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Pacto Fiscal: la adenda no cubre las pérdidas de las provincias


Las provincias resignan recursos por 1,1% del PBI y las compensan por 0,8%. Para cumplir con la meta fiscal definida en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), además del proyecto del presupuesto 2019 que analiza el Congreso, los gobernadores están firmando una adenda al pacto fiscal que modifica y amplía el acordado a fines de 2017.

 

El ajuste fiscal, equivalente a 2,6 puntos del PBI se basa en mayor medida en una suba de impuestos (50% del ajuste), una caída del gasto de capital nacional (23%), en el traspaso de gastos en subsidios a las provincias (15%), reducción de las transferencias de capital a provincias (8%) y menores erogaciones corrientes nacionales (4%).

Los economistas del Ieral Marcelo Capello y Lucía Iglesias sintetizaron los efectos sobre las finanzas provinciales de las principales medidas del presupuesto y la adenda. La pérdida de recursos (o mayores obligaciones de gasto) del consolidado provincial equivale a 1,1% del Producto. El traspaso de subsidios es la carga más pesada (especialmente para Buenos Aires y Caba).

Existirán dos tipos de compensaciones a provincias, mayores ingresos vía transferencias automáticas nacionales por la mayor recaudación por eliminación de exenciones y tratos diferenciales, suba de alícuotas en Bienes Personales, impuesto al cheque, reintegros de exportaciones (aumenta la recaudación neta de IVA) y Ganancias.

También están las compensaciones ya vigentes, como es el recupero de tres puntos porcentuales adicionales de masa bruta coparticipable que corresponde a 21 jurisdicciones en 2019 y porque, además, se frena la reducción de alícuotas en Sellos y la determinada para el Fondo Sojero.

En suma, el total de recursos adicionales que percibirán las provincias alcanza un 0,8% del PBI, compensando solo en parte la pérdida de 1,1% calculada previamente. El efecto negativo neto sobre el consolidado de provincias suma alrededor de $75.000 millones, según la estimación del Ieral.

 

 

 

Fuente: La Nación