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#Tarifas: piden audiencia a la Corte Suprema por el escudo anticautelar del Gobierno

Alegan que sería grave que prospere la estrategia oficial para concentrar todas las demandas en fuero Contencioso Administrativo Federal. Disputa generará un precedente.

 

La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS) y el Municipio de Leandro N Alem se presentaron ante la Corte Suprema de Justicia y solicitaron una audiencia con sus miembros, con el objetivo de que se pronuncie ante el intento del Gobierno de cauterizar la posibilidad de que un fallo judicial vuelva a frenar los aumentos en la tarifa de gas. El Ejecutivo buscó cercar a los demandantes en las causas colectivas presentadas ante la Justicia federal de La Plata y generar una suerte de escudo "anti-medidas cautelares" que puedan bloquear nuevamente el cuadro tarifario dispuesto por el Ministerio de Energía y Minería.

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Por esto, a través de la cartera de Ambiente que conduce Sergio Bergman, apostó a ratificar la competencia del fuero en lo Contencioso Administrativo Federal para resolver cualquier tema tarifario y sumarle una cuestión sobre la preservación del medio ambiente que estaría implícita. De fondo, la jugada persigue arrebatarle a los tribunales platenses todos los expedientes que están tramitando y concentrarlos en la Capital Federal para no repetir el derrotero que tuvo la causa "CEPIS I" que motivó el fallo del máximo tribunal que retrotrajo las tarifas en 2016 para usuarios residenciales.

La Corte -que debe decidir si recibe a los demandantes- tiene en su poder la denominada causa "CEPIS II" que cuestionó la razonabilidad de los aumentos en las tarifas, luego de las audiencias públicas. Esa cuestión como reveló Ámbito Financiero quedó trabada en un conflicto de competencia entre la justicia federal de Junín y el fuero Contencioso Administrativo Federal, que ofrece mejores pronósticos para el Gobierno. El Procurador interino, Eduardo Casal, se inclinó por ratificar que todos los expedientes pasen a los tribunales capitalinos que pasarían a controlar cualquier eventual y futura demanda colectiva por el tarifazo. La Corte todavía no se expidió sobre a quién le corresponde tramitar el amparo.

Esa definición es considerada clave porque arrastraría la suerte de la denominada "CEPIS III" donde se cuestionó la entrada en vigencia de los aumentos de gas para este año. El juez platense Adolfo Ziulu la inscribió en el registro de procesos colectivos, pero a pedido del Gobierno, el Contencioso la reclamó para sí y el conflicto entre jueces recrudeció. Por eso, CEPIS le pidió ayer a Ziulu que defienda su participación en el caso contra la presión que llegó para que se desprenda de la demanda. El polémico camino escogido por el Gobierno para dar batalla ante las posibles cautelares -con demandas contra los demandantes y contra quienes invocan derechos colectivos de la ciudadanía- apunta a generar un precedente que les permita neutralizar los dos planteos que tienen vigencia. Los próximos indicios los dará la justicia de La Plata (si resiste o remite las actuaciones a Capital) y la propia Corte que tendrá que expedirse más trade o más temprano sobre la cuestión de competencia y sobre los aumentos.

 

 

 

Fuente: Ámbito