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Provincias: Nación les quita el Fondo Sojero y les carga los $45.000 millones de subsidios al transporte

Como parte de la negociación por el ajuste fiscal que el gobierno de Mauricio Macri lleva adelante con las provincias, los gobernadores deberán asumir el costo de subsidios al transporte por $45.000 millones, que hasta ahora es financiado por la Nación. Una buena parte de ellos, corresponden a la ciudad de Buenos Aires (CABA) y a la provincia de Buenos Aires.

 

El dato es relevante porque, hasta hace dos semanas, el acuerdo entre la Nación y las provincias era endosarles el gasto en subsidios a las provincias por solo $22.500 millones, de los cuales $11.250 millones iban a asumir la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta

Pero el costo en transporte, trenes, colectivos de corta distancia y micros de larga distancia se incrementó para los gobernadores. "Ahora de los $45.000 millones que tendrán que hacerse cargo las provincias, una parte recaerá sobre Buenos Aires y sobre CABA, pero todavía no se sabe cuánto, hay que medirlo", dijo un alto funcionario oficial.

"Los gobernadores aceptaron hacerse cargo del transporte a cambio de otras cosas", agregó la fuente, interiorizada de las negociaciones entre Nación y provincias.

Como contrapartida, la Casa Rosada aceptará seguir haciéndose cargo de todas las transferencias no automáticas de asignación específica, que rondan unos $140.000 millones. Esas partidas financian el Fondo de Incentivo Docente, los gastos para la salud y el Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi), entre otros ítems.

Desde mañana y durante toda la semana, los ministros del Interior, Rogelio Frigerio, y de Hacienda, Nicolás Dujovne, continuarán las reuniones con todos los ministros de Economía provinciales. En esos encuentros -individuales o por grupos- comenzarán a recibir las contrapropuestas a las conversaciones de la primera ronda de reuniones.

Según confiaron altas fuentes oficiales, la semana próxima o la siguiente se firmaría un preacuerdo fiscal. Y, posteriormente, se convocará a los gobernadores para suscribir el gran acuerdo nacional por el desarrollo, que implicará una foto con Macri y tendrá como objetivo reducir el déficit fiscal en $300.000 millones entre este año y 2019.

El acuerdo con el FMI

El objetivo del Gobierno es cumplir, de este modo, con el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que establece diseñar un proyecto de ley de presupuesto para 2019 que contenta un déficit primario de 1,3% del PBI. Esto equivale a un rojo de unos $175.000 millones. Para 2018, el desequilibrio previsto es de 2,7% del PBI, que implica alrededor de $364.000 millones.

Si bien la diferencia de metas entre 2018 y 2019 es de menos de $200.000 millones, se prevé un gasto mayor el año próximo por el incremento de jubilaciones y planes sociales, que será mayor a la inflación prevista, con lo cual el recorte que deberá hacer la Nación ronda los $300.000 millones.

De este monto, $200.000 millones corresponden a la Nación y $100.000 millones son gastos que la Nación tiene sobre las provincias y que estas deberán asumir, conforme a una distribución similar a la de la coparticipación.

Por caso, además de endosarles costos de transporte, la Nación también les cortará a las provincias el Fondo Federal de la Soja, que es un 30% de lo recaudado por retenciones a la soja, que equivale hoy a un giro anual a las provincias por $20.000 millones.

"Es probable que en dos o tres semanas tengamos el acuerdo a la firma con los gobernadores", dijo a LA NACION un funcionario oficial. El objetivo tiene una fecha límite: el 15 de septiembre próximo. Por ley, el Poder Ejecutivo debe enviar en esa fecha el proyecto de ley de presupuesto para el año próximo.

Los subsidios al transporte rondan los $75.000 millones. El transporte urbano se lleva $45.000 millones y el de larga distancia, $30.000 millones. Ahora, unos $45.000 millones de ambos rubros deberán ser asumidos por las provincias y una gran porción por CABA y por el distrito bonaerense, que gobierna Vidal. Todavía no se sabe cuánto.

También está decidida la transferencia a ambas jurisdicciones metropolitanas de las empresas de distribución eléctrica Edenor y Edesur; deberán hacerse cargo del gasto de la tarifa social de agua, pero no se transferirá la compañía AySA. La Casa Rosada, en tanto, les cederá a las provincias los créditos de organismos multilaterales a tasa baja disponibles para gastos de capital.

Fuente: La Nación