Compartimos la columna de la periodista Natalia Nieto emitida los miércoles en el programa Compartiendo su Mañana por Aries FM.

La necesidad de reformar parcialmente la Constitución Provincial, tiene temario cerrado y claramente, muchos de los temas pendientes de resolución en la provincia, seguirán así.

La necesidad de reformar parcialmente la Constitución Provincial, tiene temario cerrado y claramente, muchos de los temas pendientes de resolución en la provincia, seguirán así. Por caso, este martes escuchamos al diputado por el departamento Rivadavia, Jesús Ramón Villa, quien disintió con quienes afirman que la reforma parcial de la Constitución de Salta será un hito histórico, porque “en Rivadavia la gente ni sabe de qué se trata la reforma de la Constitución”.

Sostuvo también que esa reforma “no va a solucionar el problema de matriz que hay en Salta y es el grave problema de corrupción” y desafió a sus pares a concurrir al departamento que representa y que pregunten “a cualquier ciudadano de qué se trata la reforma constitucional, ni siquiera están informados ni saben de qué se trata, tienen una confusión terrible sobre cómo va a ser el armado de listas”, afirmó el presidente del bloque del Frente para la Victoria.

Pues bien, no nos vamos a detener en qué hizo por su departamento el legislador que ocupó una banca radical desde 1987 a 1991 y devenido en kirchnerista, de 2009 a la actualidad y con mandato hasta fin de año; como tampoco lo haríamos hoy sobre el antiguo senador Mashur Lapad (senador por Rivadavia desde 1999…), quien además, sería candidato a convencional constituyente, porque la audiencia, la Legislatura y especialmente los pobladores del norte salteño, saben quiénes son.

Pero sí vamos a recordar que a la demagogia y clientelismo que siempre rodeó a los pueblos originarios y hasta ahora, sin soluciones de fondo, los Estados podrían reemplazarla si solo cumplieran con lo ordenado y los plazos establecidos por la Corte Interamericana de DDHH, que en abril de 2020 falló a favor de las comunidades, en el histórico caso de los Lotes 14 y 55.

Según el fallo del Caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) Vs. Argentina, notificada el jueves 2 de abril del año pasado al Estado Argentino, Argentina es responsable internacionalmente por la violación de los derechos  de las comunidades.

Es que la Corte Interamericana encontró al Estado de Argentina responsable internacionalmente por la violación de los derechos a la propiedad comunitaria, a la identidad cultural, al medio ambiente sano, a la alimentación adecuada y al agua de las comunidades indígenas y por primera vez en un caso contencioso, esa Corte internacional analizó esos derechos a partir del artículo 26 de la Convención Americana. También ordenó medidas de reparación específicas para la restitución de esos derechos, incluyendo acciones para el acceso al agua y a la alimentación, para la recuperación de recursos forestales y para la recuperación de la cultura indígena.

El caso, resuelto a casi cuarenta años de iniciado, se vinculó con el reclamo de reconocimiento de la propiedad de sus tierras de parte de las Comunidades Indígenas de los pueblos Wichí (Mataco), Iyjwaja (Chorote), Komlek (Toba), Niwackle (Chulupí) y Tapy’y (Tapiete) dentro de la Provincia de Salta (en el límite con Paraguay y Bolivia). Se destaca que en la zona se ha constatado presencia indígena de modo constante, al menos desde el año 1629.

En su sentencia, la Corte determinó que el Estado violó el derecho de propiedad comunitaria, al no dotarla de seguridad jurídica y concluyó que Argentina no cuenta con normativa adecuada para garantizar en forma suficiente el derecho de propiedad comunitaria, a la vez que determinó que el Estado violó los derechos de las comunidades a causa de la falta de efectividad de medidas estatales para detener actividades que resultaron lesivas de los originarios

El Tribunal ordenó al Estado la adopción de diversas medidas de reparación y le dio plazos para hacerlo. Esos plazos, que incluyen al Estado Provincial como reparador, están corriendo desde el año pasado.

Al momento del fallo, el reclamo cumplía 36 años, porque las comunidades piden desde 1984 un título único de propiedad sin subdivisiones sobre los exlotes fiscales 55 y 14 del departamento de Rivadavia.

Sin embargo, hoy pocos medios visibilizan que las integrantes del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir están marchando hacia la capital argentina, para poner en la agenda pública la problemática de los pueblos originarios desde la mirada de sus mujeres. El movimiento arrancó el 14 de marzo para mostrar lo que está invisibilizado desde hace siglos: los reclamos de sus pueblos, desde la mirada de las principales afectadas por la marginalidad en la que se encuentran: sus mujeres.

Las originarias de todo el país salieron desde Puel Mapu (territorio mapuche) en Chubut, para continuar por Esquel, El Maitén, El Bolsón y Villa La Angostura, recorrieron Río Negro y llegaron a Bahía Blanca, sumando también a mujeres de La Pampa. Desde el Noreste, la caminata salió de Roque Sáenz Peña, Chaco, con mujeres de las comunidades Qom y Diaguita, pasando por Resistencia, Paraná y Rosario.

En Salta, donde existen nueve pueblos originarios, el punto de partida fue Tartagal, desde donde arribaron a la capital luego de recorrer 360 kilómetros. De allí siguieron a Tucumán y La Rioja hasta que finalmente llegaron este martes a Córdoba, donde se sumaron más mujeres del pueblo komichingón. Luego de ir a Rosario, seguirán hasta Buenos Aires, donde llegarán el 22 de mayo. Será en la misma fecha en la que se conmemoran 211 años del Cabildo Abierto que culminó en el primer gobierno patrio, tres días después, el 25 de Mayo.

Dos siglos después, y a pesar del reconocimiento de sus derechos en la Constitución Nacional, las comunidades indígenas siguen viviendo en la marginalidad y la pobreza, sin acceso a la tierra ni a servicios de salud y sin respeto a su cultura.

Mientras definen sus candidatas y candidatos a convencionales, los dirigentes podrían reflexionar sobre la realidad salteña. En la provincia con más etnias, el denominador común es la postergación social y económica, además de la violencia institucional histórica que se ha ejercido sobre quienes viven en territorios alejados, de difícil acceso y sin agua potable.

La situación no es desconocida por ningún gobierno, pero adquirió nuevamente notoriedad en 2020, ante la muerte de niñas y niños de la etnia wichí por desnutrición.

Las mujeres originarias que marchan, reclaman que el “terricidio” sea considerado un crimen de lesa humanidad y que el tema, esté en la agenda social, para “ponerle límites al extractivismo y a la misoginia, y a todo lo que implica dolor y muerte en nuestros territorios”.

Mientras tanto, en los partidos se debaten lugares en las listas.