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Budapest, con sus propios chalecos amarillos contra la “ley esclava”

Miles de manifestantes contra la política del primer ministro Viktor Orban

Las protestas de los chalecos amarillos, que nacieron en Francia contra el gobierno de Emmanuel Macron por la subida de impuestos, el endurecimiento del costo de vida y los servicios públicos perdidos, llegaron hasta Hungría, aunque con motivaciones disimiles. En su caso, el detonador de las manifestaciones fue la "ley esclava" aprobada la semana pasada.

 

Desde hace seis días, miles de personas salen a las calles de Budapest convocados por la oposición y los sindicatos para protestar contra el primer ministro nacionalista Viktor Orban -considerado autoritario por la UE- y la ley que promovió para flexibilizar el derecho laboral.

Por primera vez desde la llegada al poder del primer ministro, en 2010, toda la oposición, desde la extrema derecha hasta los socialistas, pasando por los liberales, se unió para denunciar "una ley esclavista", que autoriza a que los empleadores puedan pedir a sus asalariados hasta 400 horas extras al año -el equivalente de dos meses de trabajo- y pagarlas en un plazo de tres años.

"No negocian con nadie, sólo hacen lo que les da la gana. Lo roban todo, es intolerable, no puede seguir así", dijo Zoli, un empleado del sector de los transportes. Asimismo, una de las tantas pancartas que se ve en las marchas asegura: "Todo lo que quiero en esta Navidad es democracia".

De acuerdo con lo publicado por el diario El Mundo, y según una encuesta del Instituto Republikon, el 63% de los seguidores de Orban rechaza esta nueva ley. Entre sus críticos, esta cifra alcanza el 95%.

Pero no es esta la única razón que los une. Los manifestantes también pedían la derogación de otra ley aprobada el miércoles y que crea jurisdicciones específicas para cuestiones sensibles, como los concursos públicos o los contenciosos electorales, algo que podría poner en peligro la independencia de la justicia. El porcentaje de desempleo en Hungría es de apenas 3,7%.

 

 

Fuente: La Nación