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El nepotismo salpica a los partidos e indigna a los uruguayos

Son varios casos en el gobierno nacional y en municipios opositores. Buscan poner límites a los nombramientos.

 

A Mauricio Ardús, vicepresidente de los servicios de salud de Uruguay, le cayó tan bien la novia de su hijo que la llevó a trabajar a su oficina como secretaria y le asignó un salario mensual equivalente a unos 1.800 dólares. La chica tiene solo 18 años y un gran futuro por delante. El presidente Tabaré Vázquez destituyó a Ardús 48 horas después de que se conociera la noticia y junto con él Vázquez también despidió a la presidenta del organismo, Susana Muñiz, cuya administración llevaba meses soportando denuncias de corrupción.

Una semana después, el diario El Observador informó que el consuegro del presidente es uno de sus choferes y ha integrado delegaciones presidenciales que han viajado al extranjero. Vázquez -cuyo hermano además es viceministro del Interior- se justificó diciendo que el padre de la esposa de uno de sus hijos obtuvo las mejores calificaciones para el empleo y que cuando él viaja en auto suele atender llamadas telefónicas importantes, por lo cual necesita un chofer de confianza.

“No cualquiera puede conducir el vehículo del presidente”, justificó ayer el prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo.

Los casos forman parte de una sucesión de denuncias de nepotismo, mayor a cualquier otra que se recuerda en las últimas décadas, que alcanza tanto a políticos de la coalición de izquierda gobernante Frente Amplio como del principal opositor, el Partido Nacional. Tales revelaciones han provocado irritación popular y un sinfín de comentarios en redes sociales.

El nepotismo en Uruguay no es nuevo ni está en su peor momento, opina el politólogo Daniel Chasquetti. El académico recuerda que medio siglo atrás cada nuevo gobierno hacía ingresar al Estado a sus militantes. “Lo que sí es nuevo es una sensibilidad que antes no existía y que es muy buena para la democracia: la gente está clamando porque los principios meritocráticos sean universales y alcancen a todas las reparticiones. Hoy la población está informada y opinando de modo permanente. El sistema político tiene que adaptarse a esto”.

Chasquetti dice que aún existen organismos estatales, como la Corte Electoral, donde nunca se contrata a un funcionario que no sea propuesto por un partido político. Y en el Poder Judicial, una parte de los cargos se reparte entre familiares de jueces y ministros.

La ola de denuncias sobre nepotismo comenzó semanas atrás, cuando Telemundo denunció que el alcalde del departamento de Artigas, Pablo Caram, tiene siete integrantes de su familia contratados como “cargos de confianza”, incluyendo a su pareja, una sobrina y varios primos. Caram pertenece al Partido Nacional.

Después se supo que la intendenta del departamento de Lavalleja, Adriana Peña, había designado a su hermano como jefe de prensa interino de su gobierno. Peña ya había desatado una tormenta política poco antes al pretender que el Legislativo departamental votara un aumento salarial a varios funcionarios de su confianza, entre ellos su pareja.

Como Peña y Caram integran el Partido Nacional muchos en el oficialismo aprovecharon para criticar el nepotismo de las administraciones que gobierna la oposición. Sin embargo, no demoró en aparecer el caso de la nuera de Ardús y de este modo el gobierno también quedó atrapado en las acusaciones que alcanzaron al presidente.

Empeorando la situación, Vázquez nombró como sucesor de la destituida Susana Muñiz a Marcos Carámbula, quien antes fue alcalde del departamento de Canelones. Al darse a conocer la designación, las redes sociales estallaron con recuerdos de los parientes que Carámbula contrató cuando gobernó Canelones (2005-2015).

La Junta de Transparencia y Etica Pública, un organismo oficial anticorrupción, reaccionó con un duro comunicado en el cual exhortó a los políticos a terminar con las prácticas nepotistas: “No es aceptable argumentar que ‘estas cosas siempre pasaron’... Hoy estas conductas resultan inaceptables para la inmensa mayoría de los uruguayos”. Por su parte, el presidente dijo que planteará el caso de su consuegro-chofer a la Junta de Transparencia y que si ésta determina que debe despedirlo, lo hará.

El canciller Rodolfo Nin Novoa, mientras tanto, afirmó indignado que tanto las denuncias que recaen sobre el oficialismo como sobre la oposición son “parte de un discurso antisistema” y “una cosa muy embromada”.

 

 

 

Fuente: Clarín