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El Gobierno no dará marcha atrás con el gas

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Así, ratificó el aumento en el gas que se pagará en 24 cuotas. También adelantó que enfrentará la judicialización que generará el incremento, pero dejó abierta la posibilidad de negociar con la oposición "medidas que puedan amortiguarlo".

 

El encargado de realizar el anuncio fue el secretario de Energía, Javier Iguacel , cuestionado dentro del Gobierno, por la oposición y denunciado ante la Justicia por "abuso de autoridad". El último viernes se publicó en el Boletín Oficial una resolución de Iguacel que dispuso que las empresas distribuidoras de gas cobren un monto extra a los usuarios para compensar a las productoras por las diferencias generadas por la suba del dólar entre abril y septiembre. El nuevo cargo, que en promedio será de entre 90 y 100 pesos por mes, comenzará a regir desde el 1° de enero.

En la Casa Rosada ayer había mucho malestar con el reemplazante de Juan José Aranguren al frente de Energía. La razón fundamental es que no hubo preaviso. "Se mandó solo", dijeron fuentes oficiales. Iguacel reconoció ante los medios que no había hablado del tema con el presidente Mauricio Macri. También despertó muchas críticas la primera defensa pública que hizo de la medida. "Se embarró solo", describieron. Ayer, en la Casa Rosada, algunos cargaron con el error a Iguacel y a su jefe de Gabinete, Lucas Logaldo. En medio de la polémica, ayer Iguacel dio una conferencia de prensa para explicar la resolución. Según describió, las empresas distribuidoras compraron el insumo en abril con un dólar a $20,20 y seis meses después el dólar trepó a $38. "Como la diferencia fue muy importante, trasladar eso en seis meses iba a tener un impacto muy grande. Por eso propusimos que sea en 24 cuotas, en lugar de seis, y que esté con una tasa pasiva del Banco Nación, que es la más baja del mercado", destacó el funcionario.

En su presentación, el secretario de Estado acusó a la administración de Cristina Kirchner de provocar una "catástrofe" energética y aseguró que el Gobierno está tratando de "salir de la debacle". El Gobierno defendió su postura con el argumento de que implementó el marco regulatorio que está vigente desde 1992. Incluso, resaltó que según esa ley el saldo se debería pagar en seis meses y que para morigerar el impacto en los consumidores se extendió el plazo a dos años. Además, de los 10.000 millones de deuda que se acumuló por el salto de la divisa norteamericana, los usuarios se harán cargo de la mitad: 5000 millones de pesos. El resto, según pudo saber LA NACION, lo absorberán las empresas.