La otra herencia de Franco Macri: veinte años de negocios en el Chaco salteño

El reciente fallecido padre del presidente, inauguró en 1997 una de las ramas del grupo que fundó y dejó como herencia a sus hijos años antes de morir: el agronegocio en el chaco salteño. Los apellidos que aparecen con fuerte presencia en el escenario político actual.

Si se suman todas las propiedades de sus hijos Mauricio y Gianfranco, de Pablo Clusellas, Leonardo Maffioli y Alejandro Braun Peña, primo del jefe de Gabinete, el clan entero posee tres veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires en Salta, de las cuales llevan desmontadas por lo menos un tercio.

“El 70 por ciento de las tierras argentinas son áridas o semiáridas, como las que tenemos en Salta. Si se las aprovechara como lo haremos nosotros, el país podría crear bienestar y empleo para todos”. El que habla es Franco Macri, en un reportaje con el suplemento rural del diario Clarín en 2005. El padre del presidente contaba entonces, en pleno boom sojero, que se disponía a concretar un nuevo negocio agropecuario en el chaco salteño. Adelantaba que había comprado poco más de 9 mil hectáreas de campo, bajo el nombre “Finca Cuchuy”, que se sumaban a otras 20 mil de “El Yuto”, ya adquiridas en 1997.

Su hijo Mauricio, por entonces, era diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, y en su primera declaración jurada como funcionario público había informado ese año que poseía un 10 por ciento de Yuto SA, la flamante división agrícola del grupo fundado por su padre.

Faltaba todavía una década para que Mauricio se convirtiera en presidente, pero también muchos años de intrigas e internas familiares antes que Franco decidiera, en 2013, delegar el 66 por ciento de su patrimonio -Yuto SA incluida- a sus cinco hijos. Dos de ellos, el Presidente y Gianfranco -quien saltó a la luz pública en junio del año pasado luego de haber blanqueado 63 millones de pesos gracias a un decreto de su hermano- aprovecharían años más tarde la herencia no sólo de los campos, sino de la visión de negocio, y consolidarían un entramado de empresas y favores de las gobernaciones de Juan Carlos Romero y Juan Manuel Urtubey para concretar en los hechos el negocio que Franco había proyectado.

 

Por lo que se sabe hasta hoy, ese proyecto inicial creció hasta abarcar más de 60 mil hectáreas, el equivalente a tres veces el territorio de la Ciudad de Buenos Aires, distribuidas en campos en los departamentos salteños de Rivadavia y San Martín, a las orillas del Río Bermejo. Y no sólo creció en extensión, sino en participantes: a los nombres de Franco, Mauricio y Gianfranco hay que sumarles a otros propietarios, todos ligados al clan Socma. Entre ellos se encuentran dos cuyos apellidos aparecieron ligados al escándalo de los Panamá Papers: el secretario de Legal y Técnica (el “Zannini de Macri”), Pablo Clusellas y el actual CEO de Socma, Leonardo Maffioli.

Maffioli figura en distintos registros de propiedad a los que accedió este medio como propietario de por lo menos 4300 hectáreas, repartidas en cuatro campos distintos, todos ellos a nombre de “Limayu SA” y en sociedad con otro empresario de apellido Lisaj. La sospecha de las organizaciones ambientalistas que siguen de cerca los movimientos de estos empresarios es que parte de esas tierras son fracciones del campo “madre” de Franco, la finca “El Yuto”.

El caso de Clusellas es más engorroso y comparte la trama con otro personaje oscuro del clan Macri: Alejandro Braun Peña, primo del jefe de Gabinete Marcos Peña Braun.

Alejandro Braun Peña fue quien compró, a nombre de Yuto SA, el primero de los campos en 1997, y figura en los registros hasta hoy como su propietario. Según reveló Greenpeace en su informe de 2014 “Desmontes SA”, Clusellas compartía con él los directorios de Finca Cuchuy y Salta Cotton SA, y estaba al mando de por lo menos otras dos empresas agropecuarias más subsidiarias de Sideco Americana, de la que Clusellas fue síndico.

Un dato de color: un edicto de la asamblea de propietarios y directores de Finca Cuchuy que tuvo lugar en el 2013 y en la cual Clusellas aparecía a asociado a Braun Peña fue publicado recién en el Boletín Oficial en 2016, cuando Clusellas manejaba ya su publicación. El secretario de Legal y Técnica se ocupó entonces de borrar su nombre de los registros.

Lo que llama la atención de Greenpeace y otras organizaciones ambientalistas es qué hacía en 1997 un primo de Marcos Peña mezclado en los negocios de Franco Macri. Marcos, según cuenta en varias entrevistas, se sumó al proyecto político de Mauricio recién en 2003, cuando el Pro ni siquiera existía como tal, pero seis años más tarde de que su apellido apareciera ligado a los negocios familiares de su jefe político.

