del interventor militar de Gobernador Virasoro, Héctor María Torres Queirel, acusado por el secuestro de Marcelo Peralta, trabajador en la estancia yerbatera. A su vez, la responsabilidad del dueño de la empresa, Adolfo Navajas Artaza, quedó impune, a pesar de haberse probado la existencia de listas de empleados donde fueron marcados los trabajadores secuestrados. Actualmente, Navajas Artaza es presidente honorario del Establecimiento Las Marías y su familia continúa al frente de la firma, una de las más importantes de la provincia de Corrientes.

 

Mercedes-Benz

La empresa automotriz alemana Mercedes-Benz inició sus actividades en Argentina en septiembre de 1951. Fue en la década del ‘70 cuando se incrementó la conflictividad debido al reclamo por las mejoras de las condiciones laborales y salariales. Entre 1976 y 1978 fueron secuestrados más de 20 trabajadores, de los cuales 15 continúan desaparecidos. La mayoría de ellos eran delegados gremiales, habían participado activamente de los conflictos al interior de la fábrica o eran parte de los empleados despedidos y luego reincorporados en lo que se consideró uno de los mayores momentos de tensión con la gerencia, en 1975. La causa que investiga los delitos de lesa humanidad inició en octubre de 2002 y recién llegó a juicio hace unas semanas, el 7 de marzo. A lo largo de los años, fueron varias las evidencias que vinculan a la cúpula directiva con los secuestros, al haber brindado a los represores información detallada sobre el desempeño laboral, direcciones y datos de las víctimas.

 A lo largo de los años, fueron varias las evidencias que vinculan a la cúpula directiva con los secuestros, al haber brindado a los represores información detallada sobre el desempeño laboral, direcciones y datos de las víctimas. 

Tal como destaca el CELS, un expediente de inteligencia policial de 1980, encontrado en el Archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de Buenos Aires, señala respecto a los desaparecidos de la empresa que “la mayoría de los trabajadores mencionados en su oportunidad fueron catalogados como elementos de izquierda que agitaban en Mercedes Benz”. A partir de la investigación, se encontraron también actas de directorio en las que se hablaba específicamente de “desapariciones” y “disciplinamiento” de la fábrica y se comprobó la complicidad de la gerencia al permitir que las fuerzas represivas se infiltraran entre los trabajadores como “empleados de vigilancia”. Los fiscales de la causa también señalaron que Mercedes-Benz se encontraba entre las veinte empresas de mayor facturación y era uno de los principales complejos industriales que tenía como principal cliente al Ejército Argentino.

 

Minera Aguilar

La compañía Minera Aguilar SA, se instaló en la zona cordillerana de la provincia de Jujuy, para realizar la extracción y explotación de minerales. Esto estuvo marcado por los altos beneficios económicos para la empresa, sometiendo a los mineros y sus familias a inhumanas condiciones de vida. Ante esto, los trabajadores organizados realizaron dos huelgas históricas por mejores condiciones de trabajo, la última en 1973 que fue conocida como el “Aguilarazo”. Sin embargo, a partir de marzo de 1976, durante la dictadura cívico-militar, se produjo la detención de, por los menos, 31 obreros en la mina, quienes fueron transportados con vehículos de la empresa a distintas dependencias de las Fuerzas Armadas o de Seguridad. Los directivos de la empresa proveyeron la información necesaria para garantizar dicho operativo.

A partir de marzo de 1976, se produjo la detención de, por los menos, 31 obreros en la mina, quienes fueron transportados con vehículos de la empresa a distintas dependencias de las Fuerzas Armadas o de Seguridad. Los directivos de la empresa proveyeron la información necesaria para garantizar dicho operativo.

En el mes de junio de 2013, procesaron a los directivos de la empresa. El Juzgado Federal N° 2 de Jujuy, dictó el procesamiento de Alfredo Luis Arzuaga y Telésforo Zurita, quienes se desempeñaban como directivos de la Compañía Minera Aguilar SA durante la dictadura cívico-militar y a quienes se los consideró responsables como partícipes secundarios de delitos de lesa humanidad cometidos contra los obreros mineros con actividad sindical. Esta causa se acumuló con otras 16 en la provincia de Jujuy y es investigada en el juicio oral de la Megacausa iniciada en junio de 2018. Allí, al igual que con el caso de Ledesma, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de la provincia también investiga la responsabilidad de gendarmes y directivos de la empresa en los secuestros, torturas y detenciones de mineros que allí desempeñaban su trabajo, entre ellos, la desaparición de Avelino Bazán que fue detenido en 1978. Sin embargo, los directivos de la empresa imputados no serán juzgados: Arzuaga falleció y Zurita fue recientemente apartado del proceso por razones de salud. A su vez, en 2013 se condenó con perpetua y 25 años de prisión a tres genocidas responsables de las detenciones-desapariciones de los trabajadores de la mina.

 

Molinos Río de la Plata

Desde antes del comienzo de la dictadura cívico-militar, los trabajadores de la empresa Molinos Río de la Plata denunciaron amenazas, golpizas y hasta secuestros por unas horas dentro de la planta. Luego del 24 de marzo de 1976, los reclamos obreros se respondieron con secuestros y desapariciones. Al menos 27 personas vinculadas a la empresa fueron detenidas: 21 se encuentran desaparecidas, cuatro fueron asesinadas, una sobrevivió y una niña fue víctima de apropiación. El 7 de julio de 1976, varios integrantes de las fuerzas armadas ingresaron a la fábrica, ubicada en Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, y secuestraron a un grupo de trabajadores, previamente señalados en listas proporcionadas por la empresa. Al menos siete obreros fueron secuestrados a partir de ese mismo día en su domicilio, en la vía pública o en el camino a la fábrica. Todas las víctimas tenían en común un fuerte protagonismo sindical. Las pruebas demuestran la participación de la empresa: por operativos realizados en la fábrica y por los allanamientos y secuestros que sucedieron en domicilios que solo la empresa tenía registrados.

El equipo de la fiscalía definió que los secuestros de los trabajadores implicaron un beneficio económico para la empresa. Sin embargo, aún no hay imputados identificados.

En mayo de 2013, se presentó una denuncia, realizada por hijos e hijas de los trabajadores de la empresa, ante el Juzgado Federal N°3 de La Plata para que se investigue la complicidad de los propietarios y personal directivo de la compañía en los secuestros, torturas y desapariciones de trabajadores. Entre 2015 y 2016, el Ministerio Público Fiscal solicitó que se investiguen los casos de 22 víctimas en los que la empresa estuvo involucrada, debido a que sus secuestros se produjeron contra trabajadores con activa militancia política-sindical. El equipo de la fiscalía definió que, además, los secuestros de los trabajadores implicaron un beneficio económico para la empresa. Sin embargo, aún no hay imputados identificados. Molinos era una empresa muy importante del grupo económico Bunge & Born, y después de la dictadura se convirtió en una de las empresas más grandes del país.

 

 

 

 

Fuente: La Primera Piedra