Desmontes, petróleo y persecución a las comunidades wichi

Hasta no hace mucho, Braun Peña era un personaje poco y nada conocido. Apareció por primera vez vinculado familiarmente al jefe de gabinete en el libro Macristocracia, de Fernando Cibeira (con el que colaboró este cronista), a inicios de 2017.

A partir de entonces saltó a la palestra por dos circunstancias: se reveló que blanqueó 6,2 millones de dólares, lo que en ese año eran 109 millones de pesos; y este año, Greenpeace logró juntar más de 500 mil firmas para reclamarle a Urtubey que le aplique sanciones por los desmontes desregulados de miles de hectáreas de bosque nativo que durante años llevó adelante en los campos de los Macri. “Tienen suerte de que no estamos en la época de Yabrán”, fue el exabrupto que salió de su boca cuando se vio acorralado por las denuncias.

Las organizaciones ambientalistas fueron las que durante años pelearon para que los Macri y muchos otros propietarios de tierras en el bosque salteño frenasen la tala. Allí donde Franco, como había declarado a Clarín en 2005, veía una oportunidad de “bienestar y empleo”, las organizaciones veían desmonte y desplazamiento de comunidades originarias.

Según distintos relevamientos de organizaciones ambientalistas, entre ellas Greenpeace, a las que tuvo acceso este medio, a enero de 2017 se habían desmontado 22742 hectáreas, un tercio del total en esos campos, o sea, una Ciudad de Buenos Aires entera. Desde entonces, con Urtubey lanzado como precandidato a presidente y dispuesto a cuidar su imagen, la tala se redujo considerablemente.

Pero el daño ya estaba hecho. Casi toda la tala, en todos los campos, se dio bajo la gobernación de Urtubey. La mayoría de las hectáreas de la Finca Cuchuy, sin ir más lejos, estaban zonificadas como “rojas” y “amarillas”, lo que según la ley de bosques sancionada en 2007 no permite el desmonte ni el “aprovechamiento” en el primer caso y prohíben el desmonte pero no el “aprovechamiento” en el segundo. Braun Peña se las arregló, de todas formas, para que el Ejecutivo salteño cambie esas categorizaciones. Esos pedidos se terminan de confirmar en audiencias públicas: de ahí que las organizaciones conozcan a sus propietarios y accedan a los registro de propiedad. 

En 2010, cuando Urtubey llevaba tres años en la gobernación (casi el mismo tiempo de vigencia de la Ley de Bosques) recibió en el centro de exposiciones a dos de los personajes vinculados con el agronegocio y el desmonte en su provincia: Leonardo Maffioli y Gianfranco Macri, “quienes le presentaron el proyecto que ejecutan en Yuto donde plantaron 250 hectáreas de granada”, según se publicó en la propia web de la gobernación.

Años más tarde, una de las preocupaciones de las organizaciones ambientalistas era que el lobby de los terratenientes se tradujera en un nuevo reordenamiento territorial de los campos en el marco de la Ley de Bosques más permisivo para la tala y favorable a los negocios, algo que finalmente no sucedió. “Es cierto que hubo un lobby tremendo por parte del sector productivo para modificar el reordenamiento. Pero Urtubey no tuvo margen políticamente para avanzar: el único rasguño político que tuvo ni bien se lanzó nacionalmente surgió de su falta de cuidado ambiental y no creo que lanzándose a presidente quiera ganarse un quilombo", contó a este medio un funcionario de ambiente que siguió de cerca el tema.

En 2016, en su primera declaración jurada como presidente, Mauricio reconoció la propiedad de uno de esos campos, en sociedad con su “amigo de la vida” Nicolás Caputo y del apoderado del Pro, diputado y “empresario agropecuario”, José Torello. La totalidad de esa finca ya había sido desmontada, mucho tiempo antes de la transacción.

El que tuvo mayores conflictos, sin embargo, fue Gianfranco Macri. En 2006 compró la finca Pluma de Pato, de 15 hectáreas en el departamento de Rivadavia, y desde entonces está enfrentado con siete familias campesinas de campesinos criollos que, dicen, ya vivían en el lugar, y a quienes inició juicio de desalojo. "Agustín Ocampo, que representa a Macri, me hizo la denuncia y me quiere sacar", le contó por entonces a los diarios de Salta Julio Osmar Cardozo, vocero de la comunidad.

Dentro de El Yuto, los Macri se vieron también beneficiados por el negocio petrolero. El Grupo Macri firmó un convenio con la empresa Tecpetrol para la explotación de un pozo dentro de esa finca, a cambio de un canon mensual, lo que despertó las protestas de la misión Wichi La Chirola. “De a poco nos están corriendo Donde está instalada la empresa Tecpetrol, en la finca de Macri, nosotros tenemos un cementerio”, le dijo entonces César Saracho, presidente de la misión wichí La Chirola, al Observatorio Petrolero Sur.

Por Matías Manuel Ferrari, para diagonales.